El bombazo que despedazó un campamento de “los Urabeños” y mató a 12 de sus hombres, no solo levantó tierra en el norte de Chocó, sino en lo más profundo de la política de seguridad de Estado.
Nunca antes se había lanzado una bomba contra una agrupación no reconocida como “actor armado del conflicto”, por lo que ese hecho encendió un debate nacional, de cara a si esto fue un error político o una nueva estrategia válida contra el crimen organizado.
El caso suigeneris ocurrió en el marco de Agamenón, la operación policial más grande y costosa de las últimas tres décadas, que inició en febrero con la premisa de desmantelar a la banda criminal (bacrim) más peligrosa de Colombia.
Los agentes de Inteligencia, con ayuda de un desertor de la facción ilegal, detectaron un campamento de cinco estructuras rústicas en la selva del municipio de Unguía, entre los sitios El Peye y Tilupo.
Según información policial, incursionar en el sitio por tierra era muy riesgoso, pues además de las adversas condiciones topográficas, había minas antipersonal alrededor. Estos artefactos ya le habían volado las piernas a un patrullero de Agamenón (06/5/15), en el corregimiento Nueva Antioquia de Turbo. Para agravar el panorama, los delincuentes tenían artillería pesada.
Tras analizar esos factores, se autorizó un ataque de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) en la madrugada del pasado 3 de noviembre. Murieron 12 personas y una más resultó herida, con una esquirla de granada en la pierna.
Comités de bandas fijan precedentes
La categoría de “banda emergente” o “banda criminal” (bacrim), fue acuñada en 2007 para definir a las estructuras de crimen organizado que heredaron el negocio del narcotráfico transnacional y en muchos casos eran conformadas por exparamilitares, como “los Urabeños”, “Águilas Negras”, “Nevados” y “Renacer”, entre otras.
El término surgió de comités interinstitucionales con Dijín, CTI, Fiscalía, Ministerio de Defensa y FF.MM., donde también se acordaron los mecanismos jurídicos y operativos para enfrentar a esas facciones.
Según agentes que participaron en esos comités - quienes solicitan la reserva de su identidad -, como marco teórico se usaron los Convenios de Ginebra sobre DIH (1949) y la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también llamada Convención de Palermo, 2000), con sus respectivos protocolos firmados en años posteriores y que fueron incorporados por la legislación colombiana.
De allí se optó por diferenciar a las bacrim de los “actores armados del conflicto interno” (Farc y Eln), y catalogarlas como “delincuencia organizada”. Por eso, la responsabilidad de combatirlas recae esencialmente en la Policía, y el ejemplo concreto es Agamenón, ejecutada por 1.300 miembros de esa Institución. Las FF.MM. solo participan como apoyo en los operativos y comparten información, pero la investigación, captura y judicialización es toda de la Policía.
No obstante, hay dos precedentes en los que las bandas sintieron la fiereza del arsenal militar. El 06/3/10, en área rural de Montelíbano (Córdoba), se presentó un colosal enfrentamiento entre “los Urabeños”, “los Rastrojos” y “los Paisas”. Helicópteros de la Aviación del Ejército llegaron al sitio primero y, al ser recibidos a bala en el área de combate, ametrallaron a los adversarios.
Hubo 12 muertos, cuatro heridos y 56 capturados. Entre los occisos estuvo Virgilio Peralta, alias “Víctor Caparrapo”, el cabecilla de “los Paisas” en el Bajo Cauca.
El segundo episodio acaeció el 02/10/15 en Hacari (Norte de Santander), en una operación contra Víctor Navarro, alias “Megateo”, el líder del Frente Libardo Mora, una disidencia del Epl que las autoridades no consideran insurgente, sino narcotraficante.
El objetivo murió cuando estaba dentro de una caseta llena de artefactos explosivos, con los cuales pretendía enfrentar a la Fuerza Pública, y uno de ellos estalló. El hecho estuvo precedido por una lluvia de balas desde tierra y aire contra su anillo de seguridad, de parte de la FAC y el Ejército.
Aun así, el bombardeo directo contra los blancos se había evitado, partiendo de la doctrina definida en los comités de bacrim. Incluso, en una entrevista concedida a EL COLOMBIANO (14/8/12), el entonces comandante de la FAC, general Tito Saúl Pinilla, dijo que “hay una restricción jurídica que limita la acción de la Fuerza Aérea contra las bacrim, considerados como grupos delincuenciales, cuya lucha es responsabilidad de la Policía”.
Pero el pasado 3 de noviembre, en la selva chocoana, esa historia cambió. ¿Se trató de un error táctico, o de una nueva estrategia para combatir a estos grupos? ¿Qué implicaciones tiene esa decisión?
Consecuencias políticas y de seguridad
El oficial (r) del Ejército y analista del conflicto, John Marulanda, opina que “el Gobierno y las Fuerzas Militares ya le están apostando a que en el posconflicto, las nuevas amenazas a la seguridad nacional son las bandas criminales, en las que confluyen narcos, exparamilitares y exguerrilleros”.
Señala que en la región hay una tendencia para atacar militarmente a las mafias del narcotráfico, “en Perú y Honduras se autorizó el derribamiento de aeronaves de los narcos, y uno de los debates entre los candidatos presidenciales de Argentina es si las Fuerzas Militares deberían involucrarse en esa lucha”.
Y antes que ellos, México ordenó a sus militares ir a la guerra contra los carteles de la droga (2006), que en últimas son los principales aliados de las bandas colombianas en el mercado negro internacional.
Marulanda sostiene que la decisión de bombardear a las bacrim “plantea un nuevo reto en materia de legalidad y DIH, porque la legislación internacional prohibe involucrar a las FF.MM. contra la delincuencia común y organizada”.
A su juicio, el bombardeo de Unguía es la demostración de que ya se está cocinando una “nueva doctrina militar”, como lo anunció hace dos meses el general Alberto Mejía, comandante del Ejército, la cual incluye la creación de nuevos batallones contra el narcotráfico.
Para el exoficial, en esos cambios se nota la presión ejercida por las Farc desde La Habana. Los rebeldes han sugerido una transformación de las FF.MM. y han puesto como condición para desmovilizarse que el Estado elimine los últimos rezagos del paramilitarismo.
El periodista y también analista del conflicto, Juan Diego Restrepo, se pregunta si bombardear a “los Urabeños” les daría el estatus de actor armado beligerante del conflicto, con lo que se podrían abrir las puertas para un tratamiento político de la organización.
“Los Urabeños”, que se llaman a sí mismos Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), han pretendido desde sus inicios posar como el tercer actor armado del conflicto colombiano. De hecho uno de sus fundadores, Daniel Rendón Herrera (“don Mario”), insiste en que “las bacrim no existen, somos una continuación de las antiguas Auc”.
La banda, a través de abogados y asesores espirituales, inició en 2013 un plan de acercamiento con el Gobierno y la Fiscalía, promoviendo opciones para la eventual negociación de un sometimiento.
Y su conformación es similar a la de otros actores reconocidos del conflicto, pues cuenta con una jerarquía dividida en un estado mayor, bloques y frentes, con estatutos, dominio territorial y un poderoso arsenal bélico. No son coincidencias, si se tiene en cuenta que sus máximos líderes (“Otoniel”, “Gavilán” y el fallecido “Giovany”) fueron miembros del Epl y las Auc, y en consecuencia tienen la experiencia de haber vivido dos procesos de paz con el Gobierno y sendas desmovilizaciones.
Restrepo dice que hay que analizar si el bombardeo significa “una radicalización del Estado contra esos grupos”, lo cual envía un mensaje de cero tolerancia hacia las demás bandas y una respuesta a las inquietudes que las Farc han puesto en la mesa de diálogos.
El problema es que “si se les reconoce ese estatus político, y ellos piden negociar, entraríamos en un círculo sin fin, donde otras estructuras en el futuro pedirán lo mismo que les han dado a las guerrillas”, concluye Restrepo.
Michel Pineda, abogado y presidente de la ONG Compromiso Colombia, acota que “los bombardeos contra la delincuencia común son ilegales, pero aquí ocurre una paradoja, porque ese grupo siempre ha querido demostrar que tiene fines políticos y que lo traten de forma similar a las Farc”.
Añade que no puede descartarse que esta acción bélica se deba al desespero del Gobierno por mostrar resultados con Agamenón, una operación que en 10 meses no ha logrado la captura de ninguno de los miembros del estado mayor del clan. “La responsabilidad que se le genera al Estado por estos actos es de fondo, podría ser objeto de demandas por fallas en el servicio”.
Justificaciones y silencio de instituciones
El primero en defender el bombardeo al campamento fue el general Rodolfo Palomino, director de la Policía. Argumentó que allí había una escuela de adoctrinamiento y funcionaba una alianza entre la banda y el Eln, desde donde planeaban atentados contra la Fuerza Pública. Enfatizó que estaba rodeado de minas terrestres, “por ello hubo necesidad de emplear esta otra capacidad institucional, con el apoyo de la Fuerza Aérea”.
La teoría de la presencia del Eln generó dudas, pues históricamente ese grupo no ha tenido influencia en Unguía y tanto la Defensoría como la misma Policía habían denunciado antes que estaba en guerra con “los Urabeños”, lo que produjo desplazamientos forzados en el sur y la zona media de Chocó.
Y de los 10 cadáveres identificados hasta ahora, ninguno tenía antecedentes subversivos, según fuentes judiciales.
Este diario se comunicó con la FAC, pero sus voceros advirtieron que tenían “órdenes de arriba” que les impedían referirse a este tema.
Otros organismos llamados a participar de la discusión se contagiaron de ese mutismo. En la Defensoría dijeron que tampoco podían pronunciarse, “porque no tenemos información de campo sobre lo que pasó”.
En el Comité Internacional de la Cruz Roja (Circ), respondieron que no podían participar en la controversia, pues “eso tiene todas las implicaciones políticas del mundo y debemos reafirmar nuestra neutralidad”.
Álvaro Sarmiento, jefe de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, reconoció que el tema está “más arriba de mi cargo, pero la Fiscalía no tiene velas en ese entierro, nosotros no estamos ordenando bombardeos”.
Sin embargo, la responsabilidad de las judicializaciones posteriores a la acción bélica sí le corresponde al ente acusador, por lo que “estamos estudiando el caso con mesas técnicas”.
Una de las claves podría estar en la misma Convención de Palermo. En el artículo 34, el inciso 3° abre una puerta, al afirmar que “cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional”.
El Ministerio de Defensa no respondió el cuestionario enviado por EL COLOMBIANO; no obstante, el ministro Luis Carlos Villegas, en entrevista publicada en Semana (07/11/15), dio algunas pistas.
Repitió que en el campamento había connivencia entre “los Urabeños” y el Eln y que “no podemos tener un posconflicto con las Farc, y al mismo tiempo una amenaza de bandas con capacidades parecidas a las Farc, con una expresión militar sofisticada. Si el crimen organizado mantiene unas estructuras que amenazan al Estado, debemos combatirlo con toda su capacidad, sin darle trato político”.
Villegas se mostró interesado en lanzar el debate sobre la lucha contra este tipo de delincuencia, “porque significa adelantarse a las nuevas maneras de ver la seguridad” .
