El nuevo gobierno de Medellín apenas lleva tres semanas al frente y Nicolás Ríos Correa, nuevo secretario de Gobierno y mano derecha de Federico Gutiérrez, ya tiene algo claro: “En cuatro años no se recupera el daño que ellos le hicieron a la ciudad”.
Ríos Correa, abogado especialista en responsabilidad civil y seguros, se refiere a la administración de Daniel Quintero de la que se destapa escándalo tras escándalo. Por ejemplo, el secretario Ríos denunció que en las entidades descentralizadas dejaron personal con contratos a término fijo hasta diciembre del 2024. Pero el dato más escandaloso lo encontraron en la Alcaldía de Medellín, donde Ríos contó que entre el 26 y el 28 de diciembre de 2023 designaron 300 personas en cargos de provisionalidad, entre ellas, al cuñado del ahora concejal Juan Carlos Upegui y a la hermana del exsecretario Juan José Aux. “Por lo menos unas 10, 12 personas de la campaña de Juan Carlos Upegui están dentro de esos 300”, reprochó.
También contó que hay tres nuevas carpetas que fueron enviadas a la Fiscalía para que se investigue si hubo algún delito. Se trata de la presunta malversación de fondos e indebida contratación en la EDU, las jugadas en la contratación de la reparación de la Biblioteca España y maromas poco transparentes en la adjudicación del contrato para los Computadores Futuro.
¿Qué es lo que más lo ha impactado durante el empalme y las primeras tres semanas al frente de la Alcaldía?
“Estoy en el empalme desde el día después de que Federico fue elegido. Empezamos a hacer un trabajo minucioso con la información de todas las dependencias de la Alcaldía de Medellín, que ya afortunadamente conocíamos bien, haciendo una minería de datos que previamente teníamos consolidada para definir unas herramientas con las cuales íbamos a pedir la información para que no nos entregaran lo que ellos quisieran, sino que nosotros diéramos la línea. Teníamos identificados los paretos de los contratistas que más repetían en cada secretaría, de los contratos más cuestionados o en los que teníamos que hacer énfasis y teníamos un equipo multidisciplinario al que dábamos una instrucción y una línea a los encargados por dependencia de cada empalme para que hicieran las preguntas y analizaran lo que necesitábamos entender. Creo que es la misma sensación que hemos expresado en varias partes, a Medellín se la robaron completica”.
¿Con qué casos y datos puntuales pueden afirmar eso?
“Cuando uno entra a mirar cómo estaban financiados los programas sociales, qué estaba pasando con las necesidades de la gente, dónde estaba la plata para atender ese tipo de necesidades, uno no se explica todavía cómo operaba la ciudad. Creo que si hubieran pasado dos meses más en manos del gobierno anterior la ciudad se paraliza porque encontramos procesos que ya no había cómo sostener. Ahí hay una mezcla entre desadministración, desidia por lo público y por la ciudad, la falta de amor por Medellín era evidente y también hay temas graves de posible corrupción. Uno encuentra que la Fiscalía tiene siete personas de la administración anterior vinculados en procesos y, según avisó el mismo fiscal, regresa el 9 de febrero a dar una segunda entrega de hallazgos de corrupción en la ciudad”.
¿Cuáles programas estaban ya desfinanciados?
“La administración pasada estaba ensañada con los niños. Al 31 de diciembre del 2023, las instituciones educativas no tenían contrato de aseo, vigilancia y conectividad garantizados para operar este año. No había como el 1 de enero del 2024 abrir un colegio para que la gente se fuera a matricular. Eso nos llevó a nosotros a tener que sacar una urgencia manifiesta para garantizar la prestación de esos servicios y darle tranquilidad a la operación en educación. Está Buen Comienzo, está lo de la secretaria de Educación imputada. Nunca les importó”.
¿Qué otras irregularidades encontraron en la administración?
“Todavía seguimos encontrando muchas cosas. No hemos cerrado todavía porque desafortunadamente uno quisiera estar hablando de proyectos, de para dónde vamos, pero uno tiene que hacer ese corte de lo qué está encontrando. Nosotros lo que estamos viendo en la EDU es gravísimo, las adiciones que le hacían a los contratos de 200%, 400%, 1.000%. Vamos a tener que entrar a revisar, ellos se escudan en que su manual de contratación lo permitía”.
¿Cómo funcionaba?
“El modus operandi era así. El manual de contratación de la EDU dice que si una obra pública cuesta menos de $10.000 millones no tiene que ir a licitación pública. Sacaron ese intercambio vial de la 34 con Los González con un presupuesto de obra de $9.900 millones, como quien dice, no llegamos a los $10.000 millones. Pero cuando uno va y revisa exactamente cuál es el costo de la obra vale $30.000 millones. Sacan la obra como si fuera a valer $10.000 millones, la adjudican a dedo, no sabemos a quién, y luego va llegar el contratista a decir que necesita $20.000 millones más. Tenemos que hacer mucho énfasis en lo que estamos encontrando hoy en la EDU, porque el escándalo de malversación de fondos y de indebida contratación que habrá en esa entidad será muy grave, cada que encontramos una eventualidad, inmediatamente enviamos el expediente a la Fiscalía”.
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Podemos hablar caso por caso, por ejemplo, ¿cómo están los muros verdes en las fachadas de los edificios públicos? Están realmente caídos, ¿qué pasó?
“Voy a recoger la palabra que usó, en general todo lo de ellos era una fachada. Decían que estaban trabajando en que Medellín fuera una Ecociudad y el tal proyecto fue que montaron unos muros verdes que le valen hoy al municipio $1.500 millones al año, cuando las instituciones educativas se caen, cuando los niños tienen hambre, cuando hay una cantidad de situaciones graves en la ciudad, estos se gastan la plata en un muro verde. ¿Cuántas necesidades sociales se podrían solventar con eso?”.
¿En Metroparques que había?
“Son los contratos por los que hoy están ya personas imputadas de la administración anterior por presuntos delitos. Metroparques tiene otro tema y es la idoneidad de las personas que estaban haciendo ese tipo de cosas, o si es que de verdad lo hacían adrede. Metroparques tiene un objeto social claro y definido que es la administración de los parques recreativos. Resulta que no solamente contentos con cambiar los manuales de contratación cambiaron también los objetos sociales de las empresas. Entonces ya resulta que a Metroparques le cambiaron el objeto social para poder desarrollar obra pública. Va otra entidad como el Inder, que tiene dentro de sus funciones hacer la obra pública para el mantenimiento del escenario deportivos, y toma la decisión por primera vez en la historia de Medellín de no ejecutarla, sino contratar a Metroparques para que hiciera obra pública por $63.000 millones, ahí se va un 10%, 15% en intermediación. Parece que le estuvieran dando la vuelta a la Ley 80 para no tener que sacar licitación”.
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¿En el tema de los Computadores Futuro han encontrado alguna irregularidad?
“No hay programa que se salve. Los Computadores Futuros es un tema que también está hoy con presuntas situaciones graves de corrupción en la adjudicación y que también ya están en poder de las autoridades para que analicen la información que les entregamos. Hay una modificación en las especificaciones técnicas después de adjudicado el contrato, es abiertamente ilegal”.
¿Qué otro caso le han entregado a la Fiscalía?
“La adjudicación de la Biblioteca España, también tiene problemas en nuestro concepto, puede haber grave corrupción en la adjudicación de ese contrato. Ahí parece también que hubo algo de favorecimiento a un proponente”.
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¿Cuántas personas dejaron atornilladas en el Distrito?
“En muchas entidades descentralizadas que no operan con las mismas modalidades de contratación de personal que el municipio hicieron contratos a término fijo hasta diciembre del 2024. Es una situación muy compleja para nosotros porque para poder terminar esos contratos la indemnización sería pagar el periodo que falta de contrato. Y la persona que asume esa responsabilidad entra a responder por un detrimento patrimonial frente a los organismos de control. En algunos casos hay contratistas que tienen periodos muy prolongados de contrato. Y en la Alcaldía de Medellín, específicamente en el ente central, entre el 26 y el 28 de diciembre del 2023 designaron un poco más de 300 personas en cargos de provisionalidad”.
Es decir, la alcaldía quedó tomada por Daniel Quintero.
“Y cuando digo tomada es porque hemos encontrado que dentro de esas personas está, por ejemplo, el cuñado de Juan Carlos Upegui, el hermano de la novia; está la hermana del exsecretario Juan José Aux; el papá de Juan José Aux estaba designado para coger uno de esos cargos pero afortunadamente no alcanzó a posesionarse. Por lo menos unas 10, 12 personas de la campaña de Juan Carlos Upegui están dentro de esos 300 que hoy están trabajando en la Alcaldía. Hicieron no solamente cosas presuntamente ilegales, sino completamente contrarias a la ética. ¿Qué puede hacer uno con esas personas que están atornilladas? Les digo que tengan un poquitico de vergüenza y renuncien, que respeten la voluntad de una ciudad que votó por un cambio, no para que ellos siguieran ahí el tiempo que los hayan contratado”.
¿Cómo encontraron el Área Metropolitana, otra entidad con denuncias de presunta corrupción en el gobierno pasado?
“Lo mismo que en Medellín, es una combinación entre desadministración, desamor por la ciudad y por lo público y también posibles hechos graves de corrupción. Hubo hasta unas modificaciones de estructura y de personal para poder meter más gente a la base. Inclusive rebajando los salarios de los niveles directivos, obviamente desde este periodo, no desde el de ellos porque tenían que conservar sus salarios. Eso también está en revisión hoy para mirar qué tan pertinente era esa modificación. Para nosotros no era necesario tener tanta gente en la operación. Frente a los contratos, todos sabemos lo que pasó con el Parque de las Aguas, hay 3 contratos muy delicados que son los que están hoy imputados en la Fiscalía. El programa EnCicla está completamente abandonado, no entendemos como una empresa que viene de Villavicencio, no sé bien de dónde viene a operar acá el programa”.
Otro contrato grande fue el de la cárcel en San Cristóbal. Teníamos información de que había irregularidades en la entrega de ese contrato, ¿se puede devolver de alguna manera?
“Ese contrato ya está adjudicado, hoy ese contrato goza de presunción de legalidad, como cualquier acto administrativo, nosotros no podemos más que revisar si dentro del proceso de adjudicación existió algún tipo de nulidad o algún tipo de irregularidad que se pueda avisar. Hasta no tenerlo claro, el contrato es válido”.
Y el otro gran contrato es el de Hidroituango. ¿Hay tranquilidad de la administración de Federico Gutiérrez en la entrega que se hizo EPM a un consorcio en el que está una empresa china para terminar las obras?
“Más que tranquilidad es tener claro cuáles son las condiciones en las que se entrega ese contrato. Ya el gerente de EPM, John Maya, está al frente de las obras que le corresponden terminar a estos nuevos contratistas que llegan solamente a hacer obra civil en la casa de máquinas donde se van a instalar las cuatro unidades que faltan. Simplemente es hacer un proceso constante de seguimiento e intervención para que cumplan bien las especificaciones del contrato”.
¿Por qué la administración pasada de Emvarias no contrató la construcción del nuevo vaso del relleno La Pradera?
“Realmente nosotros tampoco nos explicamos qué pasó ahí, porque era evidente que era necesario contar con un nuevo sitio para la disposición de basura. Ya se sabía que la vida útil del vaso actual estaba por terminar, ya se habían hecho los estudios ambientales y ya se había solicitado todo el acompañamiento de Corantioquia y las licencias para poder hacer el otro vaso tenían los recursos y no lo hicieron”.
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Habla de una politización en los cargos de varias entidades que redujeron los requisitos y la experiencia. ¿Qué otros patrones son comunes a lo que han visto en las entidades del conglomerado?
“Dos cosas, duplicidad de funciones en los contratistas, había contratistas en todas las entidades haciendo las mismas funciones. Ya empezamos a hacer un análisis para presentar ahorros en toda la gestión y poder encontrar plata para tapar todos esos huecos que dejaron. Solamente el Inder, en el primer escenario que hizo revisando los contratistas que no necesita, ahorrará $5.000 millones al año. Ese ejercicio se va a hacer en todas las entidades. Eso parecía como una bolsa de empleo, si había que ayudarle a alguien, a un político, o a un recomendado, entonces le creaban un cargo y lo contrataban por prestación de servicios. Y encuentra una cantidad de gente que no iba o iba solo para que lo vieran. Dos, es increíble la desarticulación que había. Un ejemplo, estábamos en el empalme en la Secretaría de Infraestructura y le preguntamos a la secretaria cuál es el contratista que está ejecutando el metro de la 80. Y contesta la secretaria saliente: ‘yo no sé, eso lo está haciendo la EDU’. De ese nivel era la desarticulación”.
¿La mayoría de los secretarios que estuvieron en los empalmes eran personas prácticamente novatas en la administración de Daniel Quintero?
“Más del 70% de las personas que hicieron entrega de los puestos tenían menos de un año. Entonces uno llegaba a la Secretaría a buscar información y decían: ‘Apenas llevo acá hace 6, 8 meses, yo no sé qué habrá pasado’. Yo lo veo como una estrategia para que no tuviéramos acceso a profundidad de la información que estábamos pidiendo. Lo cuento como anécdota, pero es una anécdota triste. Cuando llega el comité de empalme a la Secretaría de Educación lo recibe la persona que iba a entregar la Secretaría. Y les dice: ‘Siquiera llegaron para yo también hacer mi propio empalme y entender qué pasa aquí porque llegué hace 4 días’”.
¿Encontraron algo bueno?
“Me hicieron varios comentarios por una intervención que hice en el Concejo. El concejal Upegui hizo referencia a que no hacíamos sino decir y decir lo malo, pero que algo había bueno y en ese mismo momento le contesté que efectivamente en estos 4 años hubo algo bueno: la ciudad se dio cuenta que necesitaba una alcaldía de mayor nivel para administrar lo público. Y gracias a ese sacudón que era necesario en la ciudad la gente respondió en las urnas. Lo mejor fue que se fueron”.
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Se habla de un retroceso de 10 años en indicadores sociales y en infraestructura muestran el panorama de una ciudad casi que arrasada. ¿Cuánto se va a demorar la recuperación?
“Calcule más o menos cuánto se demora hacer un edificio de 10 pisos y calcule cuánto se demora en tumbar ese mismo edificio. El proceso de demolición fue continuo durante 4 años acabando con los programas sociales y la infraestructura de la ciudad. En 4 años no se recupera el daño que ellos hicieron. Es mucho más lento construir, nos toca volver a arrancar muchas cosas desde cero, nos toca recuperar, inclusive con unos esfuerzos superiores a los que venían haciendo algunas entidades y algunos programas sociales. Lo vamos a hacer, pero también ese sacudón que tuvimos y esa zarandeada que nos pegamos con todo lo que pasó estos 4 años ha hecho que la gente esté más dispuesta ahora a unirnos entre academia, sector privado y el sector público. Vamos a salir fortalecidos y hacer las cosas mucho mejor de lo que venía siendo”.
¿Tiene algo diferente la administración pública en Medellín? Muchos funcionarios de carrera de la administración pública estuvieron ahí los 4 años vigilando un poco el pedacito de poder que tenían tratando de que no se destruyera todo.
“Eso hay que valorarlo siempre. No solo personas de la administración, sino de afuera que de manera muy valerosa se enteraban de cosas, denunciaron, hicieron la oposición y estuvieron pendientes de lo que estaba pasando en todas las entidades. Eso solamente pasa aquí en Medellín. Realmente esa pertenencia y ese amor por las cosas públicas que se ve acá yo no lo he visto tan arraigado en otras ciudades”.
