En Venezuela cada vez toman más fuerza las denuncias sobre los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro y el sector académico también ha sido víctima de esta persecución.
Tal es el caso de Santiago Guevara, un profesor universitario de 66 años de edad que fue privado de su libertad el 21 de febrero de 2017 por un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM) y fue procesado junto a diez militares ante el Tribunal Militar Primero de Control por los delitos de “traición a la patria” e “instigación a la rebelión”.
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Previo a su detención, Guevara, un docente de la Universidad de Carabobo, había publicado un artículo de opinión en el diario El Boletín de Madrid titulado De goya a la sana prospectiva, en el que hablaba de las políticas públicas y situación actual de Venezuela.
“Guevara tiene gran trayectoria académica internacional y empezó a trabajar una línea que al gobierno de Nicolás Maduro no le gustaba. Era la línea de la transición en Venezuela desde el punto de vista económico”, explicó a EL COLOMBIANO David Gómez Gamboa, director de la ONG Aula Abierta, institución que se encarga de vigilar la situación de derechos humanos de los maestros y alumnos universitarios.
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Dentro de las grandes críticas que el profesor Guevara esbozó en su línea de investigación está el colapso económico en Venezuela, del que reseñó como causas el fracaso del modelo económico que implantó Hugo Chávez y que luego afianzó Nicolás Maduro. Por eso, para esta ONG, se trata de un caso de violación a la libertad académica y la libertad de expresión.
Prisión en Venezuela: un riesgo
Esta ONG presentó el caso del profesor Santiago Guevara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando que durante su detención el maestro sufrió de una serie de enfermedades (espondilitis anquilosante, hemorroides, colon irritable, meteorismo, diarrea con moco, hipertensión arterial sistémica y cistitis prostática). De hecho, el docente perdió 30 kilogramos de su peso debido a las malas condiciones de la cárcel en la que se encontraba recluido: la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas (DGCIM).
Por esto, la CIDH dictó medida cautelar solicitando al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal. Debido a la solicitud de organizaciones de la sociedad civil (Aula Abierta y Espacio Público), fue liberado el 23 de diciembre de 2017, con la condición de que se presentara ante un tribunal cada quince días. Además, Guevara no puede salir del país, hablar con medios de comunicación o asistir a manifestaciones públicas.
Su caso fue presentado en un informe de un grupo de expertos al secretario general de la OEA, Luis Almagro para presentar la solicitud de investigación al gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Otros maestros universitarios como Jorge Machado, de la Universidad Central de Venezuela; Edilson Bohorquez, de la Universidad del Zulia; Ángel Zerpa, de la Universidad Central de Venezuela; y Julio García y Rosmary Di Prieto, ambos de la Universidad de Carabobo, han sido detenidos por el gobierno, según el informe preliminar sobre ataques y represalias contra profesores y estudiantes universitarios en Venezuela, entre febrero y octubre de 2017.
