Finalmente se acabó la incertidumbre. Solo dos de tres interesados desde mayo de 2015 presentarán sus ofertas económicas en la subasta que se realizará el próximo 13 de enero para quedarse con el 57,61 por ciento de las acciones de la Nación en Isagén.
A pesar de las varias visitas a las instalaciones y activos de la generadora en Antioquia, los franceses de la gigante Engie (antes GDF-Suez) decidieron no seguir en el tramo final del accidentando proceso de privatización del control accionario en la tercera generadora del país.
En cambio, pese a las dudas sembradas en días anteriores, la chilena Colbún, filial del grupo empresarial familiar Matte, decidió continuar.
Y esto pese al aumento del precio base de la acción, hasta los 4.130 pesos, es decir, un incremento de 44,9 por ciento frente al precio inicial de 2.850 pesos, en julio de 2013, luego de los ajustes que hizo el Ministerio de Hacienda, con base en las valoraciones realizadas por la banca de inversión asesora (Credit Suisse-Inverlink).
Con un partidor en 6,48 billones de pesos (2.018 millones de dólares, a la tasa vigente) y un plan de internacionalización en ciernes, Colbún se enfrentará con la oferta del fondo canadiense Brookfield Asset Management (BAM), que ya es accionista de la Empresa de Energía de Boyacá (Nobsa).
Así que solo quedan dos de nueve participantes que surgieron en los últimos dos años y medio, entre ellos tres compañías colombianas (Grupo Argos, EPM y EEB), y la última extranjera en retirarse fue el gigante asiático China Huadian.
Quien resulte ganador de la subasta, le tocará alistar, como mínimo, otros 2,76 billones de pesos (859 millones de dólares, de hoy) para comprarle a igual precio de subasta a los “accionistas minoritarios”, quienes tienen menos del 3 por ciento de propiedad, según el reglamento de la puja
Entre tanto, el precio de la acción de la generadora en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) sigue subiendo, hoy abre a un precio histórico de 3.510 pesos, luego de ganar ayer 110 pesos (ver gráfico).
Y también van en aumento las acciones jurídicas para detener la venta (ver recuadro) y que el Gobierno se empeñó a realizar desde julio de 2013, pesea la creciente oposición .
