¿Cambio de brazalete?, ¿sesión de negocio?, ¿trueque?, ¿franquicia? Las autoridades no han podido determinar cuál es el modus operandi por el que grupos armados al margen de la ley, especialmente el Eln, y grupos armados organizados, como el “Clan del Golfo”, “los Rastrojos” y “los Pelusos” están ocupando territorios que paulatinamente han sido dominados por las Farc.
Tampoco han podido establecer cuál es la intervención de las Farc en estos relevos.
Lo que sí es cierto es que los asesinatos a líderes sociales de izquierda en zonas de influencia de las Farc, o cerca a los territorios donde esta guerrilla va a dejar las armas, evidencia el ingreso de grupos ilegales y que la presencia de rentas ilegales hacen que otros actores armados se sientan tentados por el dinero que fácilmente pueden conseguir en esas regiones.
GAO en tierra de las Farc
Los Grupos Armados Organizados (GAO), que son las mismas bandas criminales, no son organizaciones que busquen ocupar territorios como tal, en palabras de Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, Cerac, aunque algunas personas hablan de una sustitución casi que automática de guerrilla por GAO, eso no ocurre porque las guerrillas son muy diferentes a los grupos de crimen organizado. A los GAO, dice, no les interesa ocupar territorios o necesariamente comprar a la población civil; el único interés de crimen organizado es controlar las fuentes de rentas ilegales, mantener el control sobre el narcotráfico y sobre los minerales preciosos.
El mismo presidente Juan Manuel Santos reconoció la problemática: “Hemos visto cómo, en diferentes zonas del país, los grupos armados ilegales están queriendo llenar los espacios que las Farc han venido dejando en su movilización hacia los puntos en los que se están concentrando”.
Sin embargo, Restrepo aseguró que no es algo nuevo: “Yo creo además que ese tipo de repartición del control de esas fuentes de rentas ilegales se produjo hace meses o años, en el sentido de que hoy en día ya hay otros grupos que están controlando esos negocios”.
Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo a la OEA al proceso de paz en Colombia, aseguró que es difícil determinar si hubo un acuerdo entre las Farc y otros grupos armados para ceder sus territorios, pero el fenómeno de ocupación por parte de otros ilegales se puede determinar gracias a las denuncias ciudadanas y las marcas como grafitis y panfletos dejados en los territorios.
Estos grupos que buscan establecer un nuevo orden son, para Imelda Daza, vocera del acuerdo de paz con las Farc ante el Congreso por medio del movimiento Voces de Paz y Reconciliación, quienes ejecutan crímenes contra líderes de izquierda. “Así se evidencia que el paramilitarismo no se desmontó totalmente, sino que sigue actuando delincuencialmente y sigue siendo la expresión clara de la combinación de las formas de lucha de la ultraderecha colombiana”.
De acuerdo con Daza, estos grupos han ocupado territorios siempre y ahora se están extendiendo hacia algunas de las regiones que las Farc están desalojando.
El Eln acecha
En el informe “El impacto humanitario de las nuevas dinámicas del conflicto armado y la violencia en diversas regiones de Colombia”, realizado por Francisco Rey Marcos y Joséphine Dubois para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, reveló que el “Eln, pese a haber iniciado conversaciones con el Gobierno en marzo de 2016- actualmente paralizadas-, ha aumentado sus acciones especialmente en algunos departamentos como Arauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Nariño y en zonas con presencia histórica de las Farc”.
Según ese informe, las acciones del Eln con relación a las Farc no han estado presididas por un único patrón y si en algunos casos se han detectado acciones conjuntas de ambas organizaciones para enfrentar al “Clan del Golfo” en Truandó, en el Bajo Atrato, o El Bagre, en Antioquia, o algunos casos de traspaso de fuerzas en el llamado “cambio de brazaletes” de un modo pactado (Cauca y Chocó), en otros no se evidencia ninguna colaboración.
Imelda Daza aseguró que no puede decirse que las Farc permiten al Eln la ocupación de los territorios que abandonan: “Esos no son territorios cercados ni con candados cuyas llaves están en poder de las Farc. Son zonas que unos ocuparon que ahora las desocupan y quedan ahí... deshabitadas y expuestas a ser ocupadas por cualquiera si el Estado no asume su control”.
En su opinión, podría decirse más bien que es la ausencia del Estado lo que permite la reocupación de esas zonas por parte de grupos ilegales.
Disidencias que combaten
Ya fue conocido por la opinión pública que varios integrantes del Frente 1 de las Farc dejaron las filas para seguir haciendo la guerra, aprovechando los nexos con carteles del narcotráfico mexicanos. Así mismo, las Farc sacaron de su organización a 5 cabecillas que no estaban de acuerdo con el proceso de paz.
Ellos y otros disidentes que se han apartado de las Farc durante el preagrupamiento, podrían estar generando desórdenes en zonas donde han tenido dominio.
Todd Howland, representante para Colombia de la ONU Derechos Humanos, denunció que hay guerrilleros a los que grupos armados les han ofrecido unirse a sus filas: “Ellos hablan muy franco y dicen que tienen interés en hacer la desmovilización, pero creen que la gente no quiere y por eso hablan de entrar en otros grupos o mirar otras opciones”.
Estas son las zonas con la situación más crítica:
Tumaco: el peor escenario
“Queremos visibilizar la condición de vulnerabilidad social en la que se encuentran los pobladores de Tumaco, en Nariño. Este municipio necesita soluciones urgentes y reales para ponerle freno a los problemas sociales y de violencia que están aquejando a sus habitantes”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, después de una visita a la zona en días recientes.
Allí el panorama es desolador. Con la salida de las Farc del territorio, varios grupos armados se disputan los negocios ilícitos, causaron 135 muertes violentas y el desplazamiento de 220 familias en 2016.
La problemática se extiende por todo el Pacífico. El subdirector de la Policía Nacional, general Carlos Ramiro Mena, reconoció que “en varias de estas zonas del Pacífico donde delinque el Eln, el “Clan del Golfo” habría tenido enfrentamientos con el fin de copar estas zonas”.
Los enfrentamientos entre esas dos fuerzas se han presentado en Istmina (Chocó), Buenaventura (Valle) y Tumaco (Nariño), fortines de narcotráfico, minería ilegal y extorsión.
Putumayo: selva en disputa
El frente 48 de las Farc advirtió, a través de un comunicado, sobre la presencia de nuevos grupos paramilitares en al menos 7 de los 13 municipios del Putumayo.
Las Farc afirmaron que este nuevo grupo amenazó al cabildo indígena de San Marcelino: “la presencia de estos grupos se ha venido incrementando abiertamente en los pueblos y veredas, utilizando armas cortas, y por la noche visten prendas verdes, caso el pueblo de Sanmiguel, a donde llegan 10 motos semanales y a la media hora ya se mira gente con prendas militares. En todos estos municipios y vía carreteable, hasta Piñuña Negro, han llegado panfletos de las AUC”.
Catatumbo: frontera en lucha
La frontera colombo venezolana es porosa y ha sido aprovechada por diferentes grupos armados. Allí el dominio de las Farc lleva mucho tiempo en entredicho, “Los Pelusos”, que son la disidencia del Epl, y el Eln mandan en la zona.
Las Farc manejaban desde La Gabarra hasta Puerto Santander, Norte de Santander, pero hoy los habitantes sienten la disputa que hay por la extorsión al comercio y por los caminos para transportar cocaína hacia Venezuela.
La “vacuna” que cobraban las Farc de 10.000 pesos por caja de cerveza, por ejemplo, ahora es reclamada por el Eln.
B ajo Cauca: ruta estratégica
Los corregimientos de Puerto Claver y Puerto López en el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, ha sido tradicionalmente de presencia de las Farc y ahora, de acuerdo a la verificación realizada por la Defensoría del Pueblo, está en disputa por parte de actores ilegales que ejercen presión en la comunidad, especialmente hacia los líderes de esta región.
“Hemos encontrado prácticas como, por ejemplo, que vienen marcando viviendas de estas comunidades en las que las personas han tenido que salir desplazadas, estamos solicitándole de manera urgente a las autoridades municipales que se redoblen los esfuerzos de presencia de Fuerza Pública para garantizar las medidas de protección adecuadas a esta región del Bajo Cauca antioqueño”, expresó Mauricio Redondo Valencia, delegado para los Derechos de la Población Desplazada de la Defensoría del Pueblo.
La Defensa se prepara
El Ejército para este 2017 tiene listo el Plan de Estabilización y Consolidación Victoria, que tiene como objetivo garantizar la seguridad interna y una mayor presencia y control institucional en todo el territorio.
“Lo que se quiere es que haya un esfuerzo de consolidación que permita que después de firmado este acuerdo para el fin del conflicto con las Farc las condiciones de seguridad sean mejores y evitemos desde todo punto de vista que se vayan a quedar nuevos agentes generadores de violencia o grupos disidentes que puedan afectar la seguridad de los colombianos”, expresó el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante de las Fuerzas Militares.
Además, sentenció que la Fuerza Pública llegará a zonas de influencias de las Farc y las va a ocupar con las Fuerzas Armadas y la Policía para evitar que lleguen otros grupos. “Detrás de las Fuerzas Armadas y la Policía vendrá la presencia institucional”, anotó.
El general Carlos Ramiro Mena advirtió que “efectuaremos capturas, desmantelaremos organizaciones criminales en cualquiera de las zonas que estén siendo despejadas por las Farc y que cualquier grupo al margen de la ley intente coparlas”.
Para el Centro de Investigación del Crimen Organizado Insight Crime, el Estado estará esforzándose durante todo este 2017 por obtener los recursos necesarios para ocupar los antiguos territorios de las Farc: “De hecho, el presupuesto del Ministerio de Defensa se incrementará en un 2 % en 2017, y Colombia espera cientos de millones de dólares destinados a asistencia internacional para el posconflicto. Aún así, recientes intentos del Gobierno por establecer el control en zonas que llevan mucho tiempo abandonadas por el Gobierno se han quedado cortos, y existe la preocupación de un déficit del financiamiento internacional”.
