La ambigüedad que rodea el proceso de independencia catalán, por las declaraciones postergadas y extremadamente abiertas de sus protagonistas, deja preguntas: ¿lograrán la secesión?, ¿irán a la cárcel sus líderes?, ¿quién gobernaría mientras tanto?, ¿habrá elecciones?
Según Miguel Martínez, coordinador de la línea de investigación Europa en la Universidad Externado, a partir de ahora, lo que sigue en la activación del artículo 155 dependerá de una votación del Senado español el próximo viernes 27 de octubre a las 10 de la mañana.
En ese debate, el Legislativo decidirá si aprueba la petición de este sábado del presidente Mariano Rajoy de disolver al Parlamento catalán y de cesar a las cabezas de ese Gobierno. “Evidentemente lo harán. Hay una mayoría del Partido Popular, el de Rajoy, y van a quitar las funciones del Parlamento y la Generalitat”, comenta Martínez.
El apoyo también está dado por otras coaliciones. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió su postura de apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155, y añadió que “la agonía de Cataluña” está provocando una fractura en la convivencia y “está poniendo en riesgo los empleos”.
Albert Rivera, líder de Ciudadanos, también confirmó su apoyo a Rajoy, y aseveró que el 155 servirá para “restablecer la convivencia”.
Mientras tanto, la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, empuñando las banderas catalana y europea, no dejó muy claro el obrar de los separatistas frente a las decisiones de España.
El líder catalán consideró un “ataque” y una “humillación” la activación del artículo 155 y pidió al Parlamento convocar un pleno en que los diputados debatan y decidan “sobre el intento de liquidar” la democracia catalana, pero no dio una respuesta enfática sobre cuáles serán las acciones.
Según le dijeron fuentes separatistas al diario catalán La Vanguardia, una de las posibilidades es celebrar el pleno del Parlamento catalán el viernes (a la misma hora en que se reunirá el español) para que Piugdemont declare unilateralmente la independencia, y que los legisladores (divididos entre independentistas y defensores de la unidad) voten.
Si no se vota, se puede convocar a un pleno especial con la comparecencia del presidente como único punto del orden del día. Esta opción se basa en que la ley del Referéndum fija que, tras ganar el ‘sí’, como asumen los catalanes que sucedió el pasado primero de octubre, la independencia se debe declarar sin ninguna votación parlamentaria, “porque la decisión es de la ciudadanía”.
Cualquiera de esas dos alternativas podría traerles consecuencias jurídicas a Piugdemont y su equipo de gobierno. De acuerdo con Martínez, la Fiscalía española evalúa si los acusa por rebelión, un delito que podría valerles hasta 30 años de cárcel.
