Si las proyecciones del Dane están en lo correcto, Colombia tendrá 60 millones de habitantes en 2050. La demanda de agua crecerá; ya no serán necesarios 35.877 metros cúbicos para abastecer al país sino, como mínimo, 45.678 metros cúbicos. Lo mismo sucederá con la energía: se pasará de 62.206 gigavatios a 88.458. La pregunta que se están formulando empresarios y funcionarios públicos es si el Estado podrá suplir esta demanda, y si en la práctica está preservando los recursos.
Ayer, la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo (Complexus), instaló el foro “Sistema integral y política pública de desarrollo sostenible”, en el que participan, entre otros, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, el magistrado Marco Antonio Velilla, el gerente de Isagén, Luis Fernando Rico y el gerente (e) de ISA, Cesar Augusto Ramírez.
Antes de formular políticas públicas para impulsar el desarrollo sostenible, el procurador señaló que primero es necesario evitar los desastres naturales que están provocando los grupos armados: “las políticas públicas, si existe voluntad política, se diseñan. En estos temas, sin embargo, hay que ser realistas y tener en cuenta que hay problemas que se deben resolver. El pasado 8 de junio, en el corredor Puerto Vega-Teteyé, en Puerto Asís, las Farc detuvieron 23 tractomulas y obligaron a derramar 3.210 barriles de crudo. Fueron 1.451 metros lineales de vía contaminada por hidrocarburos, 70 familias afectadas y 50 estudiantes de la vereda La Cabaña. Solo en 2014, Corpoamazonía atendió 84 derrames de hidrocarburos en Putumayo”.
La ruptura del cese bilateral, concluyó, terminó afectando el medio ambiente: “los atentados se dispararon desde 2010, pasando de 116 a 405 en 2013. A partir de 2014 se comienza a presentar una reducción y en 2015 prácticamente desaparecieron debido al cese bilateral”. Agregó que existen otras afectaciones ambientales generadas por la guerrilla: “la mayor fuente de financiación de la guerrilla no es la coca, es la minería ilegal, que supone el uso de cantidades desmedidas de sustancias peligrosas como el mercurio”.
Voceros del Ministerio de Minas que participaron en el foro le dijeron al Procurador que el Plan Nacional de Desarrollo diferencia con detalle la minería informal de la minería ilegal y criminal para focalizar las medidas coercitivas.
