Desde el momento en el que se hizo público el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, los enfrentamientos armados en los territorios de los comuneros se intensificaron, lo que ha dejado, según la Organización Nacional Indígena Colombiana, ONIC, "un número lamentable de víctimas".
En el informe presentado por la ONIC, en el 2012 hubo 104 homicidios "los cuales fueron el resultado de asesinatos selectivos, víctimas de minas antipersonal o municiones sin explotar, combates entre grupos armados legales e ilegales y otras razones".
A esta situación se suma el desplazamiento forzado, atribuido por la ONIC a los combates entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales, "acciones violentas por parte de grupos paramilitares, bombardeos, presencia y accidentes de minas antipersonal, restricciones a la libre movilidad, estigmatización e incursiones armadas". Mientras que en el 2011 salieron de sus territorios 5.327 personas, en el 2012 se desplazaron 12.304".
El secretario de Gobierno de Toribío, Miller Correa, quien fue gobernador indígena, explicó que en los territorios el conflicto se ha agudizado y los más afectados son los niños y las mujeres.
"Muchas de nuestras mujeres han sido utilizadas por la misma Fuerza Pública y la guerrilla. Unas fueron asesinadas y señaladas como informantes del Ejército por la guerrilla. Muchos de los niños fueron víctimas de las minas", precisó Correa.
Para el año 2012, de las 27 víctimas de minas antipersonal reportadas de las comunidades indígenas, 11 corresponden a niños entre 9 y 18 años. Se registraron 15 eventos que dejaron 27 víctimas, de las cuales 10 fallecieron. Los afectados se registraron en Nariño (9); Cauca (7); Valle del Cauca (5); Putumayo (3); Córdoba (2) y Meta (1).
Correa afirmó que mientras en La Habana se negocia con las Farc, en Colombia, específicamente en el norte del Cauca, "la guerrilla tiene contra las comunidades indígenas un plan de exterminio cultural, y político y económico. Por otro lado, el mismo Gobierno, mediante organizaciones como la OPIC, buscan confundir a las comunidades y convertirlos en una organización del lado del Gobierno".
Sigue el reclutamiento
Una de las situaciones que más denuncian y padecen las comunidades indígenas en el país es el reclutamiento de los menores de edad por los grupos armados ilegales.
Para el gobernador indígena del resguardo de Toribío, Marcos Yule, el conflicto que se vive ahora no ha cambiado. Aseveró que lo que más afecta a la población es el reclutamiento de los menores de edad y la falta de respeto a la autonomía del territorio.
"En nuestros sitios sagrados siguen los armados. Además la violación al derecho a la vida. Si no se hace el acuerdo de paz estos armados seguirán en nuestro territorio".
Uno de los asuntos que más preocupa en los últimos meses a la ONIC es el incremento de las amenazas, especialmente contra indígenas que tienen alguna posición de liderazgo. El año pasado hubo 32 intimidaciones individuales y colectivas, que dejan aproximadamente cuarenta y nueve (49) víctimas.
El vocero de la ONIC, Juvenal Arrieta, manifestó que es necesario que los grupos armados entiendan que los indígenas quieren vivir en paz y esta es la razón para exigirle una vez más a los actores del conflicto que los dejen por fuera de la guerra.
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