En un mercado laboral estrecho y competitivo, para muchos profesionales en Colombia la mejor opción para emplearse es un contrato a término fijo, conocidos como Contratos de Prestación de Servicios (CPS).
Sin embargo, esta forma de contratación se viene desbordando hace varios años en Colombia aunque no existan indicadores claros y vigentes.
El último jalón de orejas ocurrió en junio, cuando la Corte Constitucional advirtió que “el uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios constituye una violación sistemática de la Constitución”, en una sentencia que restauró los derechos de María Eugenia Leyton, empleada del Distrito de Bogotá a quien le cancelaron su contrato de forma unilateral.
Lo más grave de este problema es que no está diagnosticado. Las cifras del porcentaje de colombianos que trabajan bajo esa figura no están actualizadas por el Gobierno y los entes independientes, como las organizaciones sindicales, difieren en sus estadísticas.
Para 2016, el porcentaje de ocupados considerados con empleo precario, es decir, trabajando sin contrato, con uno por CPS o con empresas de servicios temporales o cooperativas alcanzó un 73,8%, según la Escuela Nacional Sindical.
La CUT tiene que el 62% de los trabajadores públicos son contratistas y las últimas cifras que se conocen por parte del Ministerio del Trabajo son de hace cinco años, e indican que en el sector público, se encontró que por 100 empleados de planta hay 107 por CPS.
Todos coinciden en que deben ser más de 10 millones de colombianos contratados bajo es figura, pero, llama la atención, al consultar con el Ministerio de Trabajo, que no tengan esta información, pues, durante el gobierno Santos, mes a mes, se ha planteado la reducción del desempleo, pero no hay luces sobre este tipo de contratación.
Para quienes tienen que trabajar bajo esa figura se convierte en un dolor de cabeza. No hay estabilidad, el salario llega si mes a mes se presenta un informe de cumplimiento de funciones, en ocasiones resultan trabajando gratis mientras les autorizan un nuevo contrato y, si se trata del Estado, la continuidad en depende de la recomendación política.
Lo más grave, por cuenta de las recomendaciones, es que los Contratos de Prestación de Servicios pueden convertirse en la forma de crear nóminas paralelas, lo que motivó la presentación de un proyecto de ley para limitar este tipo de contratación a no más del 30% de personal que posea un institución pública. En este caso, tampoco hay un dictamen de los organismos de control.
En el sector privado, según Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la U. del Rosario, afirma que “es imposible obtener una cifra de omisión de derechos. Reclamar es muy complicado porque compromete sus ingresos”.
Tarcisio Mora, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y actual directivo de Fecode, aseguró que esta figura de contratación “se ha vuelto un comodín y es en realidad una esclavitud, porque estos trabajadores no tienen ningún poder para tomar decisiones. Se nombran es para obedecer. Un trabajador de CPS es un trabajador con miedo, porque siente su cabeza en la línea siempre”.
