Según el último informe de Medicina Legal, todos los días 52 menores de edad son víctimas de abuso sexual en Colombia -el 86 % son niñas-, y de acuerdo con las cifras de Unicef, cada cinco minutos un niño muere en algún lugar del mundo a causa de la violencia.
Es así como el crimen de la niña de siete años que fue secuestrada, violada y asesinada en Bogotá no es solo un caso aislado, sino un triste ejemplo más de la vulnerabilidad de los menores en Colombia, que no podría despertar un sentimiento distinto a la indignación.
El presunto responsable del crimen, el arquitecto bogotano Rafael Uribe Noguera, podría enfrentar una pena de hasta 41 años de cárcel, que es la condena máxima para los autores de feminicidio según la ley Rosa Elvira Cely. Para muchos, sin embargo, cuatro décadas de prisión no son suficientes.
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Desde febrero del año pasado, un proyecto de ley impulsado por el partido de La U busca convocar a un referendo para que los ciudadanos decidan si quieren o no castigar hasta con cadena perpetua a los violadores de menores de edad. (Vea el sondeo al final de la nota)
Este lunes, la directora del Icbf, Cristina Plazas, dijo que la historia desgarradora de la niña asesinada en Bogotá es un llamado “a la sociedad para que se apruebe la condena perpetua a violadores”, una pena que no está prevista para ningún delito en la actual legislación colombiana.
No obstante, la cárcel de por vida para abusadores de menores de edad parece una condena laxa al lado de otras legislaciones, que contemplan incluso la pena de muerte para los autores de este tipo de crímenes.
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Es el caso de 19 países, casi todos en África y Asia, que tienen abierta la posibilidad de la condena capital para abusadores sexuales. En la lista se encuentran Egipto, Uganda, Guyana, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Pakistán, Palestina, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán, Vietnam, Bangladesh, India e Indonesia.
En este último país, la pena de muerte para violadores de niños se aprobó este año, después de que saliera a la luz pública el caso de una menor de 14 años que fue víctima de una violación colectiva en Bengkulu, al oeste del archipiélago.
En Bangladesh, al sur de Asia, las normas son tan estrictas en cuanto a la protección de menores de 15 años que cualquier contacto mínimamente sexual con un niño, aunque no incluya penetración, es un delito susceptible de ser castigado con la muerte.
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En Corea del Norte, la violación a menores y mayores de edad se castiga con la máxima pena. Lo sorprendente es que en el país asiático la pena de muerte aplica también para culpables de robo, actividad religiosa no autorizada, contrabando de drogas, insubordinación y muchos otros delitos que en Occidente clasificarían como menores.
Pasa lo mismo con China, donde el abuso sexual a menores se paga con la vida. Allí, delitos como evadir impuestos, robar combustible y aceptar un soborno pueden ser sancionados con la mismísima pena de muerte.
En Estados Unidos, la pena de muerte está vigente en 31 estados para castigar homicidios graves y asesinatos en serie, pero solo en cinco está permitida para ciertos delitos sexuales, como el abuso contra menores de edad.
En Oklahoma, por ejemplo, cualquiera que haya sido condenado dos veces por violación, sodomía o abuso lujurioso de menores de 14 años puede enfrentar la pena de muerte. Una ley similar se aprobó en 2006 en Carolina del Sur, donde la reincidencia en abuso sexual contra menores de 11 años se castiga con la pena capital.
¿Pero esta es la solución al problema?
En muchos países, sobre todo en los del Medio Oriente, la pena de muerte para violadores es un arma de doble filo.
En Irán, por ejemplo, el código penal establece condena máxima para los violadores, pero la mujer debe demostrar la agresión con un examen médico y además presentar un testigo del hecho. Si no lleva un testigo, el violador queda libre y la mujer puede terminar incriminada por falso testimonio.
En el 2013, cientos de mujeres, incluyendo varias periodistas extranjeras, fueron violadas durante las manifestaciones contra el régimen egipcio de Mohamed Morsi, el primer presidente electo democráticamente en 5.000 años de historia.
El Comité de Derechos Humanos del Consejo de la Shura (uno de los organismos legislativos de Egipto) dijo en respuesta a las denuncias que la culpa era exclusiva de las mujeres.
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“Saben que están entre matones. Tienen que protegerse ellas mismas antes de pedirle al Ministerio de Interior que lo haga”, dijo el general de la policía egipcia Adel Abdel Maqsoud Afifi. “Si se ven envueltas en esas circunstancias las mujeres tienen el 100 % de responsabilidad”.
Otras condenas para violadores de menores en el mundo
En 2015, el Tribunal Supremo de España revisó la doctrina para aplicar castigos más duros a los pedófilos. Los españoles aprobaron cadena perpetua revisable para el caso de los violadores que asesinen a sus víctimas, y vigilancia policial de 10 años después de que el abusador salga de la cárcel.
Además, se creó un registro de pederastas que incluye los datos identificativos y el ADN de los condenados por delitos sexuales en España (desde abuso sexual hasta acoso, prostitución y exhibicionismo).
En Francia, los condenados a más de 10 años de cárcel por delitos sexuales son vigilados por la policía tras salir de prisión, siempre y cuando un informe pisquiátrico advierta la posibilidad de reincidencia, y los violadores pueden decidir si quieren o no la castración química.
En Alemania, las personas con tendencias pederastas pueden someterse voluntariamente a la privación de la libertad para evitar el abuso de menores, además de que se les brinda inhibidores químicos para disminuir el deseo sexual. Unas 500 personas hacen parte de ese programa.
En Argentina, donde existe un registro nacional de violadores, sucede algo similar: la provincia de Mendoza puso en marcha un plan piloto para inyectar fármacos a los violadores y, si el caso es muy grave, pueden recurrir a la castración química. Y en cuanto a la prisión, un agresor sexual de menores puede pagar hasta 20 años de cárcel, aunque también se contempla la cadena perpetua para los violadores en serie.
En Perú y en Chile la prisión vitalicia puede aplicar a los casos más graves de violación, como cuando la víctima muere o es un niño.
Todos estos países tienen en común que han endurecido sus penas a violadores en los últimos años, pero en otros estados, como en México, el abuso sexual a menores no parece ser la preocupación más urgente.
Según la senadora mexicana Angélica de la Peña, en 25 de los 32 estados de su país no se considera delito grave el abuso sexual a menores, y los violadores pueden salir de la cárcel bajo fianza pagando multas que van de tres a 1.200 días del salario mínimo.
De hecho, en códigos penales como los de Baja California, Campeche, Durango y Sonora (todos estados de México), la acción penal contra los violadores se extingue si el agresor contrae matrimonio con la víctima.
Colombia, por su parte, tiene uno de los códigos penales más severos del continente para castigar la violación contra menores y mayores de edad. Esto, sin embargo, no evita que el 12 % de los niños colombianos hayan sido víctimas de abuso sexual ni que la Defensoría del Pueblo reciba cada año miles de denuncias por violencia de género (2.914 en lo que va del año).
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Si la amenaza de la cárcel al parecer no es suficiente, ¿quién protegerá a nuestros niños?
