Noventa y dos días van. Las cifras de heridos, presos políticos y fallecidos crecen conforme se presentan nuevas manifestaciones, pero el pueblo no se detiene y grita al mundo su verdad. “Que se vaya”, ese es el clamor de los manifestantes, acompañado de coplas como “Daniel y Somoza son la misma cosa” y “Juntos somos un volcán”. Un cráter de lava blanca y azul que inunda las calles con banderas y mensajes en contra del gobierno. En sus voces está el dolor de un pueblo reprimido por la violencia del Estado y en sus manos, pancartas que piden justicia sin impunidad.
Es el clamor de un país herido cuyas voces se apagaron a causa de la violencia del régimen de Daniel Ortega que, según denuncias de Alianza Cívica, comenzó a usar armas de guerra para callar las protestas. Revólveres que dejan centenares de muertos, pero de los que no hay una estadística consolidada. Según el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son 264, pero para la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia son casi 370 personas que salieron a marchar por sus derechos y jamás regresaron a casa.
Graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales que fueron denunciadas por el CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América Central. Según el alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein “la violencia y la represión observadas desde que comenzaron las protestas son producto de la erosión sistemática de los Derechos Humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad de las instituciones y del Estado de Derecho”.
Y es que el gobierno de Ortega era una bomba de tiempo. Fuentes de ese país consultadas por EL COLOMBIANO explican que se acumularon violaciones a los derechos, abusos del gobierno y corrupción, la demolición de las instituciones democráticas y de la división de poderes, hasta lograr que en sus manos estuviera casi todo: la Procuraduría, la Contraloría y el sistema electoral. Por eso, una reforma al sistema pensional fue la gota que faltaba para acabar con la paciencia de la gente.
Solo dos países manifestaron su apoyo al régimen: Venezuela y Bolivia. Mientras que líderes políticos de Colombia, otros países latinoamericanos y la Unión Europea y han hecho un llamado para que cese la represión, un mensaje que aún no ha sido escuchado.
Lo que pide el pueblo
Que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo salgan del poder y se convoque a elecciones democráticas, con garantías, es el deseo de la gran mayoría de los seis millones de habitantes de Nicaragua, ya que aún hay una parte de la población que está a favor del sandinismo. De hecho, cuando la oposición ha convocado a una marcha en contra de Ortega, el oficialismo busca que sus cuantos simpatizantes también se movilicen a su favor.
Sin embargo, una investigadora social de ese país le contó a EL COLOMBIANO que el gobierno obliga a los trabajadores del Estado a participar en las movilizaciones del sandinismo. La mujer que ha sido testigo de cómo la gente está perdiendo la vida en las manifestaciones pidió reservar su identidad asegurando que “la persona que hablé en contra de Ortega se convierte en un blanco”. Además, comenta que el presidente no tiene voluntad de encontrar una salida dialogada, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica.
En las conversaciones participan los sectores estudiantil, empresarial, académico, la sociedad civl, las comunidades indígenas y los campesinos. Uno de los participantes del Diálogo Nacional y líder de la Alianza Cívica por la Justicia, Carlos Tunnerman Bernheim, quien explicó que “el pueblo decidió respaldar la rebelión cívica, sin armas ni violencia. Recurrimos a los metros de resistencia no violenta y activa, a usar las marchas y los plantones como base”.
Tunnerman asegura que Nicaragua ha recibido apoyo de las naciones vecinas a través de los mensajes en contra del régimen, pero que ahora necesitan la solidaridad de toda América Latina para conseguir los 18 votos necesarios en la Organización de Estados Americanos para crear una resolución que condene al régimen de Ortega como violador de los Derechos Humanos. Además, hace una alerta argumentando que el gobierno quiere que los países de la región hagan una “lectura equivocada”.
