Quejas, reclamos, denuncias y pocas respuestas son los referentes para definir la realidad de las EPS este año -y los anteriores-.
También es una especie de resumen de lo que han vivido los pacientes y usuarios del servicio de salud en Colombia, que cada día muestran las debilidades del sistema, por las dificultades en términos de oportunidad y calidad que tienen a la hora de asistir a su EPS y, como si fuera poco, es el reflejo que se obtiene del reporte de quejas que la Superintendencia Nacional de Salud le entregó a EL COLOMBIANO, que muestra que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año llegaron 406.352 quejas contra las EPS.
La extinta Cafesalud, con 51.815, ocupa el deshonroso primer lugar en el régimen contributivo, mientras que Capital Salud recibió 12.113 en el subsidiado.
La raíz del problema, para el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias, se basa en que anualmente el sistema está desfinanciado en alrededor de 1 billón de pesos, lo cual afecta directamente la calidad del servicio.
“Llevamos unos ocho años muy duros, fundamentalmente desde el punto financiero. Las EPS se van ajustando y hacen un esfuerzo para sobrevivir con el recurso que falta, pero la demanda de servicios por persona ha aumentado, no solo en número de afiliados, sino que la gente está demandando más y más servicios de salud, con un aumento del 15 o 20 % anual”, expresa.
Paso seguido, asegura que actualmente lo que hacen estas empresas es “sobrevivir”, porque con el recurso que no llega, lo que representa es una disminución en la calidad y oportunidad de los servicios, tal cual es el reflejo evidente en la cantidad de reclamos.
¿Y los retos?
Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, duda de que el panorama mejore. “Medimás, por ejemplo, no ha terminado de estabilizarse y pese a que se ha anunciado por sus voceros en varias ocasiones que está funcionando al 100 por ciento de su capacidad, sus usuarios siguen denunciando fallas en la atención”, menciona.
Además agrega que este problema es similar en Coomeva “que tiende a empeorar su operación, cerrando sedes en varias regiones” y la Nueva EPS, que no cuenta con una óptima capacidad, según Castellanos.
En ese sentido, la tarea será hacer los ajustes necesarios para que el problema no empeore y, por el contrario, se busque una salida a la reconocida crisis que se vislumbra en largas filas de espera o en muertes por falta de servicios.
Frente a esto, el presidente de Acemi manifiesta que más allá de las dificultades económicas del sistema, el gran reto que tienen estas empresas es ser más eficientes y evitar desperdicios.
“Sí, hay un problema financiero, pero se debe trabajar para que sean más eficientes, porque las quejas lo hacen evidente. Creo que las EPS están haciendo la tarea, pero no todas lo logran”, señala Arias.
A mejorar
Por su parte, José Norman Salazar, coordinador del Centro Colombiano de Derecho Médico, hace especial énfasis en que se debe encontrar estabilidad financiera para estas empresas, y las acciones deben ser asumidas por el Gobierno y los accionistas de las EPS.
“De una u otra manera tienen que inyectarles más capital, para que su situación financiera mejore y, de estas manera, la calidad de la atención se vea beneficiada”, resalta Salazar.
Los tres coinciden en que también debe haber un esfuerzo de estas entidades, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios, para que no se vean obligados a acudir a vías judiciales para reclamar, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo ha dejado claro que el derecho que más se vulnera en Colombia es el de la salud.
Si bien no será un camino sencillo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, destaca que, con el ánimo de lograr que la situación mejore y las condiciones sean las necesarias para que los usuarios accedan con garantías a sus servicios, se han hecho inyecciones de recursos desde 2016, a través de un plan de choque para solventar las dificultades económicas de las empresas y destaca que, en los últimos tres meses, se destinaron 1,3 billones de pesos, para sanear la cartera de las EPS.
