La próxima semana Senado y Cámara conciliarán el texto de la reforma constitucional que da vida a la JEP. Cinco claves para entender la nueva ley.
Con el pendiente de la conciliación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la reforma constitucional que da vida a esta nueva ley, se sabe que las bases de la justicia transicional no se tocaron, y como lo acordaron el Gobierno y las Farc, los implicados en el conflicto armado serán juzgados y sancionados de manera especial. A continuación los cinco ejes que explican la norma.
La Comisión de la Verdad será un órgano de carácter temporal y extrajudicial que busca conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado. Allí se determinarán las responsabilidades individuales y colectivas de quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto.
Para María Victoria Fallón, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, “en un proceso de posconflicto las víctimas y la sociedad se van a ver enfrentadas a la necesidad de que se sepa qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, cuáles fueron los motivos por los cuales se hizo una cosa u otra. Es imposible para el sistema ordinario de justicia asumir realmente la búsqueda de una verdad plena”.
Sin embargo, la condición de extrajudicial hace que, continúa Fallón, la justicia no pueda conocer las pruebas presentadas ante la Comisión.
La JEP conocerá, investigará y sancionará a los combatientes, sean guerrilleros o militares, y a los civiles que hayan cometido graves delitos contra los derechos humanos o graves crímenes de guerra.
María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, explica que “lo que se pretende con la JEP es que independientemente de quién sea y de dónde venga, reconozca esa participación que ha tenido en el conflicto, cuente la verdad y pueda obtener seguridad jurídica”.
La JEP tendrá una duración de 15 años y permitirá terminar con el conflicto armado. Es por eso que Moreno señala justamente que se llega a la JEP porque se reconoce que la justicia ordinaria no tendría la capacidad para resolver la situación de miles de personas que durante muchos años han tenido una participación en el conflicto. “No podría resolver la masividad de hechos, ni atender el derecho a la justicia de la cantidad de víctimas que tiene este país, para ello se necesitaba un mecanismo extraordinario”.
El Tribunal de Paz podrá dictar sentencias después de investigar, con el debido proceso, a los responsables de los crímenes más graves, las sanciones irán de 5 a 8 años de restricciones efectivas de la libertad si se aporta toda la verdad, o hasta 20 años de prisión si no se dice la verdad o se aporta tarde.
El profesor Jorge Giraldo, decano de Humanidades de la Universidad Eafit, anota que varios estudios académicos han demostrado que para las víctimas es más importante la verdad que la justicia, así que “pueden sacrificar parte de la justicia a cambio de toda la verdad”.
En el proyecto aprobado queda claro que quienes tengan sanciones de la JEP no quedarán inhabilitados para participar en política ni para ser empleados públicos o contratistas del Estado. Este es tal vez el punto más discutido de toda la JEP.
Para Giraldo, “el lunar de la acuerdo sobre víctimas es la falta de sanciones políticas, es ofensivo, no solo para las víctimas sino para la sociedad colombiana tener a comandantes que sean señalados como máximos responsables por crímenes de guerra como representantes en el Congreso”.
En cambio Miguel García, director del Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, afirma que lo que “se quiere garantizar es que un actor armado ingrese a la vida política y también se busca brindar justicia a la sociedad, por eso se necesita un mecanismo que permita que las dos cosas puedan convivir”.
