Fue un fin de semana oscuro para Nicaragua. Durante 20 horas policías y paramilitares asediaron a 200 estudiantes de la Universidad Autónoma, uno de los bastiones de resistencia que aún quedaba en el país, dejando como resultado a dos jóvenes fallecidos y 40 heridos.
Mientras las fuerzas del régimen de Ortega los tenían sitiados en un templo, mediadores del diálogo intentaban lograr su libertad. “Nos estaban tirando a matar. Fue durísimo, ellos con armas de alto calibre nosotros con morteros”, contó a AFP una de las sobrevivientes.
Luego de su liberación el temor siguió. Silvio José Báez, obispo de la diócesis de Nicaragua, informó durante la mañana de ayer sobre una toma de paramilitares y antimotines a cuatro localidades. Su llamado: que todas las personas de esas ciudades se escaparan para poder salvar sus vidas y evitar más muertes. Báez acusó al gobierno de una “represión criminal” y comentó al diario La Prensa que ha sido “testigo de la falta de voluntad política del gobierno para dialogar”. Y es que los esfuerzos de la Iglesia para encontrar una salida al conflicto, que involucre todos los sectores, parecen no importar al gobierno de Daniel Ortega y su vicepresidenta, primera dama y esposa Rosario Murillo.
Una represión anunciada
Gisela Zaremberg, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) visitó Nicaragua durante 2008 y 2009 para hacer trabajo de campo. Cuenta que para ingresar a los municipios tuvo que enviar una carta a Rosario Murillo, quien autorizaría su ingreso, una muestra del dominio que el gobierno tenía desde esa época sobre los territorios, cuando llevaban alrededor de un año en la presidencia.
Zaremberg comenta que el incremento de la presión durante los últimos días de la crisis es el resultado de varios años de historia en los que la fuerza dentro del partido aumentó y explica que la violencia que vive el país no está relacionada con que Ortega tenga un gobierno de izquierda, sino que es una muestra del poder que acumuló durante todos sus años de gobierno, “es algo que va más allá”. Concluye que “en Nicaragua están tapando la grieta con sangre. Es imposible no ver lo que está pasando”.
Iglesia insiste en el diálogo
La Conferencia Episcopal de Nicaragua aseguró que, a pesar de que “son condenables jurídica y moralmente los ataques perpetrados por la Policía Nacional, por grupos paramilitares progubernamentales y las turbas azuzadas para agredir” al pueblo y sembrar el medio, se mantendrán en el diálogo para encontrar una salida pacífica a la crisis que completa 90 días.
Por su parte, el gobierno de Colombia envío ayer un comunicado rechazando la represión de los últimos días.
