Miguel Arroyo, abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori, apeló la anulación del indulto a la condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad que el exmandatario gozaba desde la Navidad del pasado año, cuando fue liberado de estos cargos por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El recurso de apelación fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Perú horas después de que su Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Hugo Núñez, anulara el indulto y ordenara la captura de Fujimori para devolverlo a prisión.
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Arroyo cursó la apelación después de haberse reunido con Fujimori en su domicilio, situado en una exclusiva urbanización de Lima. A la salida del encuentro con Fujimori, Arroyo argumentó que el juez Núñez no está capacitado para valorar la idoneidad de las razones médicas que motivaron la concesión del indulto.
La sentencia sostuvo que el indulto es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, “de la que forma parte el Estado peruano”. Asimismo, halló irregularidades en la tramitación del indulto al no cumplir exigencias legales ni ser transparente en la evaluación de la junta médica que determinó la excarcelación del expresidente.
Sobre la junta médica, consideró que “sorprende la celeridad con que fue procesada dicha solicitud” y advirtió que no cumplió los principios de imparcialidad y debido procedimiento, además de sobrepasarse en sus atribuciones y extralimitarse en sus funciones.
La resolución del indulto firmada por Kuczynski argumentaba que Fujimori padecía una enfermedad grave, degenerativa y no terminal, aunque no especificaba cuál. El indulto fue concedido bajo sospechas de ser un acuerdo político, pues Kuczynski indultó a Fujimori solo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de un pequeño grupo de congresistas fujimoristas liderado por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, que le había pedido en reiteradas ocasiones liberar a su padre.
Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti durante el “autogolpe” de Estado de 1992.
Al expresidente, cuyo indulto ha durado nueve meses y siete días, le queda por cumplir 14 años de esta condena que finaliza en 2032 y que hasta el momento del indulto purgaba en una prisión construida expresamente para él, con una celda con tres ambientes y atención médica permanente.
