Son al menos 140 candidatos, de 14 partidos, los que en el Valle del Cauca se disputan 13 escaños a la Cámara de Representantes. Aunque todas las colectividades están contando votos en las laderas de Cali y en municipios como Jamundí, Buenaventura y Palmira, una de las pujas más intensas se vive por quitarle votos al Partido de la U.
Vale la pena decir que la actual gobernadora, Dilian Francisca Toro, llegó con el apoyo de esta colectividad y con el respaldo de 513.366 votos y que además, la U tiene 13 alcaldes y el manejo de entidades descentralizadas. Su senador más votado es, Roosvelt Rodríguez, se ganó una curul, literalmente, por el guiño de la gobernadora.
Por eso, uno de los partido que espera no ceder terreno es el Centro Democrático, pues en las pasadas elecciones se quedó con una curul que hoy tiene el representante Carlos Cuero, nativo del Distrito de Aguablanca, Cali. Mientras que en el Senado tuvieron a Susana Correa quien no regresará al Capitolio.
Pero el problema en el Valle del Cauca no es solo en el político-electoral. La situación de riesgo, alertó la Misión de Observación Electoral (MOE), está estrechamente ligada con el tema de seguridad.
Alejandro Sánchez, coordinador de esta organización en la región, sostiene que la desarticulación de estructuras criminales hizo que sus integrantes se volcaran a las ciudades fomentando la inseguridad, lo que se ha convertido en el principal riesgo. Incluso, Cali y Buenaventura se encuentran en alerta extrema, según la MOE.
Óscar Duque, politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, coincide con esa apreciación. “Para nadie es un secreto que la violencia en Cali y en Jamundí, Buenaventura, Yumbo, y en muchos otros municipios se convirtió en un problema real”, dijo.
En siete municipios de la región, durante 2017, hubo 10 asesinatos de líderes políticos, sociales y comunales, por lo que están prendidas las alertas.
Además de la violencia, otros factores como la debilidad institucional del Consejo Nacional Electoral, el acceso a los puestos de votación, la participación política de los funcionarios para quienes está prohibida, la trashumancia electoral proveniente de Venezuela, la influencia de las disidencias de la Farc, las economías ilegales y hasta las noticias falsas, representan un riesgo.
La politóloga Rosalía Correa dice que también es preocupante la agresión entre los candidatos. “Nos hemos acostumbrado a tener el gallo de pelea debajo del brazo y es preocupante porque hemos llegado a un tipo de intolerancia muy alto. Que a usted le digan ‘castrochavista’ por pensar distinto ya es un riesgo”.
Además de combatir la delincuencia e inseguridad, los analistas sostienen que son varios los retos que enfrenta el Valle en estas elecciones.
Para Correa, el primero es la convocatoria a votar. Cree que la participación en estas elecciones va a ser una de las más bajas porque la gente siente mucha animadversión por los candidatos actuales y el clima político. “Ellos piensan que no votar es una forma de protestar”, explica.
Indica que incluso los políticos acostumbrados a las grandes maquinarias tendrán que mover dinero o van a obtener una votación baja, porque ahora hay menos recursos por parte de los empresarios quienes ya no se comprometen “de manera dedicada como antes”. También advierte sobre la calidad de propuestas y trabajo de los aspirantes, “porque son contados los candidatos por los que se puede votar. No hay calidad”.
En este sentido, el politólogo Duque dice que, por ejemplo, Cali es una de las ciudades más importantes del país, pero es la última en la que piensa el Gobierno para implementar sus planes. “Los problemas de movilidad, infraestructura e inseguridad se han venido resolviendo en otras ciudades, uno lo que le pediría a los congresistas que luchen, más que por sus propios intereses, por establecer cómo catapultan a Cali y al departamento”.
