Aunque fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo, el Estado es un ente tan necesario como peligroso. Tanta fuerza acumulada en uno solo es un riesgo inaceptable en las sociedades contemporáneas. Para poner límites al poder y garantizar la vigencia tanto de la ley y el estado de derecho como de los derechos y libertades ciudadanos, en el Estado moderno las funciones legislativas y judiciales están en cabeza de entes diferentes, autónomos e independientes al Ejecutivo. Al Leviatán feroz se opone la separación del poder público como única garantía real para el ciudadano. Como consecuencia, las decisiones judiciales, sea cual fuere su contenido, deben acatarse y cumplirse.
Pero no es menos cierto que en Colombia el sistema judicial ha perdido la confianza ciudadana. En la última encuesta de Gallup la opinión favorable es apenas del 21 % y la desfavorable del 74 %. En la de Ipsos, el 78 % no confía en la justicia y el 70 % no lo hace en las altas cortes.
Además de su exasperante lentitud, su prepotencia y su distancia del ciudadano de a pie, y de la corrupción de la administración de justicia, también ayudan a la caída en picada dos hechos notables. El primero es su politización. La ciudadanía percibe que las sentencias se emiten al tenor de las simpatías ideológicas y políticas de los magistrados y no con base en el derecho. Por eso, y es solo un ejemplo, a pesar de las pruebas demoledoras consignadas en los computadores de las Farc, "Teodora" está libre y, en cambio, con base en testimonios endebles y cuestionables están privados de la libertad militares y políticos de centro derecha. La sensación de una deriva izquierdista del sistema judicial es creciente.
El segundo es la usurpación que hace la Corte Constitucional de las funciones propias del Congreso. La Corte se ha dedicado a legislar en temas de aborto, uso de sustancias adictivas y matrimonio, entre otras muchas materias. Si no le gusta lo que el Congreso decide, lo borra de un plumazo y reescribe la norma. Y con el pretexto de las "columnas vertebrales" de la Constitución del 91, decide como se le antoja sobre el contenido de las modificaciones constitucionales.
Ahora una mayoría endeble tumbó la reforma del fuero penal militar por un supuesto vicio de forma, alegando que los debates en la Comisión Primera de la Cámara y en la Plenaria habían sido simultáneos. Sin embargo, en palabras de un magistrado de esa misma corte, sus colegas se "inventaron" un vicio que "la jurisprudencia nunca había reconocido", basados apenas en "indicios ilógicos y subjetivos". Y agregó que el supuesto vicio nunca existió y que si hubiese existido sería subsanable.
Para rematar, hay prueba de que el debate duró seis horas e intervinieron 22 de los 29 representantes, el presidente de la Comisión dejó constancia antes de levantar la sesión de que "aunque ya se abrió el registro [de representantes] en la plenaria de la honorable Cámara, la sesión formalmente no se ha iniciado porque el señor Presidente no ha dado apertura a la misma" y hay videos que muestran que la votación en la Comisión se realizó antes de que empezara la plenaria de la Cámara. Así que sí, la mayoría se inventó un vicio de la simultaneidad para tumbar la reforma.
El mensaje contra la Fuerza Pública es desmoralizador y más en momentos en que el Gobierno pretende que los bandidos no paguen ni un día de cárcel por sus crímenes. Y contra el Congreso es quizás peor: tumbarán a cualquier costo la norma que nos les guste, incluso mintiendo.
La independencia y la autonomía de la Rama Judicial son fundamentales para la democracia. Pero su abuso la pone en serio peligro. Los jueces también tienen que ajustarse al derecho, incluso más que los otros funcionarios, porque su tarea constitucional es precisamente esa, la de defender el orden jurídico. Y no pueden comportarse como el todopoderoso capataz de la finca. En democracia el gobierno no es de los jueces, sino del pueblo
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