Dos plantones en 600 hospitales públicos del país; alerta amarilla en Valle del Cauca y Santander por la crisis financiera que enfrentan las clínicas más grandes; advertencias de la Contraloría en Magdalena por un déficit de 67.000 millones de pesos en la red pública hospitalaria y amenazas de paro en los principales centros asistenciales de Cartagena. Así han visto los colombianos la situación del sector salud en las últimas semanas.
La mayoría de reparos tienen que ver con la deuda de las EPS con los hospitales públicos, que alcanza, según la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (Achc), los 5,3 billones de pesos. La deuda es antigua y los problemas de los hospitales públicos tampoco son recientes.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha enfrentado esta crisis desde varios frentes. Ha anunciado planes financieros a corto y mediano plazo para apaciguar el déficit de la red hospitalaria. Paralelamente ha buscado a los gerentes de las principales EPS del país y de los hospitales públicos para llegar a un acuerdo. El viernes pasado, en el Country Club de Medellín, Gaviria sostuvo una reunión con algunos secretarios de salud y con representantes de Sura, Coomeva, Savia Salud, entre otros. EL COLOMBIANO habló con el ministro después de la reunión.
¿Cuáles son las conclusiones de la reunión?
“Es la segunda reunión que tenemos con los principales aseguradores del departamento. Suscribimos un acuerdo que parte de una premisa fundamental: este es un tema que tenemos que resolverlo todos, hay que trascender los diagnósticos más superficiales; aquellos que presentan la problemática de la salud como un enfrentamiento entre un bueno y un malo”.
No vino nadie de Aesa, tampoco los gerentes de los hospitales....
“Creo que tienen que entrar en el diálogo. La voluntad es que estén aquí. Se lo digo como observador: a mí me parece paradójico que el esfuerzo importante de Savia Salud sea bombardeado por la IPS Universitaria, que es una IPS pública que hace parte de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo así que se juntan el departamento y el municipio a resolver un problema tan difícil como el aseguramiento del régimen subsidiado y son las mismas empresas públicas las que de alguna manera conspiran contra esto? Puede verlo de esta manera: queremos tener un cese bilateral en el sector salud. Por eso es importante que se unan”.
¿Qué pasará con la deuda de Comfenalco?
“La buena noticia es que con Comfenalco hay un acuerdo para que pague 150.000 millones de pesos este año”.
Para las otras deudas usted anunció un plan de choque...
“Este es un problema que tiene tres momentos: presente, pasado y futuro. Pasado son las deudas acumuladas, presente los recursos que necesita el sector, sobretodo en el presupuesto del año entrante, y futuro es el escenario de la ley estatutaria, en donde el sector salud seguramente va a necesitar más plata. Para el futuro planteamos la propuesta de fuentes de financiamiento con impuestos a bebidas azucaradas, al tabaco y con mayores controles a los precios de los medicamentos”.
¿Qué pasa con las deudas acumuladas?
“Hemos implementado algunas medidas, como la subcuenta de garantías, la nueva compra de cartera y la liberación de recursos a través de las cajas de compensación. Savia Salud, por ejemplo, tiene deudas que superan los 200.000 millones de pesos. Estamos viendo qué papel puede jugar el departamento. Hay 30.000 millones de pesos que le debe el Ministerio de Hacienda al departamento, la idea es que el departamento se la transfiera directamente esos recursos a Savia. Estamos buscando compromisos”.
La crisis financiera de los hospitales ha salido a la luz con las últimas protestas. ¿Se ha agravado la situación?
“Estamos en un período electoral donde los gerentes de los hospitales públicos están empezando a pensar en marzo del próximo año, cuando se cumplen sus períodos de gestión. Todos quieren mostrar buenos resultados y empiezan a decir: ‘me tienen que pagar todo lo que me deben’. Esto figura ante la opinión pública como si tuviéramos un problema del presente cuando lo que se están sacando a relucir son problemas de 10 o 12 años atrás”.
¿Tiene algún ejemplo?
“En Santander hay una deuda de Caprecom que vamos a resolver, pero también hay un problema muy viejo por unas deudas de la EPS Solsalud. Cuando se comienza a hablar de crisis llega un gerente de algún hospital y levanta la mano para que le paguen lo de Solsalud. Y este es un tema complejo porque hubo corrupción en el departamento. Es un problema del pasado, de 10 años de malos manejos. No lo podemos resolver inmediatamente. Nos tocó intervenir el hospital San Jerónimo en Montería, donde la historia no es una historia de crisis en el sector salud sino una historia de corrupción y clientelismo en un hospital público. En Santa Marta es parecido, en Sincelejo es parecido”.
Estos acuerdos que se están firmando pueden contrarrestar las movilizaciones...
“Soy un demócrata radical. Creo que la movilización es importante. Pero creo que lo que no puede pasar es que estas movilizaciones lleven a tener un mal diagnóstico y que esto nos lleve a destruir y no a construir”.
¿Cuál es su análisis sobre Antioquia?
“Antioquia tiene un problema complejo y es que tiene tarifas que son relativamente altas. Hay otro que me preocupa y es el tema del No POS; ha crecido mucho. Parte del desequilibrio tiene que ver con el problema del No POS, que hizo que creciera la deuda del departamento con Savia. Hay un elemento paradójico en esta crisis: se da en un escenario de crecimiento, donde hay más recursos, más infraestructura y más servicios. Se están duplicando los servicios en el hospital Pablo Tobón, la IPS Universitaria ha tenido un crecimiento exponencial y el San Vicente se ha venido expandiendo con ingresos importantes”.
Ustedes tienen definido un plan para la compra de cartera de las EPS pero también hay otro tema a resolver: las deudas de las entidades territoriales con las EPS...
“La deuda de las entidades territoriales tienen dos orígenes: histórico complejo (promesas que no se cumplieron) y desviación de recursos. Desde 2012 hemos tratado de buscar recursos para que esas deudas de las entidades territoriales se cancelen. Hemos movilizado recursos de otras fuentes. Y quiero precisar algo: hace dos meses cuando había un servicio No POS en el régimen subsidiado se generaba una factura y la EPS tenía que sacar plata de su caja para pagar ese servicio. La EPS le decía al departamento: mire yo ya pagué. Y el departamento decía: no tengo plata. Ahora el departamento es quien tiene que pagar directamente ese servicio. Desde entonces el No POS se ha disminuido de manera sustancial...”.
¿Por qué ha disminuido?
“La gente está empezando a utilizar razonablemente el No POS. Teníamos una gran presión de compañías farmacéuticas y hospitales. Como adelantamos el control de precios de medicamentos las farmacéuticas habían dejado de percibir recursos y estaban optando por más cantidad en lugar de precios altos”.
¿En qué va la compra de cartera de las EPS?
“Hemos estado comprando 35.000 millones de pesos cada mes. A esto le sumamos 100.000 millones. El tema de los créditos para las EPS van a ser importantes y tendrán un plazo de siete años. Coomeva, por ejemplo, debe mucha plata. Por eso va a presentar una petición para un crédito por 200.000 millones de pesos. Será un alivio financiero a corto plazo”.
¿Van a liquidar a Caprecom?
“Para tomar una decisión de liquidación tiene que existir la certeza de parte del mismo Gobierno de que todas las deudas se van a pagar”.
¿Cree que la Ley 100 privilegia el negocio en lugar de la salud?
“Es un argumento completamente falaz: ¿Cuál es la peor EPS del país? Caprecom, una EPS pública. ¿Cuál funciona bien en Antioquia? EPS Sura, del sector privado. Hablan de negocio pero no se dan cuenta de que aquí hay una industria farmacéutica que también influye en el funcionamiento del sistema”.
Es decir que no está de acuerdo con los congresistas proponen derogar la Ley 100...
“Creo que es una pelea perdida. No creo que podamos volver a elevar esa discusión al terreno ideológico. Buscamos soluciones concretas para problemas concretos. Lo que quiere la izquierda en el fondo es capreconizar el sistema de salud, cosa que no vamos a hacer”.
Pero la izquierda tiene otros frentes de batalla: las condiciones de trabajo de los médicos, por ejemplo...
“En eso creo que tienen razón. Hay que ir paso a paso cambiando cosas que no funcionan en el sistema de salud: hay excesiva informalidad en la forma como se contrata a los médicos, gran desigualdad en la remuneración a los especialistas, creo que eso para el sector es muy nocivo”.
Y sobre la reforma estructural de salud, ¿qué opina?
“Ahora no es oportuno. Necesitamos reglas claras. Para que este sector se recupere se necesitan casi 4 billones de pesos por parte sector privado. Mientras solucionamos esto no podemos hacer la reforma estructural”.
La Defensoría del Pueblo radicó un proyecto de Ley para que las tutelas relacionadas con salud sean resueltas en un término máximo de 10 días. ¿Qué opina de este proyecto?
“Puede ser resolutivo pero tenemos que tener moderación. El sector salud no puede resolverlo todo. Si la tutela es por un medicamento POS para un niño enfermo con cáncer que se termine en un día, sin ninguna duda. Pero si es para una persona de estrato 6 que quiere cargarle al sistema de salud la responsabilidad de cuidar a un familiar que está demandando una enfermera 24 horas, hay que revisarlo”.
Con la regulación de medicamentos han ahorrado 1,6 billones de pesos. ¿Esta regulación no podrá generar desabastecimiento?
“Hasta el momento no hemos tenido problemas”.