El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró durante su intervención que luego de una reunión con el jefe máximo de las Farc, se acordó el 23 de marzo de 2016 como la fecha límite para firmar el acuerdo final, que terminará la “más larga guerra de Colombia”. (Lea la declaración completa del presidente Santos)
“Y acordamos –además– que las Farc comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final. El Jefe del Secretariado de las Farc y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar. Pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen el acuerdo lo más pronto posible”, señaló el presidente Juan Manuel Santos. (Anuncio en Cuba es punto de no retorno hacia la paz: analistas)
Y agregó “hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarles a los colombianos, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos”, indicó Santos.
El mandatario agregó que esto demuestra la madurez que ha alcanzado este proceso. “Desde la orilla de las instituciones, quiero reconocer y valorar el paso que hoy han dado las Fatc. Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, en esa dirección más noble que puede tener cualquier sociedad, que es la de la paz”, agregó.
Seguidamente, el máximo cabecilla de las Farc, Rodrigo Echeverri, alias “Timochenko’, se mostró satisfecho por el acuerdo que permitió crear una jurisdicción especial para la paz.
“Timochenko” dijo que este “se constituye en un avance que generará un ambiente propicio para avanzar en otros puntos de la agenda. Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los actores del conflicto: combatientes y no combatientes, desde una perspectiva netamente restaurativa que satisfaga los derechos de las víctimas”, dijo el jefe guerrillero.
Y aseguró que este modelo de Justicia Transicional “debe ser tenido en cuenta en otros procesos de paz”.
Por último, el máximo cabecilla de las Farc insistió en que ahora corresponde a las partes “construir consensos que nos acerquen al cese el fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y a la transformación de las Farc en un movimiento político legal”.
Corresponde a las partes ahora llegar a consensos para que lleguemos a un cese al fuego bilateral y llegando a condiciones específicas como el desmonte del paramilitarismo.
Este miércoles el Gobierno y las Farc anunciaron en La Habana que llegaron a un acuerdo sobre el punto de justicia transicional, un paso determinante para llegar a un eventual acuerdo final de paz. (¿Qué se ha acordado hasta el momento en La Habana?)
Representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, leyeron el comunicado del acuerdo, acompañados de las dos delegaciones de paz al completo, encabezadas por el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las Farc, alias “Timochenko”.
El acuerdo incluye la creación de una jurisdicción especial para la paz así como de mecanismos para garantizar la no extradición a Estados Unidos. Así como, una ley de indulto, amnistía y de delitos conexos en casos determinados.
1. Se creará una jurisdicción especial para la paz con un tribunal al que llegarán los casos relacionados con el conflicto armado. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos. (Lea los puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz)
2. El tribunal estará conformado por dos salas, una de sentencia y otra de juzgamiento. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal. (Así funcionará el Tribunal de paz)
3. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias.
4. Habrá un filtro para evitar que lleguen a este tribunal criminales que no tienen nada que ver con los delitos dentro del conflicto armado.
5. Habrá justicia restaurativa, con restricciones de libertad, pero no necesariamente cárcel. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
6. Estos puntos se mantienen siempre y cuando se garantice la reparación a las víctimas, la verdad y la no repetición; de lo contrario puede aplicarse pena de cárcel.
7. No se extraditará a guerrilleros garantizando la verdad para todas las víctimas en Colombia.
8. Habrá una Ley de Indulto, amnistía y de delitos conexos en casos determinados. El Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra. Los delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
9. La participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final. La transformación de las Farc en un movimiento político legal contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
Esta justicia transicional se fundamenta en la creación de este sistema, el cual para entrar a operar deberá ser aprobado y reglamentado por el Congreso de la República. El mecanismo aplicará para los combatientes de la insurgencia como también para los agentes del Estado. (¿Por qué hoy es un día determinante para Colombia?)
En el Gobierno, como en los congresistas que fueron invitados al cierre del punto, existe gran complacencia porque se logra la reparación y la no repetición para las víctimas.
Se acordó que los beneficiados al sistema serán solo quienes firmen la paz y su desmovilización; mientras que en el caso de los agentes del Estado será solo para quienes hayan estado en el conflicto, más no en otros tipos de delitos.
Para acceder al sistema de justicia acordado se tiene una primera instancia que será que el acogido deberá aceptar los delitos y una segunda instancia que se dará en los casos en los cuales no acepten sus responsabilidades. (Vea los momentos históricos de Farc y Gobierno)
Como un aspecto especial se destaca que habrá repulsión efectiva de la libertad, pero la misma aún no se ha previsto como será. Se desprende, igualmente, que tendrá al menos tres formas de verificación. Excepto que aún no se revela en su totalidad descarta que los máximos jefes de la guerrilla vayan a estar tras las rejas en una cárcel, pero si mantiene que tengan una actividad particular en la cual reparen a las víctimas. Esta norma aún no se ha previsto.
