La radicalización del gobierno venezolano se hizo más palpable. Nicolás Maduro no solo le encomendó al nuevo vicepresidente, el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, luchar contra los “terroristas de la extrema derecha”, sino que cambió la jefatura de 11 ministerios con líderes chavistas ampliamente criticados por la oposición.
El presidente fusionó el Ministerio de Finanzas y Economía en uno solo y lo dejó a cargo de Ramón Lobo, un diputado radical; nombró como nuevo ministro de Petróleo y Minería al químico Nelson Martínez, con una larga carrera en Petróleos de Venezuela (PDVSA); designó como ministro de Educación y vicepresidente para las misiones socialistas a Elías Jaua, otro diputado del oficialismo, y como ministro de Cultura, a Adán Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez.
El secretario de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, dijo a medios que el nuevo gabinete era una “sectarización” de la Administración chavista y llamó a los venezolanos a revisar estos cambios, porque los nuevos funcionarios “no tienen nada que ver con las competencias en que han sido nombrados”.
La selección de estos personajes refuerza el socialismo de Chávez en los poderes y deja en evidencia el temor de Maduro a perder la presidencia y no tener un respaldo sólido en el oficialismo.
Así lo infiere Nelly Valencia, politóloga de la Universidad Central de Venezuela, para quien la Asamblea Nacional que nombró ayer a nuevas directivas deberá tener como objetivo este año una nueva estrategia para la salida del líder, ya que el Ejecutivo obstaculizó de todas las formas los avales para iniciar el referendo revocatorio.
No es fortuito que el nuevo presidente del Parlamento, Julio Borges, dijera ayer en su discurso inaugural que en los próximos días el Legislativo, de mayoría opositora, declarará el abandono de cargo del presidente Maduro, y asegurara que con ello se “abren las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles”.