El hurto de equipos e insumos que componen la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia genera pérdidas económicas a los operadores y afectación directa a los mismos usuarios.
Se estima que este fenómeno le ocasiona 29 horas de desconexión a la gente, al referirse al tiempo que tarda una compañía en reparar el sistema vulnerado, según cuentas propias de TigoUne.
Los servicios de internet, telefonía y televisión se afectan por el hurto de cobre, fibra, baterías y equipos, así como tarjetas inteligentes o aires acondicionados. Así las cosas, las redes de dicho operador sufrieron el año pasado 677 afectaciones por robo en su infraestructura, ubicando a Montería como la ciudad con más casos (158).
“Este flagelo obligó a la compañía a invertir el año pasado cerca de 4.400 millones de pesos para reponer y reparar las redes afectadas”, indicó Teresa Reyes, vicepresidenta de Operaciones de TigoUne.
Reyes lamenta que por atender estos daños se pierden recursos que habrían podido ser invertidos en el despliegue de nuevas redes, que ayudarían a conectar a más empresas y personas en el país.
De otro lado, Guillermo Ordoñez, experto en telecomunicaciones, indicó que más del 50 % de los robos a las empresas de telecomunicaciones del país fue de bancos de batería.
“Estos equipos generan la autonomía en todas las estaciones o radiobases y cuando se las roban generan cortes en el servicio e inmediatamente, impacta la cobertura móvil. Hay municipios que son atendidos por un solo equipo”, comentó Ordoñez.
La manera de reaccionar es ir a los sitios afectados y operar con plantas portátiles.
Este diario consultó con el Ministerio TIC para conocer algunas cifras de daños por robos en infraestructura de telecomunicaciones, pero no recibió respuesta. Tampoco tuvo suerte con la Asociación de la Industria Móvil en Colombia (Asomóvil), ni con Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco). Igual con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), gremios que manifestaron no tener ese tipo de estadística.
Sin embargo, Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática, manifestó por su parte que “los actos vandálicos generan detrimento en el servicio a los usuarios. Las zonas rurales y apartadas tienen más riesgo de robo por estar más vulnerables”, comentó.
Yohai manifestó que no tiene sentido robar fibra óptica instalada, para sustraerla se daña y pierde todo su valor en el mercado ilegal. “Se necesita generar consciencia al respecto y que los mismos delincuentes lo entiendan así, para detener esta acción vandálica”.
También hay vulnerabilidad en la infraestructura móvil, específicamente con las radiobases ubicadas en zonas rurales y urbanas. “Este tipo de hechos impide que el país esté más conectado”, añadió el dirigente gremial.
Según cálculos de TigoUne, el año pasado se generaron 111 mil casos por este delito .
