El gobierno de Mauricio Macri suma otra crisis que lo deja en su peor momento desde que asumió la presidencia de Argentina en 2015.
Además de los sindicatos protestando en las calles de Buenos Aires y otras ciudades por su programa de impuestos y austeridad, y con un peso devaluado al 20 % desde diciembre de 2017, acudió ayer al Fondo Monetario Internacional (FMI), a pedir un préstamo de 30.000 millones de dólares, y así paliar la amenaza de una debacle económica que despierta en los argentinos el amargo recuerdo del “corralito” de 2001, una medida económica impuesta por el Gobierno de Fernando de la Rúa, que buscaba evitar que el dinero se fuera de Argentina y por lo tanto, cada ciudadano no podía sacar más de 250 pesos a la semana del banco.
“Somos de los países que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo”, anunció Macri.
Viejos fantasmas
De inmediato numerosos sectores políticos del país expresaron su desconfianza. “Esto de que hay un Fondo más bueno y confiable no me lo creo, siempre pide ajuste. Esto que anunciaron tiene reminiscencias al blindaje de 2001 de De La Rúa, aunque no son las mismas condiciones”, dijo al diario Clarín Miguel Pichetto, jefe del Partido Justicialista (izquierda) en el Senado.
Sobre el tema, Vicente Palermo, experto del Centro de Investigaciones Políticas (Cipol) de Argentina, explicó:
“No se puede saber aún la reacción de una parte muy importante de la opinión pública. Lógicamente la mayoría de los argentinos ven con mucha reserva esa decisión, porque el FMI tiene una pésima imagen en este país, vinculada a una historia dramática de ajuste que remonta a la década de los 80 y que naturalmente tuvo su peor episodio en la crisis de 2001. Pero aún puede haber comprensión de que este camino es necesario en un panorama de peligro financiero”.
No obstante, Danilo Menant, docente de la Maestría en Comercio Internacional de la Universidad del Salvador, señala un grave obstáculo:
“Mientras que el gobierno intenta solucionar su problema de liquidez y la divisa nacional aún no responde a sus medidas, la cuestión política ya era compleja. El espectro democrático ya era contrario a las reformas de austeridad de Macri, y de hecho las protestas contra su plan de alza en las tarifas públicas continúan. En el Congreso el oficialismo no tiene mayoría, por lo que el gobierno podría verse impedido para implementar su estrategia para salir de esta crisis”.
