Durante 581 días el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama guardó silencio sobre la incapacidad jurídica de Rentas Departamentales para sancionar al “Diputado que se baño en ron de la FLA”. Esa impunidad salió a la luz pública, gracias al seguimiento que del caso ha realizado el periódico El Colombiano y solo fue informada oficialmente por el gerente de Antioquia Legal, Rubén Fernández, el pasado 28 de marzo de 2014.
El asunto se relaciona con Jorge Alberto Hernández Quiñónez, quien como secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social en el gobierno de Luis Alfredo Ramos Botero, recibió de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) un total de 12.124 botellas de ron y aguardiente. Ese licor, según le dijo el político al gerente de la FLA, Andrés Isaza Pérez (2008-2011), era para repartir en los cabildos y encuentros de Ramos con líderes comunitarios. De la cantidad anotada, 11.334 unidades se las dieron en un solo año, el 2010.
El 1 de junio de 2011, cuando Hernández Quiñónez buscaba los votos para llegar a la Asamblea Departamental, Rentas y la Polfa le hallaron en su sede política 2.364 medias de ron. Esa fue la prueba principal en su contra, porque Rentas probó que ese cargamento formaba parte de lo que al exsecretario le habían dado como servidor público de Ramos. Por eso, se abrió en su contra el proceso 0510 de 2011 y luego se le impuso una multa 1 millón 606.800 pesos.
Durante la defensa del actual diputado y expresidente de la Comisión de Ética de la Asamblea de Antioquia, se argumentó que el ron estaba almacenado en la empresa Liderar Ltda, versión que fue desmentida por la Secretaría de Participación Ciudadana del gobierno de Fajardo, al afirmar que dicho servicio de bodegaje no se había contratado.
Hernández Quiñonez fue socio fundador de Liderar Ltda, en esas oficinas tuvo su sede política y cuando fue secretario de despacho le otorgó cinco contratos.
No obstante, por errores cometidos durante el proceso adelantado en Rentas -incluyendo el no haber colocado la fecha de notificación del pliego de cargos- el diputado demandó y presentó una solicitud de conciliación con el Departamento de Antioquia, la cual fue admitida el 10 de agosto de 2012 por el Procurador 111 Judicial. Antes de que se realizara la audiencia, el director de Rentas expidió la Resolución 058006, del 24 de agosto de 2012, dejando sin efecto todos los actos administrativos cuya nulidad había solicitado Hernández Quiñónez. Es decir, Rentas enterró con esa resolución la posibilidad de sancionar al exsecretario de Ramos Botero.
A pesar de que con ello quedaba limpio, el diputado advirtió que mantenía sus pretensiones, “ya que no quedo satisfecho con el comportamiento jurídico de la entidad pública”. Ese comportamiento también llamó la atención de la Juez 24 Administrativa de Oralidad. Primero, porque el Departamento había enterrado el proceso por fuera del trámite prejudicial administrativo que se había iniciado, o sea la conciliación. Y, segundo, porque aunque podía legalmente hacerlo, dijo la juez,“no deja de ser inusual que dicha determinación se adopte de esa manera a sabiendas, incluso, que la práctica administrativa permite evidenciar que las entidades públicas no suelen enmendar sus yerros jurídicos o aceptarlos llanamente”.
Al final de cuentas, el caso se cerró, pero no por voluntad del Departamento de Antioquia, sino por la orden de la citada juez, que el 20 de noviembre de 2012 aprobó la conciliación prejudicial solicitada por el diputado y el archivo del respectivo expediente. Obrando en consecuencia, el 18 de diciembre de 2012 el director de Rentas Departamentales expidió una nueva resolución, la número 068584, que revocó todo lo actuado contra Jorge Alberto Hernández Quiñónez.
Se minimizaron riesgos: Gobernación
El fallido proceso contra el diputado Hernández Quiñónez reveló varias falencias jurídicas en el trabajo que venía desarrollando Rentas Departamentales. Tanto, que desde 2012 se advirtió en la administración departamental de riesgos legales, asociados, por ejemplo, a las contradicciones entre el Estatuto de Rentas y el manual de funciones del profesional de sustanciación; confusión en las competencias del director de Rentas y las del profesional universitario en los procesos administrativos; y el ingreso a viviendas, peluquerías y hasta ferreterías, sin llevar las respectivas órdenes de registro.
Sobre el riesgo jurídico y, en particular, sobre los procesos contravencionales que se podrían caer en Rentas Departamentales, este diario consultó la opinión de Rubén Fernández, gerente de Antioquia Legal, quien, junto con la secretaria de Hacienda del Departamento, María Eugenia Escobar, respondió que aunque siempre existe la posibilidad de que los contraventores utilicen las herramientas jurídicas en su defensa, “hoy la Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda tiene minimizados los riesgos que se pueden presentar en los procesos contravencionales que se encuentran a cargo del Área de Sustanciación”.
Ambos funcionarios expresaron que en enero de 2012 Sustanciación contaba con 4 personas y un acumulado de 4.860 procesos contravencionales iniciados entre 2008-2011. Para luchar contra la evasión, elusión y fraude en las rentas del Departamento de Antioquia, se creó la “Estrategia de control de las rentas como fuente de inversión social”. Sustanciación se reforzó con 8 personas, que entre 2012 y lo corrido de 2014 iniciaron 2.398 procesos adicionales. Eso arroja un total de 7.258 procesos, de los cuales se han terminado 5.105. Quedan en trámite 2.153 y la promesa de Rentas es que en junio de este año quedarán finiquitados aquellos que comenzaron en 2012.
Así mismo, con la creación en 2013 de la Unidad Jurídica en la Dirección de Rentas se analizaron todos los procesos vigentes y se tomó la decisión de cesar en forma preventiva 11 por fallas insubsanables en el procedimiento. De ellos, 6 se habían iniciado en 2010, 4 en 2011 y 1 en 2013 “y se tomaron los correctivos necesarios para evitar que se vuelvan a presentar. Hoy los grupos operativos de control, que son ejemplo a nivel nacional, han recibido la capacitación suficiente para actuar de manera correcta”.
Entre otras medidas, Fernández y Escobar resaltan mejoras en los sistemas de información, alertas para evitar el vencimiento de los términos y garantizar el debido proceso; se definió con claridad que la competencia para emitir los actos sancionatorios la tiene el director de Rentas y, por último, ya está listo el nuevo Estatuto de Rentas, un proyecto que será llevado por el gobierno de Sergio Fajardo a las sesiones de la Asamblea en junio y julio.
Como indicador de lo afortunados que han sido esos correctivos, la Gobernación de Antioquia menciona siete fallos de tutela que le fueron favorables en los dos últimos años y en los que los procesados alegaban posibles errores o violaciones al debido proceso. Para Fernández y Escobar, “lo anterior ratifica que las actuaciones de la Dirección de Rentas se encuentran ajustadas a la norma y que no estamos frente a la violación del derecho fundamental al debido proceso”.
