La población en la que el equipo periodístico de EL COLOMBIANO se reunió con el frente 18 de las Farc, en el norte de Antioquia, es un pequeño caserío de unas 20 casas, una iglesia, una placa polideportiva, y una escuela con tres profesores en la que los niños estudian hasta grado séptimo.
Hasta allí llega una carretera por la que solo transitan los caballos, las motos y la chiva veredal. Hacia adentro, el camino se vuelve arriero y es utilizado a diario por los labriegos que viven en otras veredas en donde no hay acceso vehicular y no hay internet ni señal de celular.
Los pobladores de esa región se acostumbraron a las Farc y a sus reglas, sin embargo esperan que el Estado refuerce su presencia social, con servicios básicos y oportunidades de desarrollo. La región montañosa, es rica en recursos hídricos, cuenta con un clima y tierra que permiten la cosecha de productos como café, maíz, frijol y plátano. Sin embargo, las oportunidades y opciones son pocas para los campesinos, quienes en esta época tienen dudas con el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla.
Para analistas y expertos en el conflicto armado colombiano, el reto del Estado de llegar a las zonas donde históricamente han estado las Farc es inmenso, no solo por la necesidad de la gran mayoría de los campesinos que desean trabajar sus tierras en paz, también para evitar que esas personas, y los jóvenes que hacen parte de los grupos armados una vez se desmovilicen, no queden nuevamente a merced de otro grupo armado ilegal.
En su análisis, Javier Ciurlizza, director para América Latina del International Crisis Group, cita una frase que le escuchó al padre Francisco De Roux sobre uno de los principales problemas en Colombia: “el país siempre ha tenido más territorio que Estado”.
Para Ciurlizza, esa frase no solo compromete a una nación que sufre un conflicto armado, también a una que “tiene una fractura estructural y una poca capacidad del Estado para estar presente, prestar servicios públicos, por lo que habitantes de regiones con presencia histórica de las Farc tengan la percepción de que el Estado y la autoridad es un ente ajeno, extranjero y por eso cuando el Gobierno ha intentado estar muchas veces ha sido recibido con desconfianza y hasta con hostilidad”.
Dice el analista que es normal ver a los habitantes de esas zonas organizados para sobrevivir como puedan y con quien esté de turno en la región, por eso asegura que el desafío del posconflicto para el Gobierno Colombiano no se trata solo de restablecer la autoridad del Estado, una autoridad que estuvo ausente, sino de establecerla en muchas zonas por primera vez “y eso implica un esfuerzo muy grande para conquistar muchas mentes y corazones de toda esa población, porque no solo se trata de respeto y leyes, también de legitimidad”.
Camilo Gómez, excomisionado para la paz en el gobierno de Andrés Pastrana, tiene clara la necesidad de fortalecer o hacer cambios profundos en la justicia ordinaria para afrontar el posconflicto.
“A mi juicio es el elemento más critico hoy en día, si hay justicia y presencia estatal, ningún grupo armado ilegal podrá llegar hacer suplantaciones como las que se han presentado en algunas regiones muy apartadas”, dice.
En su tesis, Gómez plantea que una simple pelea o conflicto entre dos campesinos, termina siendo resuelta por un tercero, “y en esas regiones, ese tercero es la guerrilla, que es la que tiene la autoridad allí”, por eso el “esfuerzo grande se debe dar en justicia y presencia institucional”.
Afirma el excomisionado que otro de los elementos críticos es el narcotráfico, “porque los guerrilleros que decidan seguir con ese negocio, con los cultivos ilícitos en ese tipo de áreas inhóspitas, se van a convertir en un problema grande para las autoridades y su intención de llegar a esos sitios”.
