La incertidumbre en Nicaragua no cesa desde el pasado miércoles 18 de abril, cuando comenzaron las protestas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Dos meses y diez días de manifestaciones dejan hasta ahora a 285 personas fallecidas, entre las que se encuentran civiles, periodistas e incluso menores de edad. Y, aunque la Iglesia ha intentado mediar al diálogo, llegar a un acuerdo parece aún un futuro lejano.
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“Ser mediadores y testigos no quiere decir que seamos insensibles, que seamos ciegos y que no veamos la muerte, la represión y el miedo de la gente. Una cosa es ser mediador en el diálogo y otra cosa es que nos quieran neutrales frente al sufrimiento del pueblo”, así lo aseguró Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y líder de la mesa negociadora. Y señalo que, aunque la Iglesia es mediadora de un lado, sigue siendo pastora del pueblo de Nicaragua.
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El obispo ha sido una de las voces más fuertes que, si bien está en contra del gobierno de Ortega, ha reiterado la importancia del diálogo para encontrar una salida al conflicto. Pero mientras la crisis social aumenta y los problemas no se resuelven, a Nicaragua llegan nuevas situaciones amenazan la estabilidad del país.
Recientemente el CIDH presentó un nuevo informe sobre la violación a los derechos humanos en medio de las protestas. Durante una intervención en Ginebra, Paulo Abrao, ejecutivo de la comisión, aseguro que observaron un “alto grado de represión ejercido por las autoridades a los estudiantes de las universidades. Hay testimonios que hablan del uso de francotiradores”. Según los estudios, un alto porcentaje de las víctimas mortales tienen entre 16 y 18 años.
Nicaragua, en la mira
El pasado martes Naciones Unidas comenzó una visita al país con el fin de “mantener presencia in situ durante el tiempo que sea necesario y observar la situación de derechos humanos”. Este sería el segundo organismo internacional que alerta sobre la crisis social, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciara las violaciones a los derechos de la sociedad civil.
Además, Estados Unidos anunció un nuevo pliego de sanciones contra funcionarios nicaragüenses que incluyen la revocación de visas a más funcionarios públicos y personas relacionadas con la represión de las protestas que han propiciado la violación de los derechos humanos. Laura Dogu, embajadora de EE.UU. en ese país, aseguró que el gobierno sigue “usando violencia para reprimir protestas pacíficas, seguiremos revocando visas de los responsables”.
Tres semanas atrás, el 7 de junio, el gobierno de Donald Trump había anunciado las primeras sanciones para los funcionarios nicaragüenses. nicaragüenses. Washington exigió además a Ortega que convoque elecciones anticipadas al considerar que esa es la única vía posible para salir de la situación actual. Esta misma petición la había hecho la Iglesia.
La economía también agrava la situación. El diario de ese país La Prensa anunció que el gobierno de Daniel Ortega dejará la economía al borde de la caída este año. Desde que comenzaron las protestas el crecimiento del Producto Interno Bruto ha estado entre 0.5 y 1.5 %.
