Tres son las infracciones que está investigando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el caso de la Ruta del Sol 2, la obra de infraestructura que conectaría el centro con la zona Caribe del país y que mueve cerca de 60 % de la carga nacional: el pago de un soborno a un funcionario del Estado, conflicto de intereses, y la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador.
Así lo aseguró el superintente Pablo Felipe Robledo. Afirmó que la entidad halló méritos para abrir pliego de cargos tras la indagación preliminar que duró 20 meses (desde enero de 2017) y tuvo participación de diez personas entre ellas Luiz Antonio Bueno Junior, director de Odebrecht en Colombia y Gabriel Ignacio García Morales, viceministro de Transporte y gerente (e) del Inco (Instituto Nacional de Concesiones, hoy ANI), quien fue el delator.
Las tres claves
Sobre el presunto pago del soborno, la SIC abrió pliego de cargos a seis agentes del mercado y otras seis personas naturales, asegurando que se pudo establecer que Bueno Junior habría acordado con José Elías Melo, de Corficolombiana que, después de pagado el soborno de 6,5 millones de dólares al exviceministro García, se “dividirían el costo a lo largo del proyecto”, en proporción a su participación.
También se halló méritos para investigar los conflictos de intereses de Episol y sus controlantes (Grupo Aval y Corficolombiana) a través del vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval y una alta funcionaria en la Corporación Financiera Internacional (IFC), que “tuvo un trascendental papel en la definición de condiciones y reglas de selección del contratista”. Por este caso se le abrió pliego a tres agentes del mercado y seis personas naturales.
Odebrecht habría propiciado contactos indebidos con Inco e IFC, de manera clandestina con el estructurador, y por ello se tiene en la mira a dos agentes del mercado y a cuatro personas vinculadas (ver Informe).
Respuesta de involucrados
El IFC, brazo financiero del Banco Mundial, sostuvo que hasta ahora conoció la situación, a través de la rueda de prensa de la SIC transmitida por los medios de comunicación.
En el texto, la entidad sostuvo: “no podemos dar comentarios todavía hasta que tengamos la oportunidad de revisar los cargos. No obstante, como hemos dicho en el pasado, creemos firmemente que el IFC y su equipo de consejeros, que ha trabajado con el gobierno colombiano en la concesión, actuaron con la mejor intención y tomando las medidas necesarias para mitigar cualquier conflicto de interés potencial”.
Por su parte, Grupo Aval Acciones y Valores, Corficolombiana y Episol aseguraron que no habían sido notificadas y explicaron que este pliego de cargos puede resultar en “la desestimación de estos o en la imposición de sanciones”.
Además, que “en el marco de dichas investigaciones no hay pruebas que demuestren que en las prácticas de soborno de Odebrecht hayan participado Grupo Aval, Corficolombiana, ni Episol”.
Finalmente, el texto fue claro en rechazar “de manera vehemente el cargo que se les imputa de aprovechamiento de conflicto de interés (...) A lo largo de su historia Grupo Aval se ha caracterizado por adelantar sus operaciones con absoluta transparencia e irrestricto apego a la Ley”. Las empresas están dispuestas a colaborar en lo que se requiera .
