Sus vecinos le decían Elena. Su nombre completo era María Magdalena Cruz Rojas y era líder cocalera en el Meta. El 30 de marzo de 2018, a las 9 de la noche, hombres encapuchados llegaron hasta su vivienda y delante de su esposo e hijo la asesinaron.
Así lo denunció, en un comunicado público, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (Dhoc), una organización no gubernamental que promueve el respeto y la defensa de los Derechos Humanos.
Según esta fuente, Elena era dirigente campesina y residía en la vereda Unibrisas Iteviare. Adicionalmente, representaba a su núcleo veredal ante la comisión de planeación participativa del municipio de Mapiripán, Meta, del programa PNIS, de sustitución de cultivos ilícitos.
Dhoc la recordó como una dirigente cocalera ante el programa de sustitución de cultivos ilícitos en Mapiripán y como “una incansable luchadora en busca del mejoramiento y bienestar de las comunidades del interveredal, región limítrofe de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán”.
A raíz del hecho, Dhoc le exigió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón “garantías para la participación social en los procesos que conducen a la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y la exguerrilla de las Farc”.
Adicionalmente, al fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, le pidieron que se aclaren los hechos y se determine a los responsables del asesinato de la dirigente social.
“Chocamos con muchos intereses”
José Eliécer Marín, presidente de Corpoamem, le dijo a EL COLOMBIANO que no conocía detalles del asesinato de la líder social, un hecho que lamentó. No obstante, advirtió que “ser líder social no es fácil, porque se choca con muchos intereses”.
Entre estos últimos destacó a las que llamó “mafias de la coca y las mafias de la tierra, porque para ellos es un problema que se hable de sustitución de cultivos, devolución o reforma de tierras”.
Corpoamem está conformada por 30 organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que se encuentran en el área de manejo especial de La Macarena y la Orinoquía colombiana.
Aunque sin cifras a la mano, Marín afirmó que el mayor número de líderes cocaleros asesinados se concentra en el Cauca. Para analizar esa situación, a mediados de este mes realizarán una reunión y tratar el tema de seguridad en Meta, Arauca y Guaviare.
En su concepto, el Gobierno Nacional está incumpliendo los compromisos del plan de sustitución de cultivos en La Uribe, Mesetas, Puerto Rico y Vista Hermosa. En la primera localidad, por ejemplo, unas 1.500 familias hicieron las labores de erradicación de cultivos y aunque se han realizado algunos pagos por parte del Estado, hay mucho atraso en materia de proyectos productivos, asistencia técnica a los recolectores, centros de acopio y comercialización.
