Sentado en su oficina del cuarto piso del centro comercial Savanna Plaza, Hamilton David Gallón afirma, en tono muy natural, que nadie como él conoce el derecho urbano. El grado superlativo que ha logrado en esa materia es lo que explicaría por qué hasta funcionarios de la Secretaría de Planeación de Rionegro le mandan a ciudadanos para que les ayude a buscar las fórmulas que viabilicen los proyectos de construcción, a sabiendas de que esa es parte de la tarea de los mismos servidores públicos.
El abogado de la Universidad de Antioquia -y exasesor de la Secretaría de Planeación de Rionegro, que dirige el ingeniero de Minas y Metalurgia, Jorge Alberto Urrea Mejía- afirma que “el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) tiene dificultades conceptuales que requieren de una interpretación más integral y de conocimientos más amplios. Los funcionarios de Planeación no han tenido esa capacidad académica para dar tal claridad”.
Lo que para David Gallón es un lícito trabajo de asesoría, para otros no es más que el ejercicio de una “Curaduría Alterna”, en la que se cobran onerosos “peajes” por lograr un visto bueno que facilita las vueltas en Planeación.
“Todo lo que lleve el visto bueno de Hamilton entra derecho a Planeación”. Así lo declara el arquitecto John de Jesús Gómez Noreña, exconcejal de Rionegro, exdirector de Vivienda y quien actualmente tramita una licencia para edificar un conjunto residencial.
El poder y la influencia de Hamilton sobre Urrea Mejía, lo reafirma Luis Fernando Aristizábal Tabares, un exasesor del ministerio de Transporte que ahora se dedica al desarrollo de proyectos urbanos: “yo me muevo entre los constructores y para poder acceder a una licencia de complejidad (o sea más de 5.000 metros cuadrados construidos), se tiene que buscar la asesoría de esa ‘Curaduría alterna’. Eso es vox populi”.
Y, como nada es gratis, detrás de esa “Curaduría” se estarían moviendo gruesas sumas de dinero. Aristizábal Tabares afirma que en los proyectos de mayor magnitud se habla de pagos de 500 millones de pesos.
¿Y Urrea Mejía sabe de eso?
“Él -dice Aristizábal- siempre ha recomendado a esos prestigiosos profesionales, Hamilton David y Sandra Jaramillo”.
Esta última es ingeniera, también fue asesora de Planeación de Rionegro y actualmente es socia de Hamilton David en la firma HYJ Consultores.
El arquitecto Gómez Noreña reporta que uno de esos ejemplos de elevados “honorarios”, o “peaje”, como él prefiere llamarlos, le ocurrió al dueño de un predio en el sector de El Tablazo, que al ver que estaba rodeado de parcelaciones se animó a presentarle a Planeación un permiso para desarrollar la suya, de nombre “La Promesa”. El “Curador Alterno”, dice, comenzó pidiendo 500 millones de pesos para revisar el proyecto.
Luis Fernando Aristizábal conoció del caso, porque el propietario de la tierra le dijo que le ayudara a sacar adelante ese proyecto, previa advertencia de que “no me le pague plata a esos desgraciados”. También le comentó, que “el Secretario de Planeación lo trató de narcotraficante y que para darle la licencia debería tener la asesoría de la Curaduría Alterna”.
EL COLOMBIANO contactó al promotor del proyecto, Fernando León Londoño Velásquez, quien negó ser el propietario del predio. Tampoco quiso suministrar detalles sobre el asunto y se limitó a decir que él es un comisionista en transacciones de tierras, labor por la que cobra un 3 por ciento, y que por ese mismo oficio que tiene va mucho a Planeación. Alias “Ñeris”, como apodan al personaje, fue miembro del Cartel de Medellín y pagó sus cuentas con la Justicia.
Hamilton David Gallón recuerda que con el propietario de “La Promesa” tuvo dos reuniones, “pero no lo quise asesorar”. La razón, según comentó, es que la parcelación tenía complejidades que no podían ser superadas, como el elevado número de parcelas que se pretendían y fuertes afectaciones ambientales. Por eso, agregó, ni contrató con “Ñeris” ni le recibió dinero.
Ante la pregunta de los 300 o 500 millones de pesos que llega a cobrar por sus servicios en proyectos de alta complejidad, David Gallón lanzó, en primer lugar, una sonora risa, acompañada de un “ojalá”.
“Eso no es cierto. No llego a esos niveles”. El abogado explicó que la remuneración es variable, pues depende de lo complejo que sea cada caso. Lo que sí puso de presente es que el mercado no da para pedir honorarios de ese tipo. Uno de los motivos es el elevado precio de la tierra en Rionegro, que se debe sumar a la plusvalía y el pago de obligaciones urbanísticas. Así las cosas, una asesoría de 500 millones de pesos desequilibraría un proyecto y no lo haría viable. Aunque por motivos de seguridad se reservó la cuantía más alta que ha cobrado, afirmó que cuando no tenía empresa pasaba sus facturas a los clientes y que, ahora que tiene creada su sociedad, también factura sus servicios, con IVA incluido, y cumple con las obligaciones tributarias.
¿Y le pagan en efectivo?
“Sí, pero doy el soporte respectivo. Yo trabajo mayormente con empresas, ellas manejan todo legal y me hacen las retenciones de ley”.
Uno de esos pagos en efectivo se lo habría hecho Luis Fernando Aristizábal, quien en abril de 2012 le compró a una corporación de vivienda y bienestar social de la Iglesia Católica el proyecto “Palmar Campestre”. Esta obra, situada en el sector Cuatro Esquinas, de Rionegro, tenía licencia para hacer 102 apartamentos, de los cuales se negociaron 46 en la preventa. El desarrollo se le encomendó a un particular que, afirma Aristizábal, “lo quebró, porque no aparecieron del orden de 2.180 millones de pesos de las preventas”.
Para superar el hueco y hacer realidad el proyecto, este debía pasar de 102 apartamentos en el lote de 38.400 metros cuadrados, a 536 unidades distribuidas en 13 torres. Para el efecto, añade el empresario, se solicitó una modificación de la licencia. Cuando estaban en el movimiento de tierras hallaron que el suelo no era apto, porque antes había sido un depósito de basuras de una unidad vecina. Se pidió, entonces, una nueva modificación de la licencia para cambiar la ubicación de las torres y de toda la urbanización.
En este escenario saltó un nuevo problema con los servicios públicos. Aristizábal asegura que, “verbalmente le dije a Urrea: tengo cobertura del agua potable, pero no de disposición de basuras, a lo que me contestó, busque a Hamilton para que le proyecte la solicitud de esa cosa”. En ese momento (2013), Hamilton era asesor de Planeación y la solución que se buscaba era que el empresario pagara las compensaciones urbanas con la construcción de un colector de la quebrada El Águila.
“Me senté con Hamilton y me dijo: esa carta vale 15 millones de pesos y deme ya 5 millones, los mismos que pagué de mi bolsillo”. La firma de Aristizábal y otras tres constructoras que se beneficiaban del colector reunieron dinero, hicieron los diseños de esa obra, dijeron que la podían hacer con 700 millones de pesos, pero, al cierre de este informe no habían recibido respuesta oficial alguna.
Según Aristizábal, en una de esas gestiones “Urrea me dijo que recordara que había que darle un apartamento a la hermana del Alcalde y que les ayudara a los muchachos de Planeación que van por allá a revisar que esté haciendo bien las cosas. Eso me lo dijo en privado, a finales de 2013”.
Urrea no aceptó la entrevista personal que le solicitó EL COLOMBIANO en repetidas oportunidades. Hamilton David, por su parte, manifestó que conoció del proyecto de Aristizábal cuando era contratista de Planeación. Al consultarle sobre los 15 millones de pesos que le habría pedido, el abogado afirmó: “eso no es cierto. Yo le di allá la asesoría como a cualquier usuario. Yo no hacía las dos cosas en Planeación (contratista y consultor). Le di pautas de lo que tenía que hacer y le dije que tenía que pagar plusvalía por ello. No le cobré nada ni formalicé nada”.
Al que sí reconoce como cliente es al arquitecto John de Jesús Gómez Noreña, quien busca construir en Rionegro dos torres con 160 apartamentos. La obra, por ventas, cuesta unos 17.000 millones de pesos. Por restricciones legales, el uso del suelo no le permitía las unidades planteadas. El arquitecto ajustó los diseños, bajó a 120 las unidades y fue a Planeación. Allí, “el abogado Hernany Arroyave Guzmán, asesor jurídico, me dijo que fuera donde Hamilton para que trabajara desde un comienzo la normativa. Eso fue a mediados de enero de 2015”.
Cuenta Gómez Noreña que la respuesta de Hamilton fue “me parece excelente. Tráigame el cuadro de áreas”. En su opinión, “ahí vimos que el proyecto comenzó a tomar forma. Él conoce las normas y su relación con Urrea es tal, que todo lo que lleve su visto bueno entra derecho en Planeación”. Con el “Curador Alterno” ha tenido dos reuniones y aún no sabe si ya hizo la gestión ante Urrea para que le den vía libre a su proyecto”.
¿Y el pago a Hamilton?
“Hoy no sabemos cuánto valen sus servicios, porque no sabemos qué se puede hacer ahí. Esa es una asesoría de éxito. Si son 300 millones de pesos no podemos hacer el proyecto. Esa es la utilidad. Un pago razonable podría ser de 100 millones de pesos, o el valor de un apartamento”.
Hamilton reconoció que Arango ha ido a su oficina, pero aclaró que “no es que de Planeación los remitan acá. Nosotros no somos los únicos que damos asesorías. También está en otro lado Adriana Castaño y otro abogado”.
¿Y es cierto que todo lo que lleve su “chulo” pasa derecho con Urrea?
“No es cierto, quizás lo digan por la amistad que hay entre ambos. Pero yo no pongo ‘chulos’. Yo presento conceptos jurídicos y los funcionarios son los que dicen si los aceptan o no” .
