Muchos brasileños pensaron que con la salida de Dilma Rousseff del poder, las tramas de corrupción serían en poco tiempo asunto del pasado. Este miércoles se demostró lo contrario, tras la decisión que tomó el Supremo Tribunal Federal (STF) de dicho país. Ordenó investigar a ocho ministros del gabinete del centroderechista Michel Temer, por sus presuntos vínculos en el caso Lava Jato.
Se trata de Aloysio Nunes Ferreira (Psdb), ministro de Exteriores; Blairo Maggi (PP), ministro de Agricultura; Bruno Araújo (Psdb), ministro de Ciudades; Eliseu Padilha (Pmdb), ministro-jefe de la Casa Civil; Gilberto Kassab (PSD), ministro de Ciencia y Tecnología; Helder Barbalho (Pmdb), ministro de Integración Nacional; Marcos Pereira (PRB), ministro de Industria y Comercio Exterior; y Moreira Franco (Pmdb), ministro-jefe de la Secretaría General.
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De hecho, los ocho ministro forman parte de una “lista negra” de 70 imputados por el magistrado Luiz Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en el Supremo, que le fue entregada previamente por el fiscal de la República, Rodrigo Janot.
En esa lista figuran también los presidentes de las dos Cámaras (Rodrigo Maya y Renan Calheiros), y tres gobernadores de Estados, Renan Filho (Alagoas), Robinson Faria (Rio Grande do Norte) y Tião Viana (Acre).
Tal como informó EFE, con el aval de la máxima Corte, la investigación pasará de nuevo a manos del Ministerio Público, que decidirá si presenta o no una denuncia ante el Supremo. Este, a su vez, tendrá la responsabilidad de aceptarla -y procesar a los investigados- o archivarla.
Según un estudio de la Fundación Getulio Vargas (FGV), el índice de condenas de procesados en el STF es inferior al 1 %, lo que ha ofrecido a los encausados una sensación de impunidad contra la que el Supremo deberá luchar en medio de la creciente presión de la sociedad para ajusticiar a los corruptos
