Esta semana se cumplen tres meses desde que EL COLOMBIANO reveló los rostros e identidades de 130 personas que fueron reportadas como desaparecidas en diferentes partes del área metropolitana y que la Fiscalía asegura fueron inhumadas en el cementerio Universal de Medellín como NN o cuerpos sin identificar desde 1994. Ahora, este diario consultó con el grupo de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en qué van las actividades para poder recuperar los restos de esas víctimas y poder ser entregadas a sus familiares.
Hasta el momento, y a pesar de la investigación que determinó que esos restos se encuentran en el campo santo —ubicado cerca de la Terminal Norte de Transportes de Medellín— la Fiscalía no ha podido entregar los despojos mortales a los familiares y ni siquiera se ha logrado la primera exhumación.
¿Por qué ocurre esto?
El grupo de Criminalística explicó que, al iniciar las labores de campo en el Cementerio Universal, se llegó a las zonas donde fueron inhumadas las personas sin identificar y que según las actas que tiene la Fiscalía fueron enterrados los restos de las 130 víctimas, que hasta que no sean comprobadas sus identidades y entregadas a sus familiares, para el Estado colombiano siguen registradas como desaparecidas.
Actualmente, el grupo de Criminalística del CTI tiene identificadas, con su número de cédula, a 500 personas que fueron reportadas desaparecidas y que murieron de manera violenta en el área metropolitana. De esas 500, 130 son las que están en el Universal.
“Pero en el cementerio no nos han dicho en qué parte están. Entonces en la búsqueda de los restos se está haciendo un plan para mirar de qué manera podría intervenirse el campo santo. Se trata de hacer una búsqueda sistemática que nos lleve a unos resultados positivos, para evitar darles falsas esperanzas a las familias. En el Universal tenemos un grupo de antropólogos que con un fiscal están haciendo esa tarea”, explica Mercedes Palacio, jefe de la sección Criminalística del CTI seccional Medellín.
Sobre esta problemática, Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, afirma que sí existen inconvenientes para ubicar a las personas sin identificar que llegaron hace varios años desde Medicina Legal, pero que se está haciendo lo posible para organizar los registros de ese campo santo que en 2017, cumple 80 años.
“Para la administración municipal es prioridad organizar el Cementerio Universal, convertirlo en un espacio no solo cultural, sino también como un símbolo de la reconciliación y el perdón, por eso —añade— trabajamos de la mano con la Fiscalía para poner la información sobre registros y sacar adelante la recuperación de los restos de los desaparecidos”.
Según Arcila, uno de los mayores inconvenientes está en la ubicación de los archivos de anteriores administraciones del cementerio. Sin embargo, confía en que todo pueda arreglarse en poco tiempo.
Al Cementerio Universal se le han invertido 1.350 millones de pesos para las adecuaciones necesarias y ser recuperado como patrimonio cultural de la ciudad. Para este año, el Concejo de Medellín pidió otros 350 millones de pesos con el fin de ayudar con los gastos del campo santo.
Hay familias que ya lo saben
Son unas 20 familias, de las 130, que conocen que sus seres queridos, desaparecidos por muchos años, se encuentran en el Cementerio Universal. Sin embargo, desde el CTI reconocen que el trabajo de ubicación para dar a conocer las noticias sobre los desaparecidos no ha sido fácil.
“Ubicar a las familias es muy difícil porque muchas de estas víctimas no tenían propiedades, entonces eran consideradas población flotante y conseguir una dirección es complicado. Aparte de esto, es muy probable que las familias se hayan movido para otro barrio, ciudad o departamento por muchas razones, una de ellas, el conflicto. Tuvimos un caso en que la víctima estaba acá en Medellín y la familia fue ubicada en Villavicencio”, afirma Palacio.
No obstante, la reacción de la mayoría de las casi 20 familias que ha logrado ubicar el CTI, ha sido positiva. “Muchas personas pensaban que lo de su ser querido era un caso perdido, que iba a ser imposible volver a tener noticias, eran muchas madres que como no sabían qué había pasado con sus hijos, se atormentaban preguntándose si estaba vivo, cómo estaría o si estaba sufriendo. Ahora esas madres nos agradecen el trabajo y saben que mientras hacemos todo por entregar sus restos, están descansando en un campo santo”, agrega la funcionaria del ente investigador.
Desde esa institución también revelan que encontraron familiares que se han negado a recibir las noticias o que no muestran interés de recuperar los restos de sus amados. Según Carlos Villamil, director de la Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía, “hubo casos de personas que se niegan a volver a hacer un duelo por su familiar desaparecido, unos nos han dicho que ya habían cerrado ese capítulo, otros dicen que no querían volver a saber de esos casos. Son muchas las razones que se han presentado a lo largo de este proceso”.
Cuando esto ocurre y los restos, después de hacer la intervención en el cementerio, no son reclamados, la Fiscalía explica, se levanta un acta sobre lo ocurrido y volverán a ser inhumados en lugar que el cementerio designe.
¿Qué proceso se hizo?
La Fiscalía señala que para lograr identificar y ubicar los restos de estos 130 desaparecidos se hizo un trabajo que inició desde que la Policía Judicial —CTI o Sijín— realizó la inspección técnica al cadáver.
Durante esa diligencia, en la que no se encuentra ningún documento que identifique a la víctima, se registra gran cantidad de datos del cuerpo como huellas, rasgos, accesorios, cicatrices, ropa y tatuajes, que, posteriormente, ayuden con la investigación.
Luego el cuerpo es llevado al Instituto de Medicina Legal donde aparte de realizar exámenes para conocer la causa de su muerte y otros datos, como anteriores lesiones en vida y enfermedades, también se hace una carta dental y se vuelve a diligenciar todo lo que se realizó en la inspección anterior.
Otra función que cumple el Instituto es enviar las huellas a la Registraduría para poder realizar un cotejo en la base de datos nacional. Muchas veces este resulta positivo, otras no, como es el caso de estas 130 personas del Universal. Los informes, tanto el de Policía Judicial como el de Medicina Legal, son enviados al fiscal encargado de investigar lo que ocurrió. Justo en este punto aparece un problema que impide realizar las pesquisas: ¿cómo tener algún avance para esclarecer el crimen sin la identidad de la víctima?
Ahí entra a participar el Grupo de Lofoscopia NN del CTI que, con información limitada, trata de establecer la identidad de la víctima para poder no solo esclarecer lo que ocurrió con ella, sino también entregarla a sus familiares.
Este grupo cuenta entonces con datos de la necropsia, una edad aproximada, prendas, sitio donde fue encontrado el individuo y otro tipo de características. Los primeros pasos se dan con lo que puedan arrojar los resultados de las búsquedas con huellas dactilares, carta dental y ADN (únicas formas que la ley colombiana reconoce para identificar un cuerpo). En caso de no encontrar un resultado, toda la información es comparada con las listas que se tienen de las denuncias de personas desaparecidas a nivel nacional.
“En muchos de los casos de estas 130 personas, se logró la identidad por ese último paso y luego, con la información que nos suministró Medicina Legal, determinamos para cuál cementerio fue enviado ese cuerpo que, en el caso de Medellín, la mayoría terminaba en el Cementerio Universal”, explica Mercedes Palacio.
Aparte de las 130 personas ubicadas en este campo santo, EL COLOMBIANO conoció que los otros 370 restos de desaparecidos que también fueron identificados, pero que no han sido exhumados, estarían en otros campos santos del área metropolitana como Caldas e Itagüí.
Actualmente, las autoridades trabajan para poder darles respuestas rápidas a esas familias que después de muchos años de incertidumbre pudieron conocer la suerte de sus seres queridos. Sin embargo, si se logra la entrega de los restos a los familiares, a la Fiscalía le quedará la difícil tarea de establecer el por qué esas personas fueron asesinadas y dar con los responsables de los hechos.
130
de los 500 desaparecidos, identificados y ubicados por el CTI, están en el Universal.
20
familias, aproximadamente, ya fueron notificadas de las labores de la Fiscalía.
