Los últimos 18 meses han significado turbulencias incesantes para hospitales, EPS y facultades de medicina. Desde febrero de 2015, cuando el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley Estatutaria de Salud, todos los reflectores apuntaron al Ministerio de Salud por los retos que representaba dicha ley. “No habrá más paseo de la muerte”, “no habrá excusas para interrumpir los tratamientos de los pacientes”, “se acabarán los abusos con los precios de los medicamentos”. Estas eran solo algunas de las promesas que hizo el mandatario en ese entonces.
La implementación de la Ley Estatutaria ha pasado desapercibida debido a su complejidad. Además, para hacer efectivos los cambios se necesitan como mínimo dos años (ver infografía). No obstante, el Ministerio de Salud ha venido ejecutando propuestas para aliviar, en la medida posible, la crisis del sistema.
Dos medidas recientes: inyectarle 800.0000 millones de pesos al sistema de salud a través de líneas de crédito para las EPS que tienen problemas de liquidez (solamente las EPS del régimen subsidiado presentan deudas con los hospitales por 1 billón 126 mil millones de pesos) y expedir la ley de fortalecimiento financiero para que departamentos y distritos utilicen sus excedentes de rentas (que provengan por ejemplo de loterías, juegos o licores) para pagar las deudas del POS.
Estas medidas, sin embargo, no representan ni un 10% de lo que significa implementar la Ley Estatutaria de Salud. Esta norma implica brindarles a los colombianos mejores garantías en el servicio de salud, ampliar el plan de beneficios, fortalecer la política farmacéutica nacional a través de medidas como la regulación de precios, mejorar la situación financiera de los hospitales públicos y garantizar la atención en zonas rurales.
Cada reforma tiene diferentes retos y cronogramas disímiles. Está la transformación del Plan Obligatorio de Salud (POS), que pasa por reducir el famoso “No POS” y dotar al Plan de Beneficios de nuevas tecnologías; actualizar y adaptar las reglas de afiliación; crear un nuevo programa nacional para el uso de medicamentos y buscar soluciones financieras para las EPS. ¿El objetivo final? Que en un futuro dejen de actuar sin ánimo de lucro.
Balance oficial
En diálogo con EL COLOMBIANO, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó que dentro de los retos inmediatos está la redefinición del Plan de Beneficios, las nuevas formas de afiliación “y la revisión del papel de los diferentes agentes, incluidas por supuesto las EPS”.
Dentro de los avances, dice el ministro, “cabría citar el nuevo estatuto de afiliación, el modelo integral de atención en salud (Mias) y los artículos del plan de desarrollo para una mejor gestión de la innovación tecnológica”.
Uno de los puntos neurálgicos de la reforma es la redefinición del Plan de Beneficios. Diferentes economistas han advertido la dificultad de cambiar el Plan Obligatorio de Salud (POS) por un plan integral que no excluya servicios de salud necesarios para la población. Para lograrlo se necesitaría más inversión por parte del Estado (y de los privados) en el sector salud.
“El punto más complejo es probablemente la redefinición del Plan de Beneficios. Hay muchos intereses en juego y las expectativas de algunos agentes son incumplibles. Estados Unidos gasta 10.000 dólares por habitante en salud y un país europeo típico gasta 4.000 dólares. En Colombia gastamos un poco más de 500 dólares e insistimos en tener acceso a todos los medicamentos de alto costo. Eso es imposible. Lógica y financieramente”, acepta el ministro.
Es probable, como dice el Gaviria, que la Ley no baste para alcanzar el Plan de Beneficios: “Los cambios toman tiempo. Las leyes nunca tienen efectos inmediatos. La puesta práctica del nuevo modelo de atención va a tomar años, requiere la construcción de capacidades, el entrenamiento de miles de personas. La redefinición del POS requiere, a su vez, una mayor conciencia sobre la naturaleza pública de los recursos”.
Hay temas, como la recuperación financiera de las EPS, que ya tienen plazos fijos. Según el ministro, esto ocurriría en un lapso de siete años. “Logramos una capitalización inicial de 500 mil millones de pesos. Somos conscientes de que la solución a la crisis financiera requiere reglas claras, mecanismos excepcionales de liquidez, un ambiente de confianza y tiempo”.
En la recuperación de hospitales públicos el Ministerio rescata casos como el de Ipiales, Popayán, Pereira, Cali y Chinchiná, donde se han encontrado buenas prácticas de gerencia pública. En cuanto al modelo de salud rural, se ha venido desarrollando un proyecto en Guainía, Vaupés, La Guajira y Chocó.
No obstante, estas estrategias no lograrán tener un impacto real si el sector salud no recibe más recursos: “El marco fiscal de mediano plazo, elaborado por el Ministerio de Hacienda, plantea la necesidad de nuevos recursos e identifica algunas fuentes, entre ellos unos mayores impuestos al tabaco y la eliminación del techo de 25 salarios mínimos para las contribuciones. Las necesidades permanentes de mediano plazo están cercanas a los cuatro billones de pesos anuales”.
Sectores opinan
En las últimas semanas, gremios médicos, académicos, gerentes de hospitales y de Entidades Promotoras de Salud (EPS) se han reunido para debatir sobre los cambios que se deberían hacer para mejorar la salud de la población colombiana. Una de las principales preocupaciones tiene que ver con la deuda de las EPS a los hospitales, que asciende a 5 billones de pesos.
Carlos Felipe Muñoz, consultor en salud, ha asumido la vocería de los médicos en diferentes simposios. Según él, “si el Gobierno va a aumentar su política de aseguramiento debe transformar el rol de las aseguradoras y asignarles territorios dispersos, donde actualmente no es eficiente la atención. Este nuevo enfoque plantea un mapa sanitario único en donde las aseguradoras deberán actuar como voceras de los pacientes, cumpliendo con la gestión del riesgo financiero y entregando óptimos resultados”.
La transformación de las aseguradoras es inevitable, pues la Ley Estatutaria no plantea el ánimo de lucro como fin de estas entidades. “Las EPS se han comportado más como administradoras que aseguradoras, por eso es importante ese cambio”, agrega Muñoz.
Los hospitales, señala, “deben rescatar la confianza con los usuarios, al igual que las EPS. Lo importante es que al aplicar la Ley dejarán de ser rivales económicos y se convertirán en socios sanitarios. El concepto que se utilizará es colaboración sectorial, con un enfoque menos economicista que el pasado”.
Al respecto, Olga Lucia Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), señala que “para comenzar, el Gobierno debería asumir el giro directo con Cafesalud, pues la respuesta hasta el momento, en este caso específico, no ha sido adecuada. De otro lado, se debe financiar a los 800 hospitales que son los únicos prestadores en el mercado y que requieren gastos de funcionamiento importantes”.
Otra recomendación que señala Zuluaga tiene que ver con los casos jurídicos: “Debe haber jueces especializados en salud. Si bien es cierto que la tutela ha sido fundamental para garantizar el acceso, también está demostrado que muchas veces fallan por procedimientos y medicinas que no se necesitan. Sería más efectivo contar con jueces que tengan conocimientos médicos”.
Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) — que representa a las EPS—, le dijo a este diario que una reforma fundamental “es el cambio de los mecanismos de los Comités Técnico Científicos, que actualmente funcionan cuando los pacientes tramitan solicitudes para acceder a medicamentos que estaban en el POS. Al eliminarse estos comités, el médico definirá qué es lo que recibe el paciente y por ende tendrá mucha más autonomía. El punto que luego se deberá discutir es que las EPS tienen que pagar. Se debe garantizar la sostenibilidad financiera” .
