Desde que se hicieron públicos los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, se empezó a colar en la agenda pública la palabra constituyente. Tanto la oposición política, representada por el Centro Democrático, como la guerrilla, hicieron público el interés de utilizar este mecanismo, que implicaría cambios parciales o totales de la Carta.
A medida que se han conocido avances desde Cuba y a raíz de las talanqueras que la Corte Constitucional le ha puesto a la reforma del equilibrio de poderes, desde diferentes escenarios se vislumbra la opción de la constituyente como solución al laberinto jurídico que implicaría reformar la justicia, el sistema político e implementar los acuerdos de paz. ¿Es esto viable? ¿O son más los riesgos?
Andrés Felipe Bernal, investigador de la Escuela de Política de la Universidad Sergio Arboleda, afirma que los acuerdos de La Habana están abordando temáticas fundamentales en torno a la participación política que no están contemplados en la actual Constitución y eso podría dar pie a pensar que la constituyente sería una salida adecuada.
“Esto lleva a plantear reformas a la Carta como la eliminación del umbral, el estatuto de la oposición, que a día de hoy no tiene desarrollo legal, y las circunscripciones especiales de paz, entre otros. Adicional, existen otros asuntos que aún merecen atención como la justicia, que a pesar de los múltiples intentos de reforma sigue intocable, la salud, la educación y el régimen de descentralización que parece inexistente. Claro, no estamos exentos del peligro que la constituyente sea diseñada por las mismas élites políticas para que sea tejida por ellos y para ellos, y los grandes debates que requieran una verdadera cirugía institucional, mantengan el principio básico del poder que es retenerlo”, precisa Bernal.