Los últimos salvavidas que sectores gobiernistas de Brasil lanzaron para evitar el juicio político contra Dilma Rousseff parecen obsoletos.
Mientras la Corte Suprema del país vecino rechazaba una apelación interpuesta por el Gobierno para detener el proceso y destacaba que la votación de la Cámara de Diputados en la que se recomendó el impeachment nunca estuvo manchada por irregularidades, la televisión nacional mostraba que el pleno del Senado votaba como era predecible.
De continuar así el escrutinio, como se prevé, la misma institución, con el presidente del Tribunal Supremo, Joaquim Benedito Barbosa, como guardián del proceso, tendrá 180 días para dar su veredicto.
Entretanto, Michel Temer, quien hasta ayer sería el vicepresidente, asumiría el poder mientras el Senado resuelve la situación de Rousseff: o se queda, porque es inocente, o se declara su muerte política.
Mientras tanto, en las calles de Brasil, la división se hizo evidente. Un sector, el más desencantado de la política brasileña y sus protagonistas, celebraba un posible fin de la era Dilma y exigía un cambio. Otro, el de los fieles discípulos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lanzaba arengas con la palabra “Golpe”, bloqueando caminos y quemando llantas en varias ciudades.
La segmentación también está presente entre los analistas. Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Wilson Center para la investigación, destaca el rigor con el que se realizó la antesala del impeachment.
“Las causas fueron correctamente debatidas en la Cámara. Luego, lo mismo hizo una comisión especial del Senado, y ahora el Senado en pleno. Todos consideran que hay que evaluar el impedimento contra Dilma por violar las leyes federales, la ley de responsabilidad fiscal y la ley de presupuesto”, dijo el experto, y anotó que en vista de que la líder es investigada por obstruir las pesquisas por el caso de corrupción ‘Lava Jato, podría sufrir otro juicio que incluso significaría cárcel.
De otro lado, Juan Carmelo, investigador del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (Iepala), califica la decisión como “un abuso, una barbaridad, una perversión directa de lo que se ha conseguido después de muchos años de sufrimiento en Brasil: la democracia”.
A él, quien desde el Iepala vivió y estudió en 1964 el golpe contra el ex presidente brasileño Joâo Goulart por militares de ese país, con el apoyo de Estados Unidos, le da la sensación de “estar volviendo a vivir lo mismo, una perversión completa de la democracia, que podría generar problemas en la calle, divisiones irreconciliables para un país que había logrado cierta armonía”.
