El caso Odebrecht es un castillo de naipes para los más poderosas de Latinoamérica, pero en Perú ha ocasionado el mayor revuelo de la región. 8 pesquisas abiertas y más de 250 investigados por la Fiscalía, son el saldo que deja en dos años la revelación de los hechos de corrupción entre la constructora brasileña –que en ese país colabora con la justicia– y políticos y empresarios del continente.
Uno de los capítulos más álgidos de este escándalo finalizó ayer con la renuncia del fiscal General de Perú, Pedro Chávarry, quien desde el momento de su posesión en el cargo, en julio de 2018, fue criticado por sus presuntos nexos con los políticos que recibieron coimas de Odebrecht, esos mismos que el Ministerio Público investiga en el caso que se conoce como Lava Jato.
Dos fiscales encargados apartados de su cargo, multitudinarias protestas y un llamado de atención del presidente Martín Vizcarra fueron la receta para su dimisión.
El ocaso del fiscal General
El principio del fin de Chávarry empezó el 31 de diciembre, a cuatro horas de que comenzara 2019, cuando anunció que retiraría de sus funciones a los dos fiscales del caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes tenían en su despacho las investigaciones contra los políticos más poderosos del país que han sido salpicados.
Para dimensionar el tamaño de su trabajo, los nombres: los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011) quien buscó asilo en la embajada de Uruguay y le fue denegado; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien renunció a su cargo por estar vinculado al caso Lava Jato son investigados por los fiscales.
Además de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien tendría nexos con el ahora exfiscal. En diálogo con EL COLOMBIANO el pasado 4 de enero, Pérez aseguro que “Chávarry está implicado en las investigaciones contra la excandidata”. Testigos protegidos entregaron información que da cuenta de conversaciones en las que parlamentarios afines a la excandidata acordaban proteger a Chávarry en el cargo, a cambio de obstruir el trabajo del equipo de fiscales.
La ciudadanía marchó hasta el Ministerio Público para pedir su renuncia el 31 de diciembre, el presidente Vizcarra –quien estaba en Brasil para la posesión de Jair Bolsonaro– pidió al Congreso declarar el estado de emergencia en la Fiscalía y regresó al país para atender el caso al día siguiente, el Colegio de Abogados de Lima lo suspendió por cuatro meses y Vela y Pérez recibieron el apoyo del que él carece: el del pueblo.
Fue tal la presión que Chávarry tuvo que reintegrarlos a sus cargos. Una tormenta que solo apagó con su dimisión.
Retiro de un fiscal “limpio”
“Como demócrata con una trayectoria impecable en la impartición de justicia, con mis cuarenta años de incuestionable labor (...) he decido por respeto a mi institución, el amor a Dios y a mi familia, dar un paso al costado”, así finaliza la carta con la que Chávarry presentó su renuncia.
Sin embargo, sus labores como juez no terminan. Según reseñó el diario El Comercio, estará al frente de la Fiscalía Suprema Civil, en calidad de fiscal supremo.
Entonces, mantendrá su voz y voto en los asuntos de la Fiscalía y hasta podrá participar en la elección de su sucesor, por lo que el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, señaló a la emisora local Santa Rosa: “hay que ver desde dónde puede ejercer un nivel de influencia sobre lo que han sido sus propias relaciones de jerarquía y el ejercicio de poder”.
La tormenta Chávarry
Jorge Aragón Trelles, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, señala que Perú no vivía una crisis de esta magnitud desde la renuncia del Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 tras estar salpicado en Lava Jato. “Pareciera que finalmente se consigue algo, pero no se resuelve la crisis de la Fiscalía ya que hay varios fiscales supremos acusados de pertenecer a redes de corrupción. Es un paso importante, pero la crisis se mantiene porque no hay mecanismos para sacarlo”, señala Aragón.
Sin embargo, en el caso de Perú hay un elemento particular: el presidente y la ciudadanía marchan en sintonía para pedir el fin de la corrupción. Y es que Vizcarra ha sido clave en la consolidación de las condenas a los corruptos. Al respecto, el analista señala que este caso “ha devuelto esta sensación de que la ciudadanía puede expresarse políticamente y forzar a un cambio. Además, hubo sintonía con un presidente que se ha comprometió con la lucha contra la corrupción”.
Durante los próximos dos meses la jueza Zoraida Ávalos (ver recuadro) estará a la cabeza de la Fiscalía, a la espera de un sucesor definitivo de Chávarry. Según El Comercio, Ávalos tiene una trayectoria transparente e incluso se negó a participar en el acto de investidura del exfiscal.
