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Hace seis meses, cuando el profesor Darío Acevedo llegó a dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, su definición de conflicto armado levantó polvareda en Colombia: “Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”, dijo esa vez a EL COLOMBIANO.
Hoy, una de sus propuestas para adelantar las investigaciones referentes al conflicto armado vuelven a ponerlo en la palestra pública. La razón, su decisión de firmar un convenio con Colciencias por 5.600 millones de pesos para que esta entidad se encargue de las publicaciones que circularán en el segundo semestre de 2021.
Siete meses frente al CNMH, ¿qué balance hace de este tiempo al frente de la entidad?
“Es muy satisfactorio, aunque todavía está en el campo promisorio. Teníamos en la cabeza la idea de que la investigación que se hacía por parte del Centro de Memoria Histórica dejara de ser un encargo para nosotros, una de las misiones nuestras y que más bien cumpliéramos la parte de la ley que nos dice facilitar, impulsar, llegar a hacer convenios con otras entidades. A mí me pareció siempre atractiva la idea de que la investigación en un tema tan delicado como lo es el conflicto armado y todo lo que hay alrededor de eso, todo el debate, las nubes, la oscuridad que hay, la cantidad de versiones, ameritan que la comunidad académica nacional participe de esa investigación. ¿Cuál es la forma? Pues como nosotros no tenemos la capacidad de hacer una convocatoria nacional, entonces apelamos a Colciencias, que es una plataforma comprobada, usada a través de varias décadas, que ha sido exitosa en la promoción de la investigación en todos los campos del conocimiento, y en particular en este campo de las ciencias sociales y humanas.
Aportamos 5.600 millones de pesos con los cuales se van a financiar unos 15 proyectos, va a ser una convocatoria abierta en concordancia con los parámetros que usa Colciencias en sus convocatorias, los proyectos van a ser evaluados por pares evaluadores seleccionados por Colciencias como ha sido siempre, de tal manera que nosotros solo vamos a estar en lo que es la parte administrativa y en la recepción de los resultados.
En materia de archivos de derechos humanos, asuntos sobre el cual hubo mucho escándalo, manifestaciones de desconfianza, etc., le hemos dado un manejo muy técnico pero con el fin de garantizar todavía más, y para tranquilidad de las organizaciones comunitarias, las organizaciones de víctimas, la opinión pública, realizamos un convenio con el Archivo General de la Nación de tal manera que ellos van a tener copia de todo lo que nos llegó a nosotros. Esas copias van a ser descritas, clasificadas y preservadas y se van a ofrecer a la consulta de los especialistas y del público en general todo aquello que no tenga reserva. Una vez hecho todo ese proceso se procede a devolverle a las organizaciones que nos prestaron toda la documentación por medio de un acta; pero toda esa bulla que hicieron algunos de que iban a sacar allá, eso no se hizo porque habría sido ilegal, porque nosotros somos una organización del Estado y todo lo que hay tiene que ser manejado con criterios rigurosos, con actas, de tal manera que no haya sustracción ni alteración de los documentos”.
¿Por qué una propuesta de abrir las investigaciones a Colciencias generó en el país resistencia?
“No tengo claridad al respecto, lo que creo es que el tema mismo es controversial, alrededor de él hay demasiadas suspicacias. Con respecto a mí, cierto sector de la opinión política manifestó sus reservas por mi forma de pensar. Qué sería mejor: ¿que yo conforme un equipo a mi criterio para hacer investigación compleja, o buscamos un tercero que sea garantía como es el caso de Colciencias? Colciencias nos garantiza más transparencia, nos garantiza más apertura, pero además le damos una dimensión académica nacional a un problema, que es el problema de la investigación sobre el conflicto armado y sus derivados. Eso tiene que ser convocado todo el mundo, no le tengamos miedo a eso”.
¿Pero con este tipo de decisiones se desestima el trabajo realizado por los investigadores que estuvieron en el CNMH?
“Por supuesto que no, independientemente de si uno está de acuerdo o no con lo realizado por la dirección anterior bajo el mando del doctor Gonzalo Sánchez ese es un punto de vista, es parte del conocimiento. Lo que queremos aclarar es que no es el único punto de vista, ni es el definitivo, pero nosotros incluso estamos repartiendo los libros que ellos dejaron a las bibliotecas de todos los municipios, a centros de documentación. El Basta Ya, que es el libro insignia de ese equipo, incluso se editó en el idioma braille para ciegos y en esta Feria del Libro lo estamos donando a los ciegos y hemos visto como ellos pueden leer lo que dice el texto, eso es casi que una obra de arte, y una demostración palmaria de que a nosotros no nos interesa ocultar los textos, nos interesa es que haya discusión, debate, apertura”.
¿Usted considera que a estos informes como el Basta Ya les faltó algo?
“Toda investigación y toda búsqueda sobre un fenómeno complejo siempre quedan incompletas. De esos hay varios ejemplos en nuestra historia, por ejemplo el fenómeno de lo que tiene que ver con la violencia liberal-conservadora. Algunos estudiosos hablan de más de 3.000 investigaciones de tipo doctoral de tipo maestría, no todas se conocen y aun así se siguen publicando de tal manera que no hay una versión definitiva. El tipo más estudioso de los extranjeros sobre la violencia liberal-conservadora, Daniel Pecault, francés, acotó en uno de sus ensayos que era imposible tener una visión única y desde un solo enfoque dar cuenta de todo el fenómeno. Eso da cuenta pues de un caso que fue patético solamente entre liberales y conservadores, en cambio este que fue de los últimos 50 años es todavía más complejo: tenemos el fenómeno del narcotráfico, el proceso político de la vida colombiana que ha sido bien interesante, ha habido reformas, hubo una nueva Constitución, tenemos el factor de la influencia de la Guerra Fría en su momento, hay organizaciones que se reclaman marxistas-leninistas y eso todavía nos remite a la Unión Soviética o a la China de Mao, etc.
Si nuestra violencia reciente es todavía más enredada, pues con mayor razón, no puede haber un texto único, una verdad única, lo recomendable es que se estimule la investigación entre las personas que saben de esto”.
Con Colciencias los procesos de investigación son más lentos. ¿Ustedes consideraron esta condición para adelantar este tipo de investigaciones o relatos de memoria?
“Nosotros sabemos de la lentitud del proceso porque no depende de la lentitud de Colciencias sino también de los grupos de investigación que, a su vez, tiene que tener el visto bueno de las respectivas universidades para participar en la convocatoria. Esas universidades o centros de investigación tienen que aportar un 30 por ciento en materia profesional o de coasistentes o de investigadores financiados por ellos. Si un proyecto vale 350 millones de pesos, el incremento con la contrapartida se eleva a 40 millones de pesos más o menos.
El tema de la lentitud lo estipulamos en el convenio para que los resultados se estén recogiendo a mediados del 2021 con el objeto de hacer la revisión de los mismos, las correcciones del caso y tenerlos circulando como libros en el segundo semestre de 2021.
De otro lado es falso lo que se dice que nosotros depositamos en Colciencias todo el proceso investigativo. Ayer estuvimos en una reunión con la decanatura de la facultad de Ciencias de la Educación de la U de A explorando la posibilidad de hacer un convenio para hacer investigación en materia pedagógica sobre los textos que circulan del conflicto. Ellos saben de pedagogía, nosotros sabemos de memoria, vamos a unir esfuerzos. Ahí tenemos otro plano.
Con el comando estratégico de transición de las Fuerzas Militares, que es la encargada de los temas de memoria de la Fuerza Pública, también vamos a firmar un convenio con el fin de hacer investigación, y así con otras universidades no nos negamos a tener contacto, vamos también a hacer investigación con algunas organizaciones de empresarios y con organizaciones de víctimas en general ya no solo para recolectar la memoria, los testimonios que deja la gente, sino también para procesarlos desde el punto de vista del análisis interpretativo”.
¿Por qué vincular otros sectores que participaron del conflicto como empresarios y Fuerza Pública?
“Hay que vincularlos porque así lo estipula la Ley nacional de víctimas 1448. En el artículo tercero dice que aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño en su integridad o en sus bienes como consecuencia de acciones terroristas o de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra son considerados víctimas.
Entonces, ¿por qué los militares pueden ser considerados víctimas? No todos, no la Fuerza Pública en general. Nosotros hemos diseñado o hemos acordado trabajar sobre cuatro delitos o crímenes de guerra que son: víctimas de minas antipersonal , las que han dejado miles de mutilados, ciegos, sordos, quemados o muertos; víctimas de secuestros, es decir, soldados y policías de diferente grado encerrados en la selva en condiciones inhumanas, sin contacto con la familia por meses, por años; víctimas de asesinatos fuera de combate: el DIH es taxativo quien está fuera de combate se le debe respetar su vida, su dignidad y su integridad , muchos soldados y policías fueron bajados de buses y por el hecho de ser de la Fuerza Pública los mataban; y desaparecidos, que la Fuerza Pública habla de centenares que no se sabe dónde están.
Ese núcleo de víctimas son personas que tienen padres, que tienen madres o dejaron hijos huérfanos, tiene hermanos, dejaron viudas, entonces es gente afectada por el conflicto armado, no son heridos en batalla, son víctimas de crímenes de guerra.
Y los empresarios, igual. Sabemos que los empresarios, sobre todo los del campo y algunos directivos de multinacionales fueron víctimas de extorsión sistemática, buena parte de esa extorsión se tradujo en la ruina de fincas, haciendas, empresas en el agro e incluso en las ciudades, pero también fueron víctimas de secuestros extorsivos por los que tuvieron que pagar cifras millonarias y después son acusadas de haber financiado el paramilitarismo. Hay empresarios que pagaron impuestos al Estado, pero también le pagaban a los paramilitares, a la guerrilla, una triple tributación, son afectados por el conflicto. Muchas empresas se vinieron al suelo, entonces esas personas al ser afectadas por acciones terroristas y condenadas por el derecho internacional se convierten en víctimas.
¿Por qué cambio su discurso sobre conflicto armado?
No, ha habido una adaptación a la ley. La Ley de Víctimas estipula, gústeme o no, que en Colombia lo que hubo fue un conflicto armado. Para muchos cuando se habla de conflicto armado eso implica guerra civil. El CICR aclara que no necesariamente hablar de conflicto armado interno significa guerra civil, puede ser un conflicto de baja o media intensidad porque es prolongado, y eso no implica que se asuma un estatus de beligerancia por parte de los opositores de la institucionalidad. Hay unas atenuaciones y hay una definición jurídica de conflicto armado, pero también hay una definición política de que los estados lo reconocen o no según su conveniencia política, por ejemplo, como el caso del gobierno de Santos los reconoció para poder negociar, y el creyó que de ahí iba a sacar todo el tema de la paz.
En mi caso no lo tengo como un dogma, no le veo problema hablar de conflicto armado o no, me acojo a la Ley que así lo estipula, juré cumplir la ley y por lo tanto tengo que reconocerlo pero también estoy tranquilo porque eso no me supone un dilema moral, porque esa noción no es de dogma, esa noción, como muchas otras que manejamos en estos asuntos de historia política, no pueden ser asumidos como algo dogmático, porque no estamos hablando de religión, La política no puede ser dogmática, debe ser abierta, plural y controversial, y he dicho también en el centro a mis funcionarios, es controversial, no puede ser asumido como verdad absoluta, como verdad única o definitiva, son contribuciones al conocimiento.
¿Bajo la premisa de un dogma, nos enfrentamos a un gobierno negacionista?
El negacionismo no es una noción aplicable en Colombia, porque aquí no hay un consenso grande como el que hubo en la Alemania nazi frente a los judíos. Eso es un consenso del 99.9 por ciento de la población europea de que fue algo horroroso, malo, o como el fenómeno de Sudáfrica en donde la mayoría de la población negra logró imponerse y derribar el Apartheid que era algo racista, xenófobo, discriminante por motivos de raza y hay un consenso casi mundial de que eso no puede volver a ocurrir.
Quien niegue una realidad aplastante es un negacionista. Quien niegue el holocausto judío es un negacionista. Ese concepto no s e puede aplicar en nuestro país porque primero no hubo una cosa tan tajante de que hubiera aquí una política criminal del Estado, un mandato de exterminar a la oposición, de crear una dictadura al estilo de las del Cono Sur. Esta sociedad ha sido más abierta en medio de sus problemas, es una sociedad que se reforma así misma, que ensaya procesos, y hay todo el fenómeno de diversidad política que encontramos en este momento, de atomización, entonces no hay negacionismo, simplemente hay controversia, y es distinto.
¿Qué tanto se puede complementar el CNMH con la Comisión de la Verdad?
Tenemos una diferencia de origen y de tiempos. Nosotros surgimos en el 2011 en un marco en el que todavía no estaba a la vista el proceso de paz y la Comisión lleva trabajando seis meses, es fruto de un acuerdo de paz a finales de 2016. Hemos tenido algunas conversaciones pero no hemos llegado a tener un campo de trabajo común. La lógica de ellos es crear casas de la verdad a lo largo y ancho del país, por donde va pasando la gente y va contando sus historias, pero yo me atrevo a pensar que esa no es la verdad, es parte de la verdad, las narraciones de la gente es lo que llamamos fuente oral y es la versión de cada quién sobre lo que vivió, eso es solo una fuente de información porque lo que narre una víctima de un grupo guerrillero, de un grupo paramilitar o de un agente del estado, es distinto.
La verdad siempre está relacionada con la investigación y por eso en vez de hablar de verdad, que es una cosa fija, es mejor hablar de campo de conocimiento, como se hace en Ciencias Sociales. Hay paradigmas que se agitan y surgen otros, eso quiere decir que el conocimiento está en permanente creación. Yo no he podido entender muy bien a dónde va a llegar el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero no nos negamos a conversar. He tenido algunos encuentros con el padre De Roux, en términos muy respetables, pero aún no encontramos como un campo en el que podamos adelantar un proyecto en común”.