Alrededor de 25 mil venezolanos intentan cada día cruzar la frontera con Colombia para buscar alimentos, insumos básicos y dinero por medio de empleos irregulares, reveló ayer Migración Colombia. No obstante, a la víspera de que en el país vecino inicie una huelga de 48 horas que busca mostrar el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, la migración creció un 5 %, según ese organismo, y provoca represamientos en el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a ambas naciones.
Víctor Ochoa, obispo de Cúcuta y quien ayuda a diario a unos 1.500 venezolanos que llegan a la capital norsantanderiana, cuenta que la situación es aún más grave: “ayer había 30 mil personas represadas en el puente y hoy puede que sean más. Se debe a los controles de la Guardia venezolana, pero también a que la gente teme quedarse sin alimentos durante la huelga o no poder volver a salir del país después de la Constituyente”.
Si bien el sacerdote, un líder para los migrantes venezolanos, acepta que las autoridades colombianas están presentes durante esta contingencia, falta atención humanitaria, con el agravante de que “si la huelga es muy fuerte, se puede crecer el fenómeno migratorio”.
En otros pasos fronterizos la situación no es distinta. De acuerdo con Francilene Rodrígues, investigadora en dinámicas de la frontera entre Brasil y Venezuela, si solo entre mayo y junio ha habido 3.306 solicitudes de refugio de venezolanos únicamente en la ciudad fronteriza de Roraima, “esta semana, aunque no tenemos los datos exactos, ha crecido la gente, visible por montones en las calles, las estaciones de autobús y las iglesias”.
Los que van a la huelga
Aunque el sector eléctrico no se sumará a la huelga, los transportadores, profesores, profesionales de la salud y el comercio sí lo harán, de hecho, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela pidió a sus ciudadanos tomar medidas “preparatorias apropiadas” y les aconsejó “recolectar suficiente comida”, según un comunicado difundido.
Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio de Caracas, detalla que si bien sus 400 empresarios agremiados en la capital venezolana son libres de decidir su participación en el paro, la Cámara recomienda unirse “para hacer entrar en razón a un régimen que ya no tiene oídos para los ciudadanos”.
“Si la semana pasada, en un solo día de huelga, ciudades como Caracas, Maracaibo y San Cristóbal se vieron en un silencio solo interrumpido por las protestas, esta vez el rechazo ciudadano será mayor”, advierte Maldonado, y añade que el efecto económico de la huelga pasó a un segundo plano para los empresarios, mientras la prioridad es rechazar la Constituyente, “porque nunca fue consultada con los venezolanos y solo agravaría aún más la crisis del país y la convulsión política entre el oficialismo y la oposición”.
Lo mismo buscan los estudiantes. Rafael Zerpa, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, cuenta que está convencido de que la presión de esta s48 horas (miércoles y jueves) logrará detener las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, que Maduro fechó para este domingo.
“Sí creemos que pueda tener efecto”, afirma, y agrega que mientras se inicia la huelga aumenta la tensión entre los sectores políticos, mientras en los mercados y farmacias hay nerviosismo por el temor a un desabastecimiento y los controles de las fuerzas del Estado.
Antes del domingo
A cuatro días de que se celebren las votaciones para elegir a los constituyentes, en cuyas manos estaría una modificación a la Carta Magna, no es claro cuál será la próxima estrategia de la oposición para frenar la medida de Maduro, que de acuerdo con el diputado Juan Andrés Mejía, “viola la Constitución, desaparece a la Asamblea Nacional y entrega todo el poder al sector oficial”.
Para Óscar Arnal, abogado constitucionalista de la Universidad Central de Venezuela, es claro que queda continuar manifestando rechazo a la decisión del Gobierno por la vía de la protesta y continuar presionando para que haya elecciones presidenciales en 2018. No obstante, queda aún la vía de la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, que le dan a los venezolanos el derecho a la rebelión cuando se considera que un gobierno es ilegítimo.
Sin embargo, esa opción tendría que ser la última, añade el constitucionalista, ya que si bien defendería el poder más grande que da la Constitución: “la soberanía popular, la posibilidad de que el pueblo se exprese eligiendo o revocando a sus líderes”, sería muy desestabilizadora.
