Que el precio estándar de un kilo de textiles en el mundo sea de 3 dólares, pero que ese mismo kilo esté ingresando “legalmente” al país a un precio de 50 centavos de dólar o menos, está destruyendo la industria textil colombiana.
Otro ejemplo: que haya tela importada, que tiene un costo promedio internacional de 3,6 dólares por metro, pero que ingresa al mercado nacional a 1,5 dólares, también hace inviable a las confecciones y distribuidoras de Antioquia y el país.
Estas prácticas desleales se denominan subfacturación, una modalidad del contrabando técnico, es decir, aquella mercancía que ingresa al país con un menor valor a su precio real, o que ingresa con una clasificación arancelaria que no corresponde y por debajo de su valor. Una vez ingresan, se comercializan informalmente, sin pago de IVA. Cálculos de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi) indican que la subfacturación en textiles aumentó 124 % en 2016.
Esa maña, a juicio de los industriales colombianos viene en aumento y tiene a grandes, medianas y pequeñas empresas muy preocupadas de cara al segundo semestre del año, cuando se espera recuperar las menores ventas de una primera mitad del año difícil en las cuentas de textileros y confeccionistas.
Mientras algunos hablan de una industria en crisis, otros más optimistas plantean crecimiento en ventas y producción. Sin embargo, hay consenso respecto al aumento de la subfacturación y en la necesidad de que la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) redoblen esfuerzos ante un flagelo difícil de medir.
Por eso, Silvia Borda, directora de la Corporación TextilGrupo, gremio que reúne a 47 distribuidoras de textiles en el país, indicó a este diario que el contrabando técnico aumentó considerablemente desde que el Gobierno quitó en noviembre pasado el arancel mixto que regía desde 2013.
Este impuesto diferencial más alto para importaciones de confecciones limitaba el ingreso de mercancías a precios sospechosamente bajos. Borda Alerta que el problema de subfacturación ahora se trasladó a los textileros (insumos).
“Por esta práctica ilegal nuestras empresas han tenido una reducción generalizada de sus ventas, entre 28 % y 30 %, ocasionándoles pérdidas entre un 5 % y 7 % desde noviembre pasado”, comentó la dirigente de un gremio de 40 años que afilia empresas como Fabricato, Pizantex, Texdoral, Cosmotextil, entre otras industrias que también importan tela, pero que con esta realidad ilegal, no tienen cómo competir contra precios irrisoriamente más bajos.
“¿Cómo puede competir una empresa legal colombiana, que además paga todos los impuestos, frente a productos que ingresan a menor valor y que además no pagan IVA?”, cuestionó Borda.
La preocupación gremial radica en que tal jugada desleal ha hecho que el valor promedio de la tela disminuya entre un 12 % y un 27 %.
A esto se suma que la industria textil nacional ha tenido un año negativo. Solo el subsector de hilatura acumula, de enero a mayo, una caída de 6,5 % en producción, de 10,3 % en ventas y de 5,5 % en empleo, frente a los primeros cinco meses de 2016 (ver gráficos).
Además, se trata de un sector clave para la economía antioqueña. Solo las empresas del clúster textil, confección, diseño y moda representan el 30,6 % del empleo industrial de departamento. De hecho, este clúster genera cerca de 109 mil empleos en el área metropolitana de Medellín.
