Para que toda política pública, en especial la de la protección a los líderes sociales tenga éxito, debe ser construida con la gente. La máxima anterior es de Lorena Sánchez, líder y presidenta de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, para quien el decreto firmado por el presidente Iván Duque, con el que busca frenar el asesinato de estas personas, le faltó un detalle importante: consultar a los afectados.
“Le faltó tener en cuenta el centro de la problemática como son los líderes sociales. Le faltó saber que una es la lectura del Gobierno nacional sobre lo que pasa en el territorio, y otra es la que se da en las regiones con los líderes”, argumenta Lorena.
Y es que la falta de una voz de los defensores de Derechos Humanos en la construcción del Plan de Atención Oportuna, PAO, se volvió la queja más recurrente después de firmado el decreto por Duque.
Pablo López, uno de los líderes que ha estado frente a procesos de restitución de tierras en Chocó, asevera que el Gobierno debería haber consultado con las comunidades que, en última instancia, son las que conocen quiénes amenazan, dónde y porqué.
“Nos deberían haber preguntado a nosotros que somos los perseguidos y nos damos cuenta cuál es la estrategia para amenazarnos. Si nos hubieran preguntado habría más transparencia frente a lo que buscamos en materia de protección”, expresa.
Según López, no se trata de diseñar un plan de protección en las mismas condiciones para un líder de Medellín, Bogotá u otros municipios “donde el líder trabaja en las comunidades en las que están el actor que las intimida”.
