El 10 de enero, por segunda ocasión, Nicolás Maduro juramentará como presidente de Venezuela y heredero de Hugo Chávez. Pero esta vez la comunidad internacional hará como quien no lo escucha. Así será, al menos, para Colombia y otros 12 países del Grupo de Lima, los cuales –con excepción de México que argumentó el principio de no intervención– concluyeron ayer tras una reunión en la capital peruana que declararán ilegítimo el gobierno de Maduro.
¿Eso significa que dejará de gobernar? En absoluto. Si bien los países instaron a Maduro a transferir el gobierno a la Asamblea Nacional de mayoría opositora –cuyos poderes fueron retirados por el ejecutivo en 2017– y dejaron claro su desconocimiento de su reelección, alcanzada el pasado 20 de mayo de 2018 sin la participación de gran parte de los actores políticos, la declaración conjunta es principalmente simbólica.
Como explica Pedro Piedrahita, doctor en derecho internacional de la Universidad Alfonso X de Madrid y docente de ciencias políticas de la Universidad de Medellín, “la legitimidad de un gobierno es siempre relativa, no es un asunto resuelto”. Depende, siempre, de los países que aún lo reconocen y, en el caso de Venezuela, cuenta con potencias como Rusia y China tras de sí.
El margen del Grupo de Lima, conformado en 2017 con el objetivo de propiciar una transición democrática en Venezuela, es limitado y esto se vio reflejado en el propio comunicado, el cual no anuncia –como había propuesto el gobierno peruano– el rompimiento de relaciones de los países miembros con Venezuela. En su lugar los dejó en libertad para “revaluar el estado o nivel” de estas.
Germán Sahid, analista político e internacionalista, señala que el rechazo de la legitimidad de un gobierno es una medida intermedia, que al mantener una interlocución –limitada, pero vigente–, le sigue dando cierto reconocimiento.
Un asunto de potencias
Mientras los cancilleres de los 14 países del Grupo de Lima tenían su reunión –con la participación por videollamada de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, cuyo país no hace parte de la colectividad– Nicolás Maduro movía sus propias fichas e invitaba formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a visitar Venezuela.
La petición, confirmada en la mañana de ayer por la portavoz de la ONU, Ravina Shamdasani, ha sido una solicitud recurrente de la oposición en los últimos meses, la cual le ha manifestado a la alta comisionada Michelle Bachelet la necesidad de que constante la situación de Derechos Humanos en Venezuela.
Sahid opina que con esta jugada Maduro traslada la discusión al plano global, donde sabe que cuenta con el respaldo de sus aliados Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Para el académico, “Venezuela tiene mucho más cerca a sus potencias aliadas que América Latina. Pues mientras Estados Unidos ha expresado de forma desconectada su preocupación por la crisis en ese país, Rusia envió hace poco bombarderos para respaldar al régimen de Maduro”.
El asunto, para los expertos, está fuera de las manos de los países de América Latina, cuyas economías no son lo suficientemente sólidas para promover un bloqueo económico o medidas diplomáticas más allá de las declaraciones.
“Venezuela, en este momento, es un pivote geopolítico entre dos potencias”, afirma Sahid. La importancia de ese país, como mayor productor de petróleo del mundo y puerta de entrada al llamado mar Mediterráneo Americano, de alguna forma, lo blindan, al garantizarle el reconocimiento de países mucho más poderosos que aquellos que lo vetan.
Las palabras y los hechos, en el caso de Venezuela, parecen irreconciliables. El próximo 10 de enero esa distancia se acentuará cuando se reafirme en su cargo Maduro –en un país con una inflación de 1 millón % y 3 millones de exiliados– y los países de Latinoamérica, sin más opción, se limiten a negar con la cabeza
