Que sean los parlamentarios los que determinen a qué proyectos se dirige la quinta parte del Presupuesto General de la Nación, más que llamativo es una iniciativa, incluída en la reforma política aprobada en segundo debate en el Senado, que de concretarse sería histórica en Colombia.
Los congresistas son elegido para tramitar leyes y reformas, representar a los ciudadanos, defender sus derechos y hacer control político, esas son las funciones que les endilga la Constitución.
“Por lo menos una quinta parte del presupuesto nacional de inversión se denominará Inversión de Iniciativa Congresional (...) el Congreso podrá solicitar la inversión en proyectos específicos que previamente hayan sido aprobados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)”, señala la reforma en el artículo 11.
¿Es mermelada?
Líderes de la oposición han manifestado que este punto de la reforma es el regreso de la mermelada o de los auxilios parlamentarios, eliminados hace varios años. Aída Avella, senadora de la Unión Patriótica, escribió en su cuenta de Twitter: “Se acaban de revivir en el Senado los auxilios parlamentarios. ¡Pobre país!”. El senador Iván Cepeda dijo, por su parte, que eso significa que continuaba el sistema de corrupción.
Los defensores de esta propuesta argumentan que la reforma permitirá que de manera pública, transparente y por votación en el Congreso, se definirán las inversiones de proyectos ya aprobados por el DNP. “Algo en el equilibrio de poderes que le ha hecho daño al Congreso es que nosotros tenemos la obligación constitucional de gestionar recursos para la región. El hecho de que el Congreso, como existe en muchas partes del mundo, no tenga partida presupuestal, genera una dependencia frente al ejecutivo y que pase lo que pasa ahora: el ejecutivo maneja las mayorías y termina negociando con algunos parlamentarios”, dijo Santiago Valencia, senador del Centro Democrático.
Para Andrés Felipe Bernal, docente de derecho constitucional de la Universidad La Gran Colombia, se deben crear límites. “Este caso es nuevamente que el Congreso decida en qué se va esa plata y en principio diría que es bueno, pero hay que asegurar que se ejecuten realmente”, señaló.
¿Conviene a las regiones?
Diez departamentos en Colombia no tienen senador y de ellos, nueve cuentan con solo dos representantes. Estos serían los más afectados, pues en el Congreso se imponen las mayorías. Las decisiones se toman por votación. En ese sentido, las regiones con bancadas sólidas como Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Bogotá se impondrían y,ese 20% de presupuesto que propone la reforma para ser definido en el Capitolio, se podría concentrar en estas regiones y profundizar la inequidad. EL COLOMBIANO habló con dos de ellos para conocer su opinión.
Camilo Arango de Vichada, afirmó que este punto de la reforma política es positivo para los intereses de las comunidades que lo eligieron. “Que el Congreso tenga esa potestad me parece bien porque somos nosotros los conocedores de primera mano de las necesidades de nuestro departamento en las diferentes áreas”, dijo.
Jimmy Díaz Burbano, representante por Putumayo, fue más crítico. “No hay garantías de que funcione, Colombia es el país que más centraliza recursos en Suramérica. En Ecuador y Brasil el Estado maneja entre el 60 y el 65% de los recursos oficiales, mientras en Colombia el Estado maneja el 89%. El principio de descentralización está cada vez más amenazado”, subrayó Díaz.
51,7
billones sería lo que los congresistas definirían en qué proyectos invertir en 2019.
