Las diferencias entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador, Alejandro Ordóñez, por el manejo del proceso de paz con las Farc no cedieron ni con el reciente encuentro entre ambos.
Sus posiciones encontradas reflejan la polarización en el país entre partidarios y críticos de los diálogos frente a temas polémicos y sensibles que se discuten en la mesa de negociaciones con la guerrilla.
El clímax de sus diferencias políticas y jurídicas frente a la insurgencia se dio la semana pasada con la publicación de 45 preguntas que recoge las advertencias y preocupaciones del Procurador sobre el curso del proceso en Cuba y que, según el jefe del Ministerio Público, el presidente Santos no responde.
Los interrogantes se consideraron como un escarnio público del Procurador tras un cruce de fuertes declaraciones con el mandatario, luego de que Santos le pidiera “dejar de hacer política y de meterse en el proceso de paz, que eso es una responsabilidad mía”.
La molestia del Jefe de Estado se originó por un comunicado del Procurador, en el que se declaró “perplejo” por las nuevas funciones “pedagógicas” en unidades militares en Colombia de los generales (r) Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo, que obligaban su ausencia en la mesa de conversaciones de La Habana.
El cruce de palabras entre ambos generó un llamado al “respeto y a dar ejemplo” a los dos funcionarios por parte de dirigentes políticos.
Las grandes discrepancias se dan por la justicia transicional y penas alternativas (sin cárcel) que el Gobierno propone aplicar a los guerrilleros, la participación política de desmovilizados, posibles reformas institucionales y militares y derechos de las víctimas.
Analistas revisaron para El Colombiano la pertinencia de los cuestionamientos hechos por Ordóñez a Santos.
