Un embargo sobre 32 bienes, que estarían ocupados por testaferros del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, condenado por nexos con paramilitares, fueron solicitados ayer por la Fiscalía con la idea de que los 6.764 millones de pesos en los que se avalúan sirvan para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Esa petición, que está en manos de la Corte Suprema de Justicia, implica un paso al frente ante la problemática de las deudas de los parapolíticos y en general por los condenados en la Ley de Justicia y Paz con el Fondo de Reparación para las Víctimas, quienes a la fecha solo han cancelado 60 millones de pesos de una cartera morosa de 5 billones.
La cifra la explicó Yolanda Pinto, directora de la Unidad para las Víctimas, quien recalcó la importancia de que la Fiscalía empiece a encontrar recursos reales de quienes le deben a la entidad, pues cuando van a cobrar a los condenados con las herramientas que tienen a la mano, “todos aparecen sin bienes, sin nada a su nombre”.
No es un panorama alentador. Como la Unidad solo puede emprender cobros coactivos y los morosos pueden esconder sus bienes, es el ente acusador el encargado de determinar si existe patrimonio oculto por diversas maniobras ilegales. Teniendo una cartera tan gruesa y más de 3.600 condenados, es una labor de dimensiones mayúsculas.
Sin embargo, Pinto recalca que la entidad a su cargo se ha asegurado de no dejar prescribir ninguno de los procesos de cobro contra los condenados, así aparezcan sin ningún patrimonio a su nombre, para evitar que les hagan conejo a las víctimas.
Cartera en crecimiento
Entretanto, la cartera morosa no deja de crecer. Según el Boletín de Deudores del Estado, en noviembre de 2016, la Unidad aparecía en la lista de entidades públicas con mayores acreencias reportadas con 4,2 billones de pesos.
El caso del coronel (r) Aguilar, quien fue descubierto en marzo manejando un vehículo de lujo marca Porsche –que luego dijo que no era de él– llamó la atención sobre esta problemática de bienes ocultos de condenados en Justicia y Paz.
Cuando la Corte Suprema de Justicia lo condenó el 14 de agosto de 2013, a nueve años de cárcel por haber recibido apoyo del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas durante su campaña a la Gobernación de Santander, que finalmente ganó, también le ordenó un pago de 6.337 millones de pesos.
A la fecha, Pinto asegura que la deuda del coronel (r) llega a los 8.000 millones de pesos, pues conforme pasa el tiempo, los intereses hacen que suba el monto final. Eso mismo está ocurriendo con todos los parapolíticos que no han aportado a su deuda.
Según datos del Fondo de Reparación para las Víctimas, de 37 condenas que existen por parapolítica hay una deuda superior a los 115 mil millones de pesos.
La defensa de Aguilar desde el momento en que se conoció el estado de su deuda argumentó un “acuerdo de pago” de 500 mil pesos mensuales, acorde a su presunta capacidad. Actualmente, su pago mensual subió a un millón de pesos, reveló la directora de la Unidad, quien es enfática en que no existe el “acuerdo” con la entidad.
“Los acuerdos no son con la Unidad, ellos se ponen un monto de pago mensual y abonan lo que se les da la gana”, reveló, antes de acotar que “como se declaran insubsistentes, les recibimos lo que aporten, pero la deuda no prescribe”.
De encontrar la Corte que estos 32 bienes sí ocultan el patrimonio del coronel, se ordenaría la extinción de dominio y tras monetizarlos (venderlos, rematarlos, etcétera) entrarían al fondo de reparación para las víctimas. Así, de paso, se saldaría en gran parte la deuda del condenado.
No obstante, desde la Fiscalía se conoció que no tienen otros deudores del perfil de Aguilar y se desconoce si la decisión sobre este responde a un plan o es un logro particular.
Mientras tanto, será el Estado el que tendrá que seguir metiéndose la mano al bolsillo para pagar la reparación e indemnización de 8,5 millones de víctimas registradas, un dinero que asciende ya a los 9 billones de pesos invertidos en los últimos cinco años.
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de posible recuperación de activos es la valoración del riesgo en la cartera de la Unidad.
billones de pesos es el monto total de la reparación de víctimas, calculado por el presidente Santos en 2013.
