Un líder comunitario secuestrado y dos disidentes muertos fue el balance preliminar de los combates que sostuvieron durante el fin de semana pasado el Epl y las disidencias de las Farc en el norte del Cauca.
Allí, para acabar con el enfrentamiento que se extendió por un poco más de 36 horas, en las cuales los civiles, especialmente indígenas, no pudieron salir de sus casas y muchos se mantuvieron debajo de las camas para evitar una herida con bala, tuvo que intervenir el Ejército.
En esa región se da una de las principales disputas territoriales desde al dejación de armas de las Farc. Según la ONU Derechos Humanos, “las comunidades son víctimas de homicidios selectivos, atentados, amenazas, desapariciones y desplazamientos”.
Y es que a las zonas en las cuales era hegemónica la presencia de las Farc han llegado grupos armados de toda índole para tratar de copar las economías ilegales de las que vivía la guerrilla. Y así la población civil circundante no solo queda en medio de las disputas entre los ilegales y los agentes del Estado, sino en medio de los combates entre los mismos ilegales.
Tal vez hasta ahora el ejemplo más contundente es la guerra entre el Eln y el Epl en Catatumbo (Norte de Santander), que ha costado el desplazamiento de más de 12.000 personas en el último año, según cifras de ONU Derechos Humanos. Pero la situación se extiende al Norte, Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba donde el Eln, los Caparrapos y las disidencias de las Farc se confrontan con el Clan del Golfo; a Chocó donde la guerra es entre el Eln y el Clan del Golfo; y en Nariño donde combaten el Frente Óliver Sinistera y las Guerrillas Unidas del Pacífico (ver Radiografía).
