Durante las últimas dos semanas, varios sectores del país han decidido detener sus labores e incluso la actividad de sus ciudades.
Los primeros en anunciar paro fueron los chocoanos, que desde el 10 de mayo se declaron en cese: se paró el comercio, el transporte, las escuelas y la atención no prioritaria en hospitales. (Lea también: ¿Por qué no hay consenso en el Chocó?)
Al departamento le siguió Buenaventura, en Valle del Cauca, puerto que optó por lo mismo, generando pérdidas por más de 3.800 millones de pesos, debido a las dificultades que han tenido 1.100 empresas transportadoras de carga por la inmovilización de sus vehículos. (Comprenda por qué Buenaventura quiere declarar la emergencia)
Entretanto, los maestros anunciaron su paro nacional, que ha dejado a 8 millones de niños por fuera de las aulas mientras los líderes docentes logran un acuerdo de sus peticiones con el Gobierno. (Lea: ¿Qué es lo que piden los profesores con su paro nacional?)
Al día de hoy, los avances de las negociaciones en los tres casos han ido lentas y su desenlace no parece cercano. Aquí un balance del estado de los diálogos y las medidas que tomaran los sectores que protestan.
La gran toma de los maestros
Los 350.000 docentes de colegios públicos del país vuelven a marchar este martes en la que llaman “la gran toma de las capitales”. De hecho, por las dificultades del Magisterio para alcanzar acuerdos con el Ministerio de Educación, y en solidaridad con los paros cívicos de Chocó y Buenaventura, las centrales obreras CUT, CGT Y CTC (que suman 600.000 trabajadores), también realizarán hoy una Jornada Nacional de protesta por 24 horas.
En Bogotá, las marchas saldrán del Parque Nacional, mientras en Medellín los puntos de encuentro son la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) y el Sena, hasta el Parque de Las Luces.
Sus peticiones, según da a conocer Pedro Arango, dirigente de Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), tienen que ver, en esencia, con la situación laboral de los maestros y la desfinanciación de la educación pública.
La primera es la nivelación salarial para los docentes y el pago de sus primas de bonificación, lo que implica un incremento del 28 por ciento en sus pagos. La otra es poner fin al proceso de licitación para seleccionar al operador de la salud de los maestros, pues ninguno de los 28 oferentes que se presentaron en enero de este año cumplieron con los indicadores técnicos.
Lo siguiente, añade Arango, son los reparos a la implementación por parte del Gobierno de la jornada única, ya que la infraestructura escolar y el pago y condiciones de los maestros siguen siendo los mismos, pese al incremento de horas y de actividades.
Pero lo que más les preocupa es la desfinanciación de la educación pública. Según denuncia Arango, el Gobierno le ha dejado de dar al sector educativo 73 billones de pesos entre 2001 y 2016, mientras en 2017 y 2018, el déficit podría llegar a los 1,6 billones de pesos. “Así se hace imposible que haya plata para la construcción de colegios, para nombrar administrativos y para pagar a tiempo las nóminas”, concluye.
Entretanto, ayer, la ministra de Educación, Yaneth Giha, manifestó que Fecode no tiene voluntad para levantar el paro. “Pareciera que el afán lo tienen el Gobierno Nacional y los padres de familia (...) Esto es una negociación y se necesita que las dos partes se muevan para poder avanzar”, dijo a medios de comunicación, y añadió que el Gobierno ha cumplido los compromisos firmados en años pasados, como el de la nivelación salarial progresiva de 12 puntos adicionales a los demás trabajadores del Estado.
Para Arango, pese a la realización de varias mesas de trabajo entre los líderes docentes y el Ministerio en los últimos días, “no ha habido avance en la negociación” y le resulta lamentable que la ministra Giha solo hable de un punto (el del incremento salarial), cuando están sobre la mesa las demás preocupaciones antes descritas.
Chocó, a la espera de ver voluntad
Una comisión designada el pasado lunes por el Gobierno Nacional llegará a Quibdó este martes en la tarde. La encabeza el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, y con él estarán los ministros de Medio Ambiente y Transporte, el director de Invías, el superintendente de Servicios Públicos, el director de Energía del Ministerio de Minas, el gerente del Dispac (la empresa que suministra la energía en el departamento) y el viceministro de Salud.
El grupo se reunirá esta tarde (aún no hay hora definida), y según Dilon Martínez, coordinador del comité que lidera el paro cívico en Chocó, si bien consideran que Prada es un funcionario idóneo para retomar las conversaciones con el Gobierno, “tenemos algún grado de escepticismo, porque no sabemos si nos traen solución a lo que pedimos”, agrega. (Conoza a Dilon, el maestro que lleva la batuta del paro en Chocó).
Aunque dice que su grupo estará en una actitud de escucha, teme que sigan enfrascados en peticiones que para los chocoanos son prioritarias: que se cumpla un acuerdo al que se llegó con el Gobierno en 2016, y en el que se pactó el desembolso de 720.000 millones de pesos para la terminación de las vías Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira, otros recursos para la construcción de 158 sedes educativas (de las que solo se ha dado aprobación a 28), la construcción de un hospital de tercer nivel, la actualización del mapa del departamento, la reducción en las tarifas de energía y la exigencia de agua potable.
Entretanto, en Quibdó siguen las marchas. De acuerdo con Martínez hoy se realizará una nueva protesta en el centro de la ciudad, que incluso llevará a que no haya transporte público ni particular en este sector hasta la tarde. Como ayer, representantes de 300 comunidades indígenas acompañarán a los manifestantes en Quibdo, lo que según el líder, “ha oxigenado nuestra marcha”.
Gobierno también dialogará hoy en Buenaventura
Los líderes del paro cívico en este distrito vallecaucano están a la expectativa por la llegada de una misión del Gobierno hoy a las 10 de la mañana, compuesta por el viceministro de Vivienda encargado, Carlos Correa; el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, al igual que los directores de aguas del Ministerio de Vivienda y el director del Plan Pacífico.
En las conversaciones con el ente nacional se mantendrá la petición que desde hace dos semanas ha solicitado la comunidad: declarar la emergencia social, económica y ambiental en Buenaventura, que según la Constitución se utiliza cuando hay una situación excepcional y el presidente necesita facultades extraodinarias para buscar recursos y soluciones.
Para el caso del puerto, los líderes insisten en la necesidad de agilizar los recursos y disposiciones para adecuar el hospital de segundo nivel y construir uno de tercero, reducir los cortes en el servicio de agua del distrito (que tiene fallas 120 días al año, en promedio) y contar con plantas potabilizadoras, al tiempo que les preocupa el recrudemiento de la violencia.
Al respecto, Adriel Galbán, párroco de la Iglesia del barrio Lleras y uno de los líderes del comité que encabeza el paro, dice que esperan que se llegue a un acuerdo, pero que consideran que el Gobierno “está jugando a dilatar el tema”, en la medida en que envía a funcionarios de segundo rango, y no a ministros, para resolver problemas críticos.
Entretanto, cuenta, el distrito sigue paralizado, y antes el medio día los ciudadanos marcharán nuevamente (como hace dos semanas), solo que esta vez se unirán desde la bahía los pescadores artesanales.
