Una vez finalizada la diligencia en la que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el Caso 001 contra el Secretariado y el Estado Mayor de las Farc por secuestros, el viernes pasado, la presidenta de esa Sala, Julieta Lemaitre Ripoll, habló en exclusiva con EL COLOMBIANO acerca de la importancia de esta actuación de la justicia transicional.
¿Qué significa esa diligencia para el país?
“Significa que ya se inició el primer caso que va para el Tribunal para la Paz. Nosotros lo que hacemos es determinar qué camino toma, si hay reconocimiento o no lo hay. Esta diligencia fue importante porque mostró la voluntad de los comparecientes de venir, estaban presentes muy pocos, pero de todos recibimos el poder debidamente constituido o una carta en la cual manifestaban su intención de contribuir a la verdad, con la firma y la huella.
La cuestión, por lo que me cuenta el sistema de defensa, es que muchos de los excombatientes están en zonas muy apartadas del país, la mayoría de esos lugares no tiene la infraestructura del Estado y no hay notarías donde pudieran autenticar sus firmas; sin embargo, nosotros necesitamos confirmar que su voluntad sí es estar representados por estos abogados, así que seguiremos esperando la documentación oficial”.
¿Qué pasaba si alguno no se presentaba?
“Tendríamos que indagar por qué. Hay todo tipo de razones”.
Esperábamos verlos en la diligencia, ¿habrá momentos en que sea obligatoria la comparecencia personal?
“Claro. Esta era una diligencia de trámite, en las que generalmente el implicado no tiene que asistir, lo hace su abogado. Para nosotros era muy importante saber quién los representa y confirmar su voluntad de aportar a la verdad. Antes de esto no sabíamos a quién enviarle la notificación, las direcciones que teníamos de algunos eran las zonas veredales, necesitábamos que todos tuvieran un abogado y una dirección electrónica. Habrá otros espacios para que ellos vengan, en audiencia, a hablar y contar la verdad de lo que pasó”.
¿Seleccionaron a las 31 personas porque son el Estado Mayor o porque tienen responsabilidad individual?
“Ambas. Los informes que tenemos dicen que estas 31 personas del Estado Mayor fueron quienes tomaron las decisiones. Por eso le entregamos un CD con información a cada uno, porque cada uno tiene una vinculación distinta: algunos tienen sentencias, referencias, investigaciones, y la responsabilidad colectiva se da en el sentido de que era una organización”.
Uno de los abogados de las Farc les dijo en la diligencia que los informes no son suficientes y que deben practicarse nuevas pruebas...
“Lo que el abogado quería era que primero recibiéramos todos los informes, los cotejáramos y se los pasáramos, pero la Sala tomó la decisión de que esto era impracticable y que realmente un examen de la norma no amarra a que no pueda ser escalonada, entonces dimos un primer traslado. Yo tengo la facultad legal de practicar pruebas, porque con la ley estatutaria vamos a tener policía judicial, y podemos comisionar la práctica de las pruebas. Para esa etapa necesitamos la ley de procedimiento que va a firmar en próximos días el presidente Santos.
Esta sala tiene una particularidad de que somos como los jueces de instrucción, por eso no tomamos la decisión final, instruimos, preparamos el caso, lo armamos, decidimos si va para un lado o para el otro, pero la decisión de sentencia la toma el Tribunal”.
La Sala dará un plazo prudente a los excombatientes para entregar informes sobre lo que recibieron, pero en la diligencia no se dijo cuál era ese plazo...
“No pusimos una fecha concreta porque aún tenemos que estimar cuáles organizaciones de la sociedad civil nos van a presentar informes en este caso que no lo hayan hecho”.
Es decir, ¿a los abogados se les van a entregar más informes?
“Si llegan. Le entregamos todo lo que tenemos en este momento, es posible que llegue más material (expedientes o informes de sociedad civil), entonces vamos a dar un plazo prudencial. ¿Cómo estimamos qué es un tiempo razonable? A través de un sondeo que ya empezamos de las organizaciones que estarían en capacidad y tendrían el interés de presentar unos informes, que a veces incluyen también el tema del secuestro. Otra cosa que esperamos lograr es que a través de los medios de comunicación se haga público en el país que este proceso ya empezó”.
¿Esa próxima audiencia podría ocurrir este año?
“La audiencia que está prevista en el Acuerdo es la de reconocimiento, para nosotros llegar a ese momento tendríamos que llegar a la conclusión de que sí hay reconocimiento de verdad y responsabilidad. También operamos bajo el principio de razonabilidad, y estamos operando con los plazos que nos da el Acuerdo, que nos dice que hay dos años para presentar informes, pero la ley estatutaria lo modifica, entonces esperamos que nos digan qué es un plazo razonable. Igual hemos incluido el principio dialógico, en el cual esto no es como el juez penal, cuyos plazos son perentorios”.
Estos 31 excombatientes deberán entregar un informe sobre la base de datos que ustedes les allegaron, ¿qué tipo de información esperan?
“Esperamos que nos digan qué están haciendo o qué piensan hacer para dar con el paradero de estas personas”.
No es que den razón del paradero de los secuestrados...
“Cuando uno mira las circunstancias de la guerra, en algunos de estos casos los autores materiales o los jefes de frente han muerto, habría que estimar si la organización tiene la información o si guardaba un registro. Esperamos que nos expliquen qué van a hacer y cómo de buena voluntad y con intención de proveer a la verdad van a darnos la información”.
