Una de las iniciativas más polémicas que tiene trámite en la Comisión Primera de la Cámara y que busca unificar las elecciones locales y regionales con las presidenciales, prolongando los mandatos que iniciaron en 2016 hasta 2022, tiene más tinte político que buenas intenciones para la democracia.
Esto debido a que sacaría del camino presidencial a alcaldes con alta favorabilidad como al de Medellín, Federico Gutiérrez; al de Barranquilla, Alejandro Char; y al gobernador de Nariño Camilo Romero.
La propuesta, que con anterioridad fue presentada por los congresistas conservadores Samy Merheg y Juan Carlos Rivera y que luego se fusionó con otra similar en el Senado, tiene ahora un nuevo impulso con las firmas y el apoyo de parlamentarios de Cambio Radical y del Partido de la U. Hasta ahora no tiene el guiño de Duque y tampoco el de Uribe.
¿Objetivo político?
Aunque el proyecto basa su argumentación en el engranaje de los planes de desarrollo locales y regionales con el nacional, el inconveniente de los gobiernos locales de contratar obras por Ley de Garantías y el costo de las elecciones; la discusión ha tomado más tintes políticos si se tiene en cuenta que algunos mandatarios tienen proyección hacia la Presidencia. Si la propuesta se aprueba los obligaría a permanecer en sus mandatos y eso los sacaría de la baraja presidencial. Lo que de entrada favorecería a algunos de los excandidatos que se quemaron en las pasadas elecciones presidenciales.
Sobre este punto César Lorduy, representante de Cambio Radical y uno de los defensores de la propuesta, afirmó que “son elementos que perturban la discusión. Son más de mil alcaldes en el país y es claro que a algunos los va a beneficiar y a otros a perjudicar, pero también es cierto que los alcaldes pierden en sus mandatos 344 días por la Ley de Garantías, es decir que gobiernan 3 y no 4 años”.
La representante antioqueña, Margarita Restrepo del Centro Democrático, apoya la iniciativa, pero señala que “este proyecto fortalecería los monopolios dentro de los partidos. Creo que tiene propósito noble de transparencia pero no indica como se van a combatir los delitos electorales”.
