Los grupos armados organizados que todos están llamando bacrim son heterogéneos y no responden a una sola lógica. El fenómeno no es simple y la declaratoria retórica de guerra contra estos grupos no los extinguirá. La captura de sus cabecillas tampoco. La cadena de sucesión es larga y la estrategia oficial puede estar generando más violencia.
Es necesario comprender las raíces de cada uno de estos grupos, entender su estructura, comprender la naturaleza voluble de sus relaciones y analizar su evolución. Dedicaré una serie de columnas a estos problemas. Dadas las implicaciones negativas frente a la legitimidad del Estado, la primera abordará los vínculos continuados de algunos de estos grupos con el aparato estatal.
Un primer aspecto que condiciona la comprensión que se tenga sobre estos grupos, es que muchos son la continuidad de grupos paramilitares. La desmovilización paramilitar fue un proceso calculadamente imperfecto e incompleto. La ausencia de control oficial sobre la desmovilización facilitó que los paramilitares usaran las ceremonias de entrega como dispositivo de escondite de personas y estructuras enteras. De esta manera, lograron que sus reservas estratégicas nunca fueran identificadas.
Con esto no quiero afirmar que el fenómeno actual es igual al que veíamos bajo la bandera de las AUC. Lo que destaco es que hay continuidad en la dinámica y en algunas de las personas. Es equivocado utilizar la desmovilización paramilitar para proclamar un quiebre con el pasado y hablar de un fenómeno nuevo.
No reconocer la continuidad llevaría a anular uno de los elementos que será de más difícil combate: los vínculos con servidores públicos. Uno de los elementos determinantes de algunos de los grupos armados organizados que hoy controlan territorio y mercados es su relación con miembros de la fuerza pública y las élites locales.
Desde hace décadas, la delegación de funciones de seguridad hace parte de la manera como las fuerzas policivas y militares cumplen su rol en el territorio nacional. La delegación de estas funciones se da bajo argumentos de necesidad o son el resultado de transacciones de conveniencia.
Cualquiera que sea la razón de la delegación, el resultado implica una transferencia de la autoridad y del control sobre la violencia organizada a agentes particulares y, consecuentemente, una pérdida cualitativa del ejercicio de la soberanía por parte del Estado y la introducción de formas arbitrarias de control social.
La delegación de la seguridad a sectores privados y bajo modalidades irregulares importa elevados riesgos de desvío de poder y aprovechamiento particular, tanto en el campo político como económico. Estos riesgos son, particularmente, patentes en el nivel local, en regiones rurales apartadas como en zonas urbanas marginales.
Al igual que las tradicionales estructuras paramilitares, estos grupos armados organizados (como los Urabeños o los Rastrojos) son utilizados en algunos contextos regionales (no en todos) para brindar la seguridad en el nivel local y en el marco de ciertas operaciones económicas para asegurar el cumplimiento de las normas de transacción.
La naturaleza irregular de los grupos facilita su inserción en la realidad local, como defensores de un orden o un régimen, en el cual confluyen intereses de seguridad (por delegación) con intereses locales, tanto lícitos como ilícitos. Así, su accionar es utilizado para regular sistemas económicos que no están protegidos por el monopolio de la fuerza del Estado y para controlar a las personas en ciertas zonas del país.
Al igual que es cierto que hay vínculos estatales como los que describo, también es cierto que otros grupos (también denominados bacrim en el discurso oficial) sostienen relaciones con las fuerzas armadas insurgentes. Y aquí mi punto inicial: no es conveniente ni adecuado meter todo en el mismo saco. La nueva denominación es imprecisa y conduce a equivocaciones. No es lo mismo combatir a un grupo que está al servicio de las Farc que combatir a otro que goza de apoyos oficiales.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
