Este es un llamado de auxilio de las autoridades indígenas: no ha llegado la paz a sus 102 pueblos del territorio nacional, como se esperaba luego del Acuerdo entre Gobierno y las Farc. Además, cerca de la mitad de sus resguardos se encuentra en riesgo de extinción física y cultural.
Lo afirma la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, y lo argumenta con sus cifras (ver mapa). Desde diciembre de 2016 hasta el 3 de julio del presente año fueron asesinados 65 líderes indígenas, 5.730 fueron afectados por desplazamiento forzado, 8.245 sufrieron por confinamientos, 10 fueron torturados; 25, reclutados por estructuras armadas ilegales; 21 víctimas de atentados y 161 se encuentran amenazados.
“Hoy, lo ratificado por la Corte Constitucional mediante el auto 004 de 2009, en el que declara a 36 pueblos indígenas en vía de extinción física y cultural, sigue teniendo su vigencia, con la gravedad de que pueden ser muchos más”, afirmó Óscar David Montero, integrante del pueblo kankuamo y miembro de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por su parte, el Gobierno, por medio de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, tiene registros basados en un informe presentado a principios de este año que no distan mucho de lo presentado por las autoridades indígenas: 65 homicidios entre el 2016 y 2017, 1.045 casos de amenazas, 13 desapariciones forzadas, 8 torturas y 10.098 casos de desplazamiento.
Recientemente la Onic denunció las amenazas de muerte que recibieron nueve dirigentes indígenas en el departamento del Valle del Cauca en un panfleto de un grupo que se autodenomina Águilas Negras (Bloque Occidental). La razón: el su supuesto apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro en las pasadas elecciones. Al final es firmado por tres hombres conocidos con los alias de Perico, el Ñato y el Gordo, supuestos comandantes del grupo ilegal.
“El Comando Occidental de las Águilas Negras hemos declarado objetivo militar a todos los colaboradores de los disidentes de las Farc y a todos los que apoyaron al Hp (sic) de Petro en las pasadas elecciones”, dice uno de los apartes del comunicado de esa supuesta organización criminal.
Este tipo de casos son frecuentes, según la Onic, en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.
“La mayoría de este tipo de hechos se les atribuye a disidencias de las Farc, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, otros grupos Bacrim o continuidad del paramilitarismo, como lo decimos nosotros. Sin embargo, hay que aclarar que también hubo hechos puntuales en los que la Fuerza Pública es responsable de la muerte de varios compañeros, como el asesinato por parte del Ejército de un gobernador indígena en Chocó y la masacre ocurrida el año pasado en Tumaco”, agregó Óscar David Montero.
Por el caso que se menciona y que se involucra al Ejército, esa institución tuvo que pedir disculpas públicas a los comuneros el pasado 31 de enero por la muerte de su líder Eleazar Tequia, quien murió en medio de unas manifestaciones en esa región.
Carlos Guevara del programa Somos Defensores, explica que los pueblos indígenas del país seguirán en riesgo de aniquilación a pesar de las intenciones que se tienen con el Acuerdo de paz firmado con las Farc, “empezando porque aún no se implementa en su totalidad”.
Afirma Guevara que “se conjuga con violencias producto de ejercicios de defensa de la tierra y el territorio que tienen esos pueblos indígenas. Es el principal problema del conflicto en Colombia, la tierra, el territorio y los recursos naturales. Las comunidades están en resistencia frente a los tres temas y es por eso que siguen siendo amenazados, asesinados, desplazados y seguirán siendo afectados porque en este momento no hay una intención clara de desactivar los conflictos. El panorama es muy complejo y estos pueblos indígenas no tienen garantías de derechos reales”.
Sus propias negociaciones
Con experiencia, autoridad, pero sobre todo, con la necesidad de salvaguardar la vida de sus integrantes, varios pueblos indígenas pactaron acuerdos de paz con actores armados en sus territorios.
Un recordado caso ocurrió hace 22 años en el sur del Tolima, donde la comunidad Nasa, con unos tres mil habitantes, logró un acuerdo de no agresión con la guerrilla de las Farc, lo que evitó homicidios y reclutamiento forzado.
Esa opción es igual de válida hoy para los resguardos amenazados por la presencia de grupos armados ilegales. Por eso la Onic afirma que los indígenas en Colombia cuentan con un Gobierno autónomo y que busca que “no nos maten”.
“Hay lugares donde la Fuerza Pública no llega entonces nos toca hacer un ejercicio de autonomía para que se respete el territorio. No siempre funciona porque siguen instalando minas antipersonal y continúan matando y amenazando a los líderes”, asegura la Organización Indígena.
La situación en Antioquia
Bajo Cauca, Nordeste y Urabá son las regiones del departamento donde se mantienen las amenazas contra los comuneros de estas zonas tal y como lo afirman desde la Organización Indígena de Antioquia, OIA.
Los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y Caparrapos en zona rural de los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia generaron a principios de 2018, una crisis humanitaria por los desplazamientos masivos de por lo menos 200 familias indígenas y campesinas de esa región, tal y como se afirmó en los informes de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Antioquia.
La OIA asegura que en Bajo Cauca, donde se encuentran 46 comunidades de los pueblos Senú y Embera, han sido asesinados 6 líderes por las acciones de los ilegales que se disputan en esa zona el control de los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.
“Todas las comunidades en Antioquia tienen un nivel de amenaza alto, por lo que implica la presencia de este tipo de actores ilegales y su forma de accionar. Nosotros hemos identificado que por ejemplo en Bajo Cauca, las 46 comunidades tienen algún tipo de riesgo, así sean amenazas, confinamientos o limitaciones a la movilidad, desplazamientos y reclutamientos de menores. Sobre este último caso tenemos ejemplos de padres que han tenido que enviar a sus hijos a donde familiares para evitar que se los lleve un grupo armado. Esas comunidades viven en un estado de zozobra”, afirmó Richar Sierra, consejero de la Organización Indígena de Antioquia.
Protección gubernamental
En el informe del Gobierno, citado al principio de este artículo, se daba la preocupación por lo que viene para los pueblos indígenas en varios departamentos del país “en donde, por cuenta del recrudecimiento del paramilitarismo hoy persisten las persecuciones, amenazas y asesinatos de líderes, lideresas y autoridades indígenas. Asimismo, el desplazamiento masivo de individuos y familias enteras”.
Desde la Unidad Nacional de Protección (UNP), como mecanismo para evitar ataques contra las comunidades, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Interior, aseguró que trabaja para contrarrestar y prevenir cualquier situación de violencia contra los indígenas en el país.
La Dirección de Derechos Humanos de la cartera mencionada explica que se trabaja con diferentes protocolos de protección que incluso involucran a las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que para el Estado, los indígenas, después de los comunales y comunitarios, son la tercera población más afectada por el conflicto armado desde que se firmó la paz con las Farc.
“Entre otros mecanismos de protección hacemos formalización en temas de capacitación para mantener y respetar el uso de costumbres que ellos tienen. Hay un acompañamiento a la guardia indígena que es su mecanismo de protección en los territorios. Eso hace parte del diálogo formal que desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior tenemos con las organizaciones de todos los indígenas”, dice Ivonne González, directora de esa dependencia.
Las autoridades también destacan la construcción de confianza que se viene dando entre el Estado y los indígenas, sobre todo en los territorios donde nunca hubo presencia institucional.
Un ejemplo de ello tiene que ver con la conexión que ya se tiene con la Fuerza Pública, específicamente con la Fiscalía para la investigación de los hechos ocurridos contra los pueblos en el territorio nacional.
Para Ivonne González este trabajo con las autoridades, que ha permitido un esclarecimiento muy importante de varios homicidios, es relevante por lo que “ese tipo de investigaciones nos ayudará a determinar qué hay detrás de esos homicidios y por qué están involucrados los pueblos indígenas”.
Por su parte desde la Fiscalía General de la Nación hay instrucciones concretas sobre el trabajo con las comunidades indígenas para el esclarecimiento de los crímenes.
“Cualquier ataque contra un pueblo indígena o cualquiera de sus integrantes es de la mayor prioridad. Hay un mensaje de compromiso con la priorización, la agilidad y la obtención de resultados en los procesos para investigar y llevar ante los jueces todos los casos contra quienes amenacen su tranquilidad, poniendo en riesgo o segando la vida de sus miembros”, afirman desde el ente investigador.
