Armero Guayabal es hoy un municipio de 14.000 habitantes ubicado a 15 minutos de las ruinas de Armero. La gran mayoría de sus pobladores son sobrevivientes. Según datos de la Alcaldía, hay cobertura total de acueducto, alcantarillado y energía. No hay empleo. Está en Ley 550 y por eso gran parte de su presupuesto —unos 6.800 millones de pesos— se destinan para pagar la deuda.
Armero, el viejo, es hoy un enorme potrero de cerca de 2.400 kilómetros cuadrados. La memoria de los muertos es apenas una ilusión. No hay museo. No hay guías. No hay conservación de las ruinas ni demarcación. Es más, no hay luces. Armero desaparece del mapa todas las noches. Pero, ¿por qué el Gobierno no les cumple a los armeritas? ¿Cuáles son las deudas que tiene el país con los sobrevivientes?
Son dos realidades. En Armero Guayabal las cosas, desde hace un par de años, parecen funcionar. Es más, la semana pasada hubo fiesta porque inauguraron la ambulancia y el carro de bomberos. El inventario de adquisiciones es amplio: dos puntos Vive Digital, una nueva plaza de mercado, dos camionetas de la Policía, cuatro motos, una volqueta y una retroexcavadora.
“Si lo vemos desde el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, aparecemos como un municipio sostenible, sin cordones de miseria. Si me lo pregunta desde la realidad, claro que sí hay miseria. La problemática es que Armero Guayabal hoy no tiene empresa. Aquí la empresa más grande es la Alcaldía y emplea a 28 personas”, explica el alcalde Mauricio Cuéllar.
Lo cierto es que Armero Guayabal tiene 541 kilómetros de red terciaria sin recursos para pavimentarlos, por eso es que gran parte del casco urbano está en piedra. Solo hay un banco y después de las 5 de la tarde, el comercio cierra.
En Armero, el viejo, parece ser que la única presencia es la de Dios y las ánimas benditas. Hace mucho que no hay una inversión del Estado o de alguna organización civil. Algunas Ong, como Armando Armero, han puesto una serie de vallas recordando los detalles de la avalancha, pero las vallas van desapareciendo. Se las roban.
La última gran promesa que le hizo el Gobierno a Armero fue en mayo de 2013 cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley 1632 en la que se disponían los honores a Armero. En dicha ley hay asuntos pendientes, importantes. Por ejemplo, que el Gobierno concrete el registro único de damnificados, que se haga el alinderamiento del casco urbano, que se tramite la restitución jurídica de los terrenos, que se conmemore el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad todos los 13 de noviembre y, entre otras cosas, que se construya el Parque Nacional Temático de la Vida. No hay nada eso.
“En 30 años los gobiernos se han preocupado por hacer homenajes póstumos a una tragedia de la que medianamente sienten culpabilidad, pero que en realidad estén comprometidos, no. Se les ha olvidado que esta es la segunda tragedia con mayor número de muertos en Latinoamérica”, dice el alcalde, quien advierte además que la ley no tiene decreto reglamentario.
Frente a esto, el mandatario asegura que aunque no justifica la lentitud del Estado, siempre ha sido parsimonioso. “Ha habido pasos importantes, por ejemplo, las inversiones cercanas a los 7.000 millones de pesos en el Parque Omaira” y agrega que ha conocido otras leyes que son más antiguas que la de Armero y no han sido ejecutadas. “La de nosotros por lo menos ha tenido receptividad. Ha faltado gestión”, puntualiza.
