Solo hasta el próximo 4 de enero se tendrá certeza de si la chilena Colbún, la francesa Engie (antes GDF Suez) y el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management irán a la subasta que el Ministerio de Hacienda programó para el 13 de enero y así quedarse con el 57,61 por ciento de la Nación en Isagén.
Y puede que lo estén pensando y haciendo cuentas, luego de que el Gobierno elevó el precio mínimo de la acción a 4.130 pesos, un incremento de 44,9 por ciento frente al precio inicial de 2.850 pesos, en julio de 2013, cuando comenzó el accidentado proceso de privatizar el control accionario.
Así que quien quiera quedarse con Isagén deberá estar listo a girar al Gobierno, al menos, 6,48 billones de pesos (2.044 millones de dólares, a la tasa vigente). Además le tocará alistar, como mínimo, otros 2,76 billones de pesos (870,2 millones de dólares, de hoy) para comprarle a igual precio de subasta a los “accionistas minoritarios”, quienes tienen menos del 3 por ciento de propiedad, según el reglamento de la puja.
Así que la negociación sería a otro precio con EPM, que tiene el 13,14 por ciento, y con Porvenir, cuyo fondo moderado de pensiones obligatorias posee el 4,73 por ciento de la generadora (ver gráfico).
Entre tanto, una fuente cercana a la enajenación, quien pidió reserva de su nombre, confirmó a este diario que franceses y canadienses mantienen interés en hacerse al control accionario y operativo de la hoy segunda generadora de energía de Colombia.
Sin embargo, el jueves pasado corría el rumor entre comisionistas de bolsa sobre el eventual retiro de GDF Suez, lo que explicaría la descolgada de la acción de Isagén en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que pasó en una sola jornada de 3.385 pesos a los 3.170 con que abrirá el lunes.
Por su parte, el gerente de Colbún, Thomas Keller Lippond, informó el jueves pasado a la Superintendencia de Valores de Chile que se “está evaluando la conveniencia y posibilidad de continuar en el proceso”. Colbún acaba de cerrar la compra de la termoeléctrica Fénix Power Perú, tras una inversión individual de 214 millones de dólares para tener el 51 por ciento de la firma.
Incertidumbres de la venta
Con todo, varias inquietudes rondan a los potenciales inversionistas que participen en la enajenación de la compañía justificada en facilitar la financiación de concesionarios de vías de cuarta generación (4G).
De un lado, no hay plena seguridad jurídica, teniendo en cuenta que cuatro demandas contra la venta o sus condiciones esperan fallo de fondo en el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Fueron interpuestas por la Red de Justicia Tributaria (RJT), un grupo de senadores, el colectivo Dueños de Isagén y el expresidente Álvaro Uribe.
“El Gobierno estaba esperando la vacancia judicial para que nadie se le atravesara. Esperamos que el Consejo de Estado falle en derecho, si es así, se tendrá que deshacer el negocio”, señaló Rodrigo Toro Escobar, de Dueños de Isagén (ver Opinión).
También en el horizonte está el cambio en las reglas de juego del sector, en cabeza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), luego de las debilidades evidenciadas en el actual fenómeno de El Niño para que los generadores aseguren confiabilidad del servicio en un país sin gas suficiente.
Por último, hay incertidumbres en impuestos, pues no hay certeza de lo que vendrá desde 2017, cuando entre en vigencia otra reforma tributaria, la cuarta del gobierno actual.
